Radican tutela contra Iván Duque y MinDefensa por militarización de Bogotá

La medida comenzó el 16 de septiembre y, según la denuncia, aún no ha sido publicado el acto administrativo que la regula.

Foto: EFE - Carlos Ortega

Los patrullajes conjuntos entre la Policía de Bogotá y la Policía Militar comenzaron el pasado 16 de septiembre en algunos puntos de Bogotá, con el objetivo de reducir los índices de inseguridad que se vienen presentando en la capital. Si bien la decisión fue anunciada por el ministro de Defensa, Diego Molano, según el concejal Diego Cancino, aún no se saben los fundamentos jurídicos ni se ha publicado el acto administrativo que reglamente la medida.

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Por esta razón y con la intención conocer las razones técnicas y el sustento jurídico que regulan la militarización de la ciudad, el cabildante, en varias oportunidades, ha pedido explicaciones por medio de derechos de petición, los cuales no han sido respondidos. Lo que llevó a Cancino a radicar una tutela en contra del Presidente de la República, Iván Duque; el Ministro de Defensa, Diego Molano y el comandante de la Policía de Bogotá, Jorge Eliécer Camacho.

“Lo que buscamos es que el Ministerio de Defensa publique la información que es sensible para la ciudad y que la ciudadanía tiene derecho a conocer. La participación del Ejército en actividades de seguridad debe ser pública. Bogotá fue militarizada desde el 16 de septiembre y aún no conocemos el acto administrativo que respalda dicha acción”, aseguró el concejal.

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El cabildante explicó que, según la Constitución, la medida de militarizar una ciudad es totalmente excepcional y está enmarcada en el “Plan de intervención y acompañamiento a Bogotá, el cual no aparece publicado en las páginas web oficiales”, a pesar de que en la Ley Estatutaria sobre Acceso a la Información Pública y en el Código de Procedimiento Administrativo establecen la publicación de este tipo de información.

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Cancino también recordó que, en el marco de un debate de control político realizado en el Concejo de Bogotá, solicitó al Ministerio de Defensa y a la Policía de Bogotá remitir una copia del plan de intervención, de los actos administrativos y de los protocolos de coordinación con las autoridades locales relacionados con la militarización que comenzó hace casi un mes, pero, no ha obtenido respuesta.

Según él, la falta de soporte jurídico y la negación de las entidades a entregar la información significaría que “no tienen el sustento para militarizar”, lo que significaría es la decisión es ilegal e inconstitucional, concluyó el cabildante. Es de resaltar que, a la fecha no se han conocido los avances o el mejoramiento que esta decisión trajo a la capital.