La pugna que tiene en crisis a la subred de salud Centro Oriente en Bogotá

Salud en Bogotá.

Foto: El Espectador - Jose Vargas Esguerra

La subred Centro Oriente, una de las cuatro que componen el sistema de hospitales de Bogotá, está en el ojo del huracán. Con una gerente suspendida por tercera vez, quejas por la atención, poca estabilidad laboral y lo que parece fuego amigo entre dos sectores del Distrito, atraviesa una crisis cuyos efectos pagan los pacientes. Las razones son varias, pero expertos y concejales coinciden en una: la pugna entre su gerente, Claudia Ardila, y funcionarios de Claudia López.

La inestabilidad de la subred, que opera seis hospitales públicos (San Blas, La Victoria, Santa Clara, Centro Oriente, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal) llegó a tal punto que 4.500 empleos y los servicios estuvieron en riesgo por la decisión de la administración de dilatar una adición presupuestal (clave para su operación), bajo el argumento de salvaguardar los recursos para evitar “malos manejos, debido a la inapropiada gestión de la gerente Claudia Ardila”. No obstante, la señalada gerente asegura ser el blanco de una persecución política, por decisiones que no han gustado a la Alcaldía. Lo cierto es que esta crisis hace preguntar sobre el estado de la salud pública en una Bogotá pospandémica, que parece volver a enfrentarse a los retos políticos y técnicos, de asegurar la cobertura a los capitalinos.

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Disputa entre dos Claudias

Este choque es de vieja data, pero los ánimos se caldearon cuando la Alcaldía le pidió la renuncia a Ardila y esta se negó, argumentando que llevaba 30 años en la entidad y que estaba desarrollando un plan de mejoras en la subred. Según el Distrito, razones para pedirle dejar el cargo no le han faltado. Una investigación de la Supersalud y tres suspensiones (en dos años), por ocultar información de una fiesta en un hospital en plena pandemia, presuntamente contratar a alguien con vínculo familiar y fallas en el servicio, se suman a los motivos.

Lo complejo es que, a pesar de ser una funcionaria de libre nombramiento, su contrato es a término fijo y retirarla del cargo no es simple. Adicionalmente, en ningún proceso de la Personería, la Procuraduría y la Dirección de Asuntos Disciplinarios han encontrado motivos para retirarla definitivamente. Esto ha llevado a Ardila a reafirmar su defensa, algo que respaldan otras fuentes, quienes aseguran que ella se ha vuelto incómoda para la administración porque se negó a cumplir requerimientos de orden político.

“Es difícil defenderla, pero el manejo que le han dado de la Alcaldía al tema está afectando el servicio. La alcaldesa salió a decir que la funcionaria era corrupta y cuestionó un contrato que no firmó Ardila sino la gerente encarga. Ahí se ve la saña que tiene de sacarla”, dijo la concejal Lucía Bastidas (Alianza Verde).

El episodio que relata la concejal motivó una recusación contra la alcaldesa. Desde entonces, el Distrito decidió no dar más detalles de la investigación, atendiendo una orden de la Secretaría Jurídica del Distrito. No obstante, se han conocido otros episodios que retratan una tensión en aumento.

Como el del pasado 19 de agosto, en la reunión del Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal (Confis). A pesar de que la subred fue la que pidió la menor adición presupuestal, se la negaron, supuestamente por no haber aportado la información de la gestión del último período. Si embargo, un día después de suspender a Ardila se aprobó a la gerente (e) Yiyola Peña. La Secretaría de Salud aseguró que la decisión fue para dejar los recursos en buenas manos.

Pero la actitud le valió un jalón de orejas de la Supersalud, que solicitó “informar sobre las acciones para garantizar el acceso, oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios a los usuarios”. Y es que, según el concejal Luis Carlos Leal, eso puso en riesgo la estabilidad de los trabajadores y la prestación del servicio, pues había déficit de insumos. De esta manera, han sido múltiples las críticas sobre cómo la administración ha manejado la situación, cuyo efecto es la afectación del sistema de salud público.

Los efectos

En lo corrido del año la subred ha originado el 21 % de las quejas de usuarios que ha recibido el sistema de salud, tiene cerca de $41 mil millones en cuentas por pagar y a principios de junio algunos hospitales estuvieron sin acetaminofén, sin sondas y sin equipos de transfusión de sangre. Según denuncian los trabajadores, esto ha sido producto de los constantes cambios de administración.

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Aunque es difícil relacionarlo con el conflicto actual, voceros del personal de salud señalan que todo es más difícil de solucionar sin una cabeza clara en la entidad. En ese sentido, médicos que llevaban más 20 años en la subred indicaron que tuvieron que retirarse debido a que en medio de la crisis les ofrecieron contratos de cuatro meses, a lo que se suman las denuncian de que desde abril han despedido a 60 personas, de la planta administrativa y médica.

Ante esto, el Distrito explica que todo ha sido en su esfuerzo por garantizar que la subred cuente con “perfiles idóneos, que respondan apropiadamente a los retos por los que atraviesa la misma”. Y frente a los despidos, recalcó que no renovaron algunos contratos de prestación de servicios debido a que la entidad ya no requería las tareas que desarrollaban.

“A mí me preocupa el personal administrativo, porque con ellos se juega al vaivén de las administraciones. Les hacen contratos a 4 meses y permanecen en la incertidumbre de si los van a volver a contratar o no. Eso los hace desfilar por las oficinas de los políticos para que los contraten, siendo víctimas del clientelismo que, parece, volver a la subred”, asegura Gonzalo Morales, exsecretario de Salud.

Ocho años de las subredes

En agosto se cumplen ocho años de la creación del modelo de las subredes de salud en la capital del país. Este aniversario se cumple ahora con una controversia, que enreda a la administración distrital y compromete la salud de los capitalinos. De hecho, para este lunes 29 de agosto la Alcaldía está citada a un debate de control político sobre su gestión de modelo de salud, que ahora está siendo exportado a ciudades como Barranquilla y Medellín.

En ese sentido, cabe señalar que el modelo parece haber mejorado la atención en la ciudad, con la reducción de los costos de los insumos y medicamentos, así como una disminución en las quejas de los ciudadanos, que permitió que la EPS del Distrito, Capital Salud, saliera de medidas especiales de la Superintendencia de Salud. Aun así, el modelo tiene por sortear los conflictos políticos que por años han afectado la salud pública del país y que, según expertos, parecen asentarse en el modelo actual de la capital, como lo evidencia la crisis de la subred Centro Oriente.

Por el momento, lo único claro es que el Distrito tendrá que resolver cuanto antes la controversia. Si no, seguirán siendo los pacientes de las comunidades más vulnerables quienes soporten los efectos de una pugna que va más allá de lo asistencial.

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