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La situación financiera de los operadores del SITP es crítica. Al menos es lo que indican las cifras que dan a conocer los socios de los operadores: en conjunto les deben a los bancos $3,5 billones; en repuestos adeudan $90.000 millones y sus empresas no tienen con qué pagar. Todo, según ellos, por la mala programación de las rutas (a cargo de Transmilenio), la demora en la implementación al 100 % del sistema y la competencia de los buses tradicionales.
Los efectos de esas dificultades los notan los ciudadanos cuando ven muchos buses vacíos, uno detrás de otro, en una misma ruta, mientras los buses se demoran más de una hora para pasar por alguna zona, y con los constantes accidentes, reflejo del mal mantenimiento de los automotores. Este último punto, explican los operadores, debido a que ya nadie les fía repuestos, lo que ha llevado a algunas empresas a alargarles la vida a varios vehículos, que debían estar fuera de servicio. (Lea: Se hunden operadores del SITP)
Para esta fecha, la implementación del sistema integrado de transporte debía estar al 100 %, con 9.715 buses, 343 rutas y movilizando al menos 4 millones de personas diarias, para tener un punto de equilibrio. El panorama, sin embargo, es otro. Las metas siguen sin cumplirse, aún permanecen los buses tradicionales con los letreros de “SITP provisionales” y los buses azules movilizan menos de la mitad de los pasajeros proyectados. (Lea: Un paso más del SITP)
En resumen, el dinero que reciben las empresas operadoras no les alcanza para cubrir sus obligaciones. Recalcan, entonces, que el negocio, como está planteado, no es rentable para ninguno. Por eso la sentencia es clara: de no existir soluciones urgentes y de fondo por parte de la administración y Transmilenio, en pocos meses la ciudad se podría quedar sin transporte público. No creen que el modelo esté mal diseñado, sino que falta una reingeniería en los contratos para que todo marche como se debe. (Lea: ¿Por qué se demoran en pasar los buses del SITP?)
La advertencia la demuestran los hechos recientes. Hace un par de semanas, la Superintendencia de Sociedades ordenó liquidar dos operadores que habían ganado las zonas más grandes de la ciudad: Coobús y Egobús, encargadas de la operación de las rutas en Fontibón y Suba. A estas se sumó la situación del operador Tranzit (circula en Usme), que ya anunció que está al borde de la quiebra.(Lea: A liquidación Coobús y Egobús, operadores del SITP en Bogotá)
Al menos así lo dejó claro la gerente de este operador, Edna Piedad Cubillos Caicedo, que a través de una carta enviada el pasado 20 de septiembre a la gerente de Transmilenio, Alexandra Rojas, palabras más, palabras menos, le pide que terminen el contrato de concesión de mutuo acuerdo y que el Distrito se encargue de la operación. Debido a la crisis que atraviesan, dice, no podrían seguir garantizando el servicio.
Pero hay más: esta no es la única empresa operadora que se encuentra en dificultades. Tres operadores revelan que están a punto de llegar a una situación similar: Suma, Masivo Capital y Este es mi Bus. Por eso, sus socios estudian una salida similar a la de Tranzit.
El escenario en el que Tranzit, Suma, Masivo Capital y Este es mi Bus dejen de operar, sería caótico. Entre todas hoy cubren el 50 % del sistema, al cubrir seis zonas (de las trece que hay en la ciudad), como Usme, Ciudad Bolívar, Kennedy, Suba Oriental, Calle 80 y Tintal Zona Franca, con un potencial de casi tres millones de usuarios. Además, tienen 3.000 buses (de los 6.500 que hay actualmente) y 114 rutas (de las 265). Esto, sumado a la liquidación de Coobús y Egobús, podría representar el colapso del transporte público en Bogotá. (Lea: Para sanear hueco fiscal del SITP tarifa debería subir $600 pesos)
La carta de Tranzit
La misiva bajo el asunto “Inminente cese de prestación de servicio de Transporte en la zona de Usme” comienza señalándole a la gerente de Transmilenio que, tal y como se lo ha manifestado en oportunidades anteriores, “la situación económica que viene presentando nuestro concesionario, por el recurrente déficit financiero, hace inviable la continuidad de la prestación del servicio” en esa localidad del sur de Bogotá.
Entre las razones que llevaron a la empresa a esta situación señalan que el cambio de especificaciones técnicas de los vehículos, que alteró el plan de inversiones; la evasión en el componente de alimentación (47 %) y zonal (25 %); la parcial operación de rutas conjuntas con Coobús y Egobús; la falta de entrega de patios definitivos para las terminales zonales; las deficitarias tarifas de los componentes de remuneración; el no pago de kilómetros cuando los vehículos viajan vacíos y la cartelización de los proveedores de repuestos “han llevado a que el concesionario que represento entre en una inminente cesación de la prestación del servicio”. (Lea: Los pecados del SITP)
Previendo esa situación, le pidieron a la gerente de Transmilenio intervenir inmediatamente y “que ejecute el contrato de concesión directamente y garantice, entre otras situaciones, el cumplimiento de las obligaciones del concesionario con los propietarios de los vehículos”.
Las directivas de Transmilenio señalaron que analizan con detenimiento la propuesta, para responder y tomar decisiones responsables, trámite para el que tienen hasta 30 días hábiles. En cuanto al servicio, intentaron dar un parte de tranquilidad: “Los usuarios y la garantía en la prestación del servicio son nuestra prioridad. Los bogotanos no se quedarán sin servicio de transporte público y para eso analizamos los escenarios contemplados en los contratos de concesión”.
El panorama preocupa. En junio, admitió Rojas, la gerente de Transmilenio, el sistema tenía un rezago en infraestructura y patios zonales, mientras que el déficit anual estimado para 2016 era de casi un billón de pesos. Al presentar una radiografía de Transmilenio, la funcionaria advirtió un desfinanciamiento en el Fondo de Estabilización Tarifaria por $347.000 millones y señaló que el presupuesto de operación e inversión del sistema estaba desfinanciado en $216 mil millones.
Las cifras del Distrito y los anuncios alrededor del SITP son ejemplos de la crisis que vive el Sistema Integrado de Transporte Público, con un capítulo especial de los buses azules. Aunque desde el empalme la administración busca alternativas, a la fecha no se conocen decisiones de fondo para rescatar el sistema. El tiempo corre y un posible cese del transporte público en Bogotá está anunciado.
Suspenden imputación por caso del SITP
No se pudo hacer la audiencia en la que se les imputarían cargos al exsecretario de Movilidad Fernando Álvarez, a su exsubsecretaria Martha Hernández y al exgerente de TM Fernando Páez (Alcaldía de Samuel Moreno), por los posibles delitos que cometieron en el proceso de elección de los operadores del SITP. Según el defensor de uno de los investigados, están fuera del país. (Lea: SITP de Bogotá: ¿segundo capítulo del carrusel de la contratación?)
El ente acusador los quiere llevar a juicio porque los tres habrían aprobado el desembolso de $3.000 millones para contratar a una empresa que evaluara las propuestas de los interesados en operar el SITP. Sin embargo, quien al final cumplió la tarea recibió $1.200 millones. La imputación es el resultado de una investigación de cinco años, en la que también se indagan supuestos sobornos para adjudicar las zonas de operación y el recaudo del sistema. Por ahora, el juez deberá citar de nuevo a los procesados y, si no comparecen, ordenar su captura.