El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó una cifra que permite dimensionar la emergencia: cientos de municipios afectados, decenas de miles de viviendas destruidas y cientos de miles de personas con algún grado de afectación. Pero detrás de esas cifras existe una realidad que no siempre ocupa el primer lugar en los balances: cuando falla el agua, la energía, el saneamiento, el servicio de aseo o las telecomunicaciones, también se deterioran las condiciones mínimas para que una comunidad pueda recuperarse.
El balance oficial de la primera etapa de la emergencia reportó 111 acueductos afectados, además de 351 centros de salud, 3.579 establecimientos educativos, 435 vías, 69 puentes vehiculares y cinco aeropuertos con algún nivel de afectación. Son cifras que muestran que un terremoto además de destruir edificaciones altera, simultáneamente, toda la infraestructura que sostiene la vida cotidiana.
Cuando se va la energía, se afecta mucho más que la luz
Uno de los servicios que experimentó una recuperación más rápida fue el de energía eléctrica. Más de 1,5 millones de usuarios llegaron a estar afectados después del terremoto y, para el 13 de agosto, más de 1,45 millones ya habían recuperado el servicio. Sin embargo, cerca de 75.661 usuarios continuaban sin electricidad en ese momento.
Chocó enfrentó uno de los escenarios más complejos: de aproximadamente 111.000 usuarios afectados inicialmente, cerca de 11.000 permanecían sin servicio. También se registraban afectaciones en Risaralda, Valle del Cauca y Quindío.
El problema adquiere otra dimensión cuando se entiende que la energía eléctrica es el soporte de muchos otros servicios. Los sistemas de bombeo y tratamiento de agua necesitan electricidad; los hospitales dependen de ella para mantener equipos e infraestructura crítica; las telecomunicaciones requieren energía para operar y el comercio necesita electricidad para conservar alimentos, procesar pagos y mantener sus actividades.
Durante la emergencia se registró, además, una reducción temporal cercana al 18 % de la demanda eléctrica nacional, equivalente a unos 1.700 MW, producto de las interrupciones y de la paralización de actividades en las zonas afectadas. La lección es clara: la continuidad eléctrica no es solamente un asunto de comodidad. Es una condición para que los demás sistemas puedan funcionar.
Agua: el servicio que determina la salud de una población
Si existe un servicio cuya importancia se vuelve evidente inmediatamente después de un desastre es el agua potable. Las autoridades reportaron daños en bocatomas, plantas de tratamiento, tanques, redes de conducción y distribución. En total, 111 sistemas de acueducto resultaron afectados.
Un informe humanitario de Naciones Unidas estimó en 2,47 millones las personas en necesidad de asistencia en agua, saneamiento e higiene, teniendo en cuenta tanto los efectos del terremoto como las vulnerabilidades estructurales existentes, especialmente en Chocó.
A un mes de la tragedia, más de 52.000 personas habían recibido asistencia humanitaria relacionada con agua, saneamiento e higiene, con intervención en 30 municipios. El dato debe llamar nuestra atención. Una emergencia puede destruir infraestructura, pero cuando esa infraestructura ya era insuficiente antes del desastre, el impacto se multiplica.
“La reconstrucción no puede limitarse a recuperar aquello que se perdió. Si una comunidad tenía dificultades para acceder al agua, al saneamiento o a la energía antes de una tragedia, reconstruir exactamente bajo las mismas condiciones significa mantener la vulnerabilidad que el desastre acaba de demostrar”, señala Andrea Pérez Cadavid gerente del Relleno Sanitario Doña Juana.
Saneamiento y aseo: el servicio que no puede detenerse
Hay servicios que reciben menos atención en los primeros balances de una emergencia, pero que resultan fundamentales para evitar que una tragedia se convierta en una crisis sanitaria. El alcantarillado y el servicio público de aseo son dos de ellos.
Las afectaciones en infraestructura de acueducto y alcantarillado, así como las dificultades para mantener algunas rutas de recolección y la operación normal de los sitios de disposición final, generan riesgos adicionales. Después de un desastre se incrementan los residuos provenientes de viviendas destruidas, establecimientos afectados, materiales de construcción, alimentos deteriorados y objetos que deben ser retirados de las zonas habitadas.
Si estos residuos no son recogidos, transportados y gestionados adecuadamente, aparecen problemas de contaminación, vectores y deterioro de las condiciones sanitarias. Por eso, hablar del servicio de aseo después de un terremoto no es hablar simplemente de mantener limpias las calles. Es hablar de salud pública, protección ambiental y recuperación de la normalidad.
El efecto dominó
Uno de los mayores errores después de un desastre sería analizar cada servicio público de manera aislada ya que si además resultan afectados hospitales y centros educativos, la recuperación social se vuelve todavía más lenta. El terremoto dejó 351 centros de salud afectados y 3.579 establecimientos educativos afectados. También se reportaron 435 vías y 69 puentes vehiculares afectados.
Esto demuestra que la infraestructura de servicios públicos no puede pensarse como una suma de tuberías, cables, postes o vehículos recolectores. Es una red que permite que funcionen la economía, la salud, la educación y la vida cotidiana.
Reconstruir mejor, no reconstruir igual
La emergencia deja finalmente una discusión que debe ser asumida por el Estado, las empresas prestadoras, las autoridades territoriales y la sociedad: ¿debemos reconstruir lo que había o aprovechar la tragedia para construir sistemas más resistentes? La reconstrucción debe incorporar criterios de gestión del riesgo, redundancia, mantenimiento, capacidad de respuesta y adaptación a las condiciones particulares de cada territorio.
En zonas con dificultades históricas para garantizar agua potable o saneamiento, el objetivo no puede ser simplemente restablecer el servicio que existía antes del terremoto. Debe ser cerrar las brechas que el desastre dejó al descubierto.
“Los servicios públicos son la columna vertebral de la recuperación. Una vivienda puede reconstruirse, pero si alrededor no hay agua, energía, saneamiento, aseo, vías y comunicaciones, la vida de esa familia seguirá estando lejos de la normalidad”, afirma Pérez Cadavid.
El terremoto del 10 de agosto dejó pérdidas humanas, daños materiales y una enorme tarea de reconstrucción. Pero también dejó una advertencia: la verdadera resiliencia de un país no se mide solamente por su capacidad para atender la emergencia, sino por la capacidad de garantizar que, después de ella, los servicios esenciales puedan regresar de manera rápida, segura y sostenible.
Porque cuando un servicio público se interrumpe, no solamente se apaga una luz, se seca un grifo o deja de pasar un camión recolector. Se interrumpe una parte de la vida de una comunidad. Y cuando varios servicios fallan al mismo tiempo, lo que está en riesgo no es solamente la infraestructura: es la posibilidad misma de recuperar la normalidad.
* Andrea Pérez Cadavid, Gerente Relleno Doña Juana y experta en servicios públicos