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En la última montaña de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, se yergue un cerro pelado, donde un viejo árbol de eucalipto resiste en solitario las arremetidas del viento. Es el célebre “Palo del Ahorcado”, destino de uno de los viacrucis más populares de la capital, con miles de ofrendas que penitentes depositan en forma de pequeñas cruces sobre su tronco. Pero hace varios años que los dueños de este terreno sufren su propio viacrucis por un complejo litigio de tierras sin desenlace a la vista.
La propiedad corresponde a tres lotes de la antigua hacienda La Azotea, que suman un globo de terreno de más de 300 hectáreas colindantes con algunos barrios de Ciudad Bolívar y Soacha. El terreno tiene una gran proyección y, de hecho, contaba con un proyecto urbanístico formulado a través de un plan parcial, que es la figura jurídica para tramitar legalmente nuevas urbanizaciones.
El lote La Azotea 1 fue legalmente adquirido en 2017 por Malkenu SAS, empresa con varios socios y gerenciada por el promotor inmobiliario Eduardo Romano, quien ya era dueño de otros dos lotes (La Azotea 2 y 3), los que adquirió cuando compró la constructora Suever SAS. El litigio empezó con una querella de policía que interpuso en 2017 Rafael Armando Forero Pulido ante la Corregiduría de la vereda Mochuelo Alto, en la que reclamaba la supuesta propiedad sobre el primero de los tres lotes, que limita por el sur con los barrios de la Ciudadela Sucre, en Soacha, una urbanización pirata promovida por su padre en los años 80.
En conversación con este diario, Forero Pulido argumentó que ese lote les pertenece a sus hermanas desde hace 30 años y que él tiene “la posesión quieta y pacífica desde el año 1984, con títulos y todo”. Pero, según el proceso judicial que se llevó a cabo en el Juzgado Segundo Penal de Bogotá, eso no es cierto. En realidad, el predio que Forero reclama es otro lote cercano con matrícula inmobiliaria diferente.
A pesar de que en el levantamiento topográfico —encargado por la corregidora Luz Elena Guerra— quedó claro que el predio reclamado por Forero era distinto al de la querella, porque “son otros los propietarios de La Azotea desde hace varios años”, según se lee en el informe, la funcionaria falló, el 14 de enero de 2019, a favor de Forero y ordenó la restitución del terreno, así como el desalojo de los propietarios querellados.
Pero esos dueños demandaron en 2020 a la corregidora y en abril de 2022 el Juzgado Segundo Penal de Bogotá les dio la razón en segunda instancia, dictaminando que “ordenó la vinculación de unos predios a una acción policiva perturbadora de posesión que no fueron demandados o que no fueron objetos de querella por parte del señor Forero Pulido”. En otras palabras, que se trataba de una maniobra irregular de desalojo, empleando documentos de propiedad que no concordaban con el lote en cuestión. Esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en noviembre de 2022, después de que Forero la impugnara con una tutela. Por este caso cursa un proceso penal contra la corregidora Guerra, desde 2020, por prevaricato y falsedad en documento público.
Forero Pulido también ha tenido procesos judiciales, pues fue condenado, en 2014 a 55 meses de prisión por el delito de urbanización ilegal, un tema al que prefirió no referirse cuando habló con este diario: “Sobre eso no tengo nada que decir, nada”, dijo. Su nombre apareció vinculado en 2009 al escándalo de la urbanización Peñón del Cortijo, en Ciudad Bolívar, donde 20 casas comenzaron a derrumbarse porque fueron levantadas sobre un relleno de escombros, sin permisos legales, lo que provocó daños estructurales en las viviendas.
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El proyecto fue edificado por una constructora cuyo representante legal era Forero Pulido, quien es hijo del fallecido Rafael Forero Fetecua, un político liberal, congresista y exconcejal de Bogotá, famoso en los años 80 y 90 por ser uno de los mayores urbanizadores piratas del país. Además, presuntamente, sostuvo negocios con el cartel de Cali, cuando compró a los hermanos Rodríguez Orejuela el Banco de los Trabajadores, según reveló Fabio Castillo en su libro Los jinetes de la cocaína.
Un proyecto urbanístico fallido
A la par de estos líos judiciales del terreno, los propietarios han buscado hacer un desarrollo urbanístico en los lotes. De la posibilidad de construir viviendas sobre ese terreno se habla desde 2006, cuando los predios de La Azotea entraron en una delimitación preliminar de los planes parciales, aquellos espacios considerados aptos para el desarrollo urbano que son definidos por la Secretaría de Planeación. Esta posibilidad se consolidó en 2011, cuando esa entidad configuró un solo polígono, denominado Ciudad Bolívar 75-Azoteas, que tenía 109 hectáreas (ha) en la capital y cerca de 85 en Soacha.
Pero las trabas comenzaron en 2013, cuando la Secretaría de Ambiente adoptó medidas especiales de protección ambiental sobre el sector de Cerro Seco, por su importancia ecosistémica para la ciudad, ubicada en la zona rural limítrofe con Ciudad Bolívar, donde se encuentran los lotes. En 2017, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, se dio marcha atrás a esa medida ambiental y se restableció la delimitación del plan parcial.
En octubre de 2018, Humberto Castro García y Eduardo Romano Rodríguez, a nombre de Sociedades Malkenu y Suever, solicitaron las determinantes del plan parcial, que no es más que el trámite ante el Distrito de las condiciones técnicas y las normas urbanísticas aplicables, para comenzar a construir viviendas. Pero la respuesta no fue la que esperaban.
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá indicó que no había factibilidad de prestar el servicio en la zona porque “el subsistema de transporte existente de red matriz no tiene la capacidad para suministrar agua al predio La Azotea”. Es decir, se requerirían acciones como la ampliación de redes, para que a la zona llegara el suministro de agua del tanque, que surte a Bosa y Ciudad Bolívar.
En cuanto a la movilidad, no hay subsistemas viales priorizados en el predio. Aunque hoy el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado por Claudia López, sí incluye en los programas estructurantes la avenida Circunvalar del Sur, que va desde el límite de Bogotá con Soacha, en el sector de Cerro Seco, hasta la avenida Caracas, se advierte que ese plan requiere más desarrollos viales para atender la demanda de la población futura, pues se plantea la construcción de 75.480 viviendas.
En materia ambiental también hay peros. Aunque la ciudad se rige por el POT, el parque ecológico Cerro Seco sigue teniendo importancia ecosistémica y, por lo tanto, también está amparado bajo el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca hidrográfica del Río Bogotá (POMCA) que es determinado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
Este punto es importante, pues más del 80 % del plan parcial está en área protegida y, aunque desde 2004 se crearon dos áreas de manejo especial (Sierra Morena y Urbana Alta), que permiten la permanencia de comunidades y actividades económicas sustentables en la zona, no se hizo el trámite completo y lo que está dentro de La Azotea no quedó amparado bajo esta figura, ni dentro del POT de 2004 ni del vigente.
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El arquitecto Humberto Castro, consultor del Plan Parcial Azoteas, le dijo a El Espectador que el Plan fue radicado “cumpliendo con toda la normatividad de documentación, planos y certificaciones” y que están “convencidos de que es la mejor respuesta para el desarrollo de ese sector. Es un plan de renovación urbana total, con todos los servicios complementarios requeridos”. Castro enfatizó en que es fundamental desarrollar la zona legalmente y en conjunto con el Distrito, “y no que termine siendo desarrollado por invasores”, como sucede con las urbanizaciones ilegales que hay alrededor del predio.
La relación de narcos con el terreno
Pero estos no han sido los únicos líos de La Azotea. En octubre de 2019, un comisionista llamado Edilberto Herrera buscó a la gerencia de Malkenu, porque otro hombre reclamaba ser el dueño de los lotes de La Azotea 2 y 3 y solicitaba una reunión aclaratoria.
Según una denuncia penal, a la que tuvo acceso El Espectador la reunión ocurrió el 1.° de noviembre de 2019 y en ella estuvieron un representante de Malkenu SAS, el comisionista Herrera y el supuesto reclamante de los predios, quien resultó ser Ignacio Álvarez Meyendorff, vinculado al cartel del norte del Valle y condenado por narcotráfico en Estados Unidos, tras su extradición en 2013, quien fue recapturado en Argentina, cuando intentaba entrar sin permiso a ese país, el 23 de diciembre, para pasar la Navidad con su familia.
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Álvarez Meyendorff supuestamente se presentó a la reunión que había solicitado con Malkenu acompañado de Gregorio Domingo Tirado Ruiz, comerciante inmobiliario, quien ya había sido denunciado ante la Fiscalía por los dueños de La Azotea como presunto tierrero, tras intentar, varias veces, estafas con los lotes. Tirado Ruiz fue asesinado el 27 de mayo de 2020, frente al estadio El Campín. Según el diario El Tiempo, se movía en el negocio de las esmeraldas y acumulaba denuncias por estafas vinculadas a tierras y propiedades.
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La denuncia establece que Álvarez Meyendorff habría pedido que le entregaran los lotes o él “arreglaría a su manera” ese problema, amenazando con incluir las propiedades en un proceso de extinción de dominio, que estaba negociando con la Fiscalía.
El Espectador consultó a un abogado que lleva tres procesos de extinción de dominio contra Álvarez Meyendorff y este aseguró que era imposible que eso hubiera ocurrido, puesto que Álvarez no tenía propiedades en el sur de Bogotá. No obstante, el abogado confirmó conocer la denuncia penal en contra de su cliente, aunque la desestimó, diciendo que no había prosperado porque era muy débil: “A Ignacio no lo han vinculado a ningún proceso [por esa denuncia], la Fiscalía no ha realizado ningún tipo de vinculación formal”.
Lo cierto es que seis meses después de aquella reunión, el 18 de mayo de 2020, un investigador de Policía Judicial incluyó los lotes 2 y 3 de La Azotea en un informe de campo para la Fiscalía 43 de extinción de dominio. Eso ocurrió en el marco de la investigación contra la oficina de los Sanandresitos en Bogotá, que desarticuló una presunta red mafiosa de sicariato y lavado de activos, ligada a narcotraficantes y esmeralderos de Boyacá, Valle y Cundinamarca. Entre los implicados por este caso no figura Álvarez Meyendorff.
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Los argumentos de la Fiscalía para incluir las dos fracciones de La Azotea en el proceso se basan en que la empresa Suever, titular de ambos lotes, perteneció hasta 2016 a Yerson Istiben Triana Rincón y Eduar Alexis Triana Rincón, quien fue alcalde de Maripí (Boyacá) y ahora es representante a la Cámara por ese departamento. Su padre, Horacio Triana, conocido esmeraldero, fue extraditado a EE. UU. en 2019 por cargos de narcotráfico y Yerson Istiben también fue investigado por la Fiscalía General en el caso de la oficina de sicarios de los Sanandresitos.
El promotor inmobiliario Eduardo Romano aseguró que cuando él compró la empresa a los hermanos Triana, en 2016, con el único propósito de adquirir ambos terrenos para el proyecto urbanístico, no había ningún problema judicial conocido públicamente contra ellos, ni contra su padre.
De hecho, un dueño anterior de la empresa había sido el biólogo pereirano Luis Fernando Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria Trujillo y rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, lo que a Romano le dio más confianza de cara a la “debida diligencia” que se debe tener antes de cerrar cualquier negocio.
Romano nunca fue vinculado al proceso de extinción de dominio ni ha tenido antecedentes por delitos relacionados con narcotráfico. Al igual que su caso, El Espectador encontró en el mismo proceso otro similar de una persona en una ciudad del Caribe, a quien le fue incautada una propiedad familiar que posee hace más de tres décadas, sin que tenga claridad sobre los presuntos delitos cometidos o la supuesta conexidad con la organización criminal de los Sanandresitos.
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La táctica de las falsificaciones
El 18 de septiembre de 2021, un oficio llegó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del sur de Bogotá, solicitando que los tres lotes de La Azotea fueran embargados y secuestrados por orden de la Fiscalía 43 de extinción de dominio y, por ende, su titularidad pasará a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra las propiedades incautadas a la mafia.
La Oficina de Registro comenzó a tramitar las anotaciones sobre los folios de matrícula inmobiliaria, pero dos meses después descubrió que el supuesto oficio era falso y no había orden de embargo y secuestro de los bienes en el proceso. Además, el lote 1 de La Azotea nunca había sido referenciado en los informes de campo de los investigadores ni estaba incluido en la investigación judicial.
Todo fue confirmado por la Fiscalía. Por ello, la Oficina de Registro se abstuvo de realizar las anotaciones. El hecho dejó en evidencia la misma modalidad de falsificación de escrituras públicas y certificados de tradición con que las bandas de tierreros han intentado o conseguido apoderarse de otras zonas en Bogotá, como lo reveló una investigación anterior de este diario.
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En opinión de Simón Hernández, abogado penalista que lleva el caso, los criminales buscan que los bienes pasen al inventario de la SAE, porque esta es una manera de apropiárselos mediante tácticas corruptas. “Se puede notar el interés de muchos individuos en que los predios se encuentren inmersos en procesos de extinción de dominio y tengan inscritas medidas cautelares en su contra”, asegura el abogado Hernández, “así quedarán a disposición de la SAE, que podría facilitar su entrega a estos ciudadanos inescrupulosos que, sospechamos, habrían infiltrado la entidad”.
Justamente, el presidente Gustavo Petro y el actual director de la SAE, Daniel Rojas, denunciaron una supuesta trama de corrupción mediante la cual bienes en poder de esa entidad, que habían sido confiscados a los narcos, eran sustraídos de los inventarios para favorecer a particulares. El Espectador consultó este caso puntual con la SAE desde el 13 de enero, pero al cierre de esta edición aún no había obtenido respuesta.
Hernández agrega que, como soporte de la buena fe de su cliente, están todas las escrituras y documentos legales conocidos por este diario acreditando la titularidad sobre La Azotea, “lo que demuestra que la intención siempre fue adquirir los predios lícitamente y regularizar su presencia en el sector”. Y añade otro argumento: cualquier otro empresario inescrupuloso ya habría loteado los terrenos de forma irregular, como han hecho los urbanizadores piratas del sur de Bogotá hasta ahora, sin esperar a obtener permisos legales y menos a que se resuelva el pleito jurídico.
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Un pleito que avanza con la lentitud de los penitentes que peregrinan cada Semana Santa hacia el Palo del Ahorcado. “Ahora lo llamamos el Árbol de la Vida, porque queremos darle un nuevo significado”, dice Eduardo Romano, desde la cumbre, señalando los terrenos de su proyecto inconcluso, que tiene contemplado un parque comunitario alrededor del emblemático árbol.
Una cita bíblica de Isaías recibe a los peregrinos sobre un aviso blanco a la entrada de aquel cerro yermo donde se levanta el árbol desafiando la intemperie: “No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti, toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del señor, la justicia que de mí procede”.
Sin embargo, serán el tiempo y los tribunales de la tierra quienes dirán la última palabra.