Las alertas sobre el ganador del contrato para modernizar los semáforos de Bogotá

Jorge Londoño

Casi seis meses duró la Alcaldía defendiendo la licitación de renovación de semáforos en Bogotá, respondiendo a los señalamientos que pusieron en duda su transparencia. “Bienvenidas todas las investigaciones. Estamos seguros de que el proceso no beneficia a nadie en particular y hay garantías de equilibrio con los proponentes”, dijo en diciembre el alcalde Enrique Peñalosa. Hoy, pasados casi tres meses de la adjudicación, el Distrito estudia una denuncia que, de ser cierta, echaría todo al traste. (LEA: Contrato de semáforos en Bogotá: ¿lo ganaron con documentos alterados?)

La queja pide terminar el contrato por $173.000 millones, adjudicado al consorcio Movilidad Futura 2050, integrado por las firmas Sutec S. A. (99 %) y Siemens (1 %), al encontrar que el socio mayoritario posiblemente presentó estados financieros alterados para cumplir los requisitos de la licitación. La evidencia: los datos y las rúbricas de los documentos radicados en Colombia no coinciden con los presentados ante las autoridades en Argentina, donde está su casa matriz. (Lea: Movilidad Futura 2050 se queda con la licitación de semáforos en Bogotá) 

Aunque los miembros del consorcio se presentan como empresas independientes, escrituras en Buenos Aires demuestran que Sutec fue creada por Siemens en 2003. La multinacional confirma esta versión, pero aclara que ese año vendió su participación. “Por lo tanto, hace más de 15 años son empresas jurídica, laboral y financieramente independientes”. Al pedir documentos para confirmar el dato, dijeron que eran confidenciales. 

Las alertas

Si bien la última denuncia alrededor del contrato de semáforos se radicó el pasado 6 de marzo, los escándalos en los que han mencionado a la firma argentina Sutec S. A. en otros países y las dudas alrededor de sus finanzas no eran desconocidas para la Secretaría de Movilidad. Hubo alertas en varios documentos publicados en el portal de contratación. (Ver facsímiles al final de la nota)

Una de ellas fue la de Claudia Denisse Flechas, quien, a través de un correo electrónico del 11 de diciembre, le puso de presente al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, que a Sutec la habían mencionado “en los Panama Papers, uno de los mayores escándalos de evasión de impuestos de todos los tiempos, lo que podría afectar la reputación del proceso y de la administración”.  (LEA: Luz roja a licitación para semáforos inteligentes: Distrito suspende el proceso) 

Pero fue más allá: puso en evidencia la relación del consorcio Movilidad Futura 2050 con la unión temporal TY-Cross Bogotá (integrada por Tecno Avanti y Tráfico Inteligente), otro de los interesados en el contrato. Su afirmación la respaldó con los certificados de experiencia de los miembros de la unión temporal en los que constaba que “su capacidad técnica estaba relacionada con Siemens”.  (Lea: Investigan al secretario de Movilidad por licitación de semáforos para Bogotá)

Y para rematar señaló que, según los certificados de existencia de Sutec y de Tecno Avanti, se apreciaba cómo ambas compartían un miembro de junta: Jorge Enrique Guerra Moreno. Aunque él renunció a la junta de Sutec antes del cierre de la licitación de semáforos, Flechas advirtió que podría existir una inhabilidad. Esta alerta la reforzó otro proponente, quien agregó que en Tecno Avanti estaba la hermana de Guerra. Para redondear tres datos: Guerra Moreno fue el creador de la sucursal de Sutec en Colombia en 2003, fue presidente de la firma en Argentina hasta 2015 y Tecno Avanti fue subcontratista de esta empresa en Perú.

Líos financieros

Pero más allá de estos detalles, que se discutieron en la licitación, el 26 de diciembre, un día antes de la adjudicación del contrato, llegó otro correo electrónico para el secretario de Movilidad y con un archivo denominado “situación financiera Sutec”, en el que decía que “la compañía argentina que en asocio con Siemens (empresa que lleva años con los semáforos en Bogotá) tiene graves problemas financieros en su país”. (Lea: Por solicitud de Procuraduría, suspenden licitación para semáforos inteligentes en Bogotá)

Mencionaba tres asuntos: incumplimiento en el pago de seguridad social de sus empleados, de acuerdo con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo; millonarias deudas y cheques devueltos por falta de fondos, según el Banco Central de la República Argentina, y deudas con el fisco, reportadas por los recaudadores de impuestos regionales.

“En resumen, el oferente, como se puede certificar, tiene problemas fiscales, financieros, comerciales y laborales (incumplimiento de pago de seguridad social) y no puede ser que Bogotá esté corriendo estos riesgos”. La alerta daba la ruta para verificar la información en las páginas oficiales, con acceso público. El Espectador hizo el ejercicio de corroborar la alerta.

El primer enlace que se revisó fue el del Banco Central de la República Argentina y su servicio de consulta de situación crediticia, donde se encuentra el consolidado de los créditos otorgados por entidades financieras, proveedores no financieros de créditos y cheques rechazados. Al consultar la situación de Sutec, la página genera un informe que detalla deudas con los bancos Finansur S. A., Credicoop, Supervielle, Columbia y Comafi, con más de 24 meses retraso. Al sumarlas, alcanzan los $1.600 millones. El reporte clasifica tres de esas deudas como de “Alto riesgo de insolvencia” y dos como “Irrecuperables”. A este listado se suman ocho cheques rechazados por falta de fondos, que suman casi $500 millones.

“Parece que Sutec S. A. no tiene capacidad de trabajar con créditos en bancos de primera línea. Además, lo más grave es que hay varios cheques que se registran sin pago. Esto es, cualquiera puede tener en un momento dado un cheque sin fondos, pero ese registro implica que no se ha podido demostrar el pago de dicha deuda”, decía el denunciante.

En el mismo reporte del Banco Central de Argentina se encuentran, además, las deudas con las diferentes agencias recaudadoras de impuestos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Corrientes y Salta. Ahí también se evidencia la difícil situación financiera de la empresa. Dos de las agencias de recaudo la califican como contribuyente con deuda en gestión judicial y otra en proceso administrativo.

Finalmente, el reporte de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señala que los pagos de seguridad social, aportes de obra social y las contribuciones patronales se encuentran sin pago. Y en cuanto a las aseguradoras de riesgo de trabajo (ART) se muestran tres contratos con la aseguradora Siwss Médica en los últimos dos años, dos de los cuales se terminaron por falta de pago.

Los reparos al proceso

Toda esta situación, conocida ahora por los perdedores de la licitación, fue el motivo para que muchos de ellos reiteraran su malestar con el proceso, pero puntualmente por la forma como se analizó la oferta que presentó el Consorcio Movilidad Futura 2050. Vale recordar que una de las controversias tuvo que ver con el valor de la obra. En este caso, según el estudio de mercado hecho por el Distrito, calculó que renovar la red de semáforos costaría $215.000 millones. No obstante, el consorcio ganador presentó una oferta por $173.000 millones (casi $42.000 millones menos).

Esto llevó a pensar que su oferta era artificialmente baja, por lo cual la administración pidió explicaciones al consorcio, quien las presentó a través de un documento amparado bajo el secreto comercial. La aceptación de esta explicación generó reparos de los otros oferentes, quienes critican que la Secretaría hubiera pedido de forma tardía las explicaciones y, pese a que justificó su decisión, “no se tomó el tiempo para discutir un punto tan importante”, dijo uno de los abogados que participó en el proceso.

“Lo poco que publicaron fueron explicaciones falsas y vergonzosas. Hablaron de las fortalezas de Siemens, que sólo tiene el 1 % de participación, como economías de escala, su presencia mundial, beneficios arancelarios, así como un fuerte conocimiento de la ciudad. Por un lado, las tres primeras aplican para cualquier proponente. Sin embargo, las últimas son inexistentes, pues Movilidad Futura 2050 es un consorcio creado con ocasión de la licitación”.

Algo que también cuestionaron fue que el Distrito aceptara darles carácter de confidencial a algunos documentos del consorcio, evitando poder contradecir las explicaciones. “Aún permanecen en secreto, lo que hace imposible su valoración. Por eso la habilitación fue una decisión subjetiva del que conoció esas explicaciones bajo una supuesta confidencialidad no prevista en la ley”.

Es por esto que señalan que en este proceso se violaron los principios legales ante la posible existencia de un precio artificialmente bajo; las directrices de Colombia Compra Eficiente y de la propia Alcaldía. “Un precio artificialmente bajo distorsiona los criterios de calificación preestablecidos en el pliego y llevaron a una selección viciada”.

Y concluyen: A todo esto se suman las denuncias presentadas sobre la situación financiera de Sutec S. A. “Éstas debieron ser valoradas en ese momento por la Secretaría, y más con las sospechas de un precio artificialmente bajo en la oferta del consorcio ganador”.

La respuesta del Distrito

Ante este panorama, la Secretaría de Movilidad reconoció que recibió en su momento un escrito por parte del señor René Reyes, sobre la situación financiera de Sutec en Argentina. “Dicha información fue remitida a la Fiscalía, a la Superintendencia de Sociedades y a la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con la competencia que ostentan dichas entidades, para pronunciarse sobre el contenido del escrito. Ninguna se pronunció. Solamente la Superintendencia solicitó copia de las propuestas, las cuales fueron remitidas por parte de la Secretaría”.

De otra parte, en relación con la verificación de la información financiera, precisó la entidad que personal de la Secretaría hizo la verificación a partir del registro realizado por Sutec en el Registro Único de Proponentes (RUP), administrado por la Cámara de Comercio de Bogotá. “A partir de la verificación del RUP, la Secretaría encontró que el proponente cumplía con las condiciones financieras exigidas, obteniendo el resultado arrojado en la verificación que se adelantó en la respectiva oportunidad”.

Y concluyó: “A partir de la información puesta de presente en los últimos días, la entidad se encuentra realizando las verificaciones que corresponden para efectos de emitir un pronunciamiento oficial sobre el tema”.

Hasta el momento, la única declaración que ha dado Jorge Armando Pérez, representante de la firma Sutec en Colombia, a este diario fue que el caso lo había puesto en conocimiento de Sutec en Argentina, que fue la encargada de elaborar la documentación. “Revisaremos el asunto, haremos un análisis, y con base en esto haremos un pronunciamiento público”. El Espectador intentó comunicarse de nuevo con el directivo para este informe, pero no se pudo establecer contacto.

Hasta ahora la ciudad lleva 10 años tratando de renovar la red de semáforos, pero todos los intentos han terminado empantanados por denuncias. En 2008 se declaró desierta, en 2009 no hubo presupuesto, en 2014 hubo un escándalo por la compra irregular de insumos y en 2015 tuvieron que desistir luego de que la Procuraduría advirtiera inconsistencias en los pliegos.

Al parecer, esta vez no será la excepción. Justo cuando el proyecto está en el punto más avanzado y próximo a comenzar obras, una posible falsedad documental es la que se atraviesa en el camino, el cual podría terminar en un nuevo fracaso. De ser cierta la denuncia, se vería frustrada una vez más la necesidad de modernizar el sistema de semáforos en Bogotá.