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Las autoridades siguen tras la pista de Violeta Arango Ramírez, quien al parecer habría participado en el atentado en el centro comercial Andino, el 17 de junio de 2017, que dejó como un saldo de tres mujeres muertas y al menos una decena de heridos. Para los investigadores, Arango es la “pieza faltante” en el proceso que hoy cursa en contra de diez personas, presuntos responsables del ataque.
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Para sumarla a la investigación penal y agotar todos los mecanismos judiciales, la Fiscalía le solicitó al juez 44 con función de control de garantías que conceda el emplazamiento para una citación judicial contra Arango Ramírez, socióloga de 24 años, quien presuntamente tendría nexos con el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y que es investigada por su posible responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.
En esta diligencia, el ente acusador aportó documentación y evidencia de las labores de búsqueda, las órdenes a Migración Colombia y los recursos judiciales interpuestos. De esta manera, se buscaba emitir una orden de emplazamiento y Arango podría ser procesada como persona ausente.
Sin embargo, el juez negó la solicitud al considerar que hay dudas respecto del paradero de Arango. "Por no haberse agotado los mecanismos de búsqueda, citaciones suficientes y razonables, para enterar efectiva y oportunamente a Violeta Arango".
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“Sobre ella pesa una circular azul de la Interpol con fines de obtener más información, que dé con su ubicación y arraigo; además, para notificar a los demás países de la región y conocer si ha transitado por zona fronteriza o si ha transitado en algunos de estos países”, sostuvo el delegado de la Fiscalía.
Sin embargo, el ente acusador informó, con base en las pesquisas, que Arango Ramírez no habría salido del país, como inicialmente ella lo había planteado a través de una carta que hizo pública en julio de 2017, en la que aseguró que era “una exiliada más, una condenada al destierro”.
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En las misivas, la investigada ha insistido en su inocencia y en que no tuvo ninguna relación con el atentado: “Decir que un grupo de 12 personas capturadas, que junto conmigo, somos los que ponemos en zozobra al país y generamos un estado de terror, y que además somos las personas que atentamos contra la vida en democracia, es la peor falacia que han podido inventarse”, escribió entonces.
De acuerdo con el escrito de acusación que obra en el expediente en contra de diez investigados, Arango Ramírez se encontraría en la segunda línea de la organización del MRP, “dentro de la parte ideológica y operativa”.
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En ese documento se plantea a además que Arango, supuestamente en compañía de Alejandra Méndez (otra de las procesadas), el 13 de junio de 2017 ingresaron a un café internet, en el sur de Bogotá, "solicitaron el servicio de internet, la propietaria le habilitó el computador número dos, allí por espacio de media hora consultaron los planos de Bogotá , revisaron los barrios aledaños al centro comercial Andino, revisaron los planos e imprimieron los planos locales de tres establecimientos que están en la ruta que accede a los baños de mujeres del segundo piso (…) en dos diligencias se encontraron documentos que muestran cómo el MRP hizo vigilancias al centro comercial, verificaron vías de acceso y escape, rutinas de la autoridad policial, CAI cercanos, horas propicias para ingresar y salir, tipo de vestuario para pasar desapercibido y a mano alzada el mapa de la ruta que da al baño objeto del atentado”.
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Por su parte, Arango Ramírez en una de las misivas calificó como una “fachada” y un “montaje” la investigación, en indicó que ésta se basa, según ella, en “inferencias amañadas, en datos inexactos y extraídos de contexto, en información de Google”.