Bogotá

9 Sep 2016 - 9:33 p. m.

Otro lío para la alcaldesa de la localidad Rafael Uribe Uribe

Desde su posesión, esta funcionaria ha protagonizado varias polémicas. En esta oportunidad, la Personería anunció que la investigará por posibles irregularidades en contratación.

Redacción Bogotá

Cuestionada y ahora, investigada. Diana Mabel Montoya Reina, alcaldesa de la localidad Rafael Uribe Uribe, está en la mira de la Personería. Ella, que debió dejar el cargo en abril, pero que no la pueden sacar porque está en embarazo, será investigada disciplinariamente por el ente de control por supuestas irregularidades en contratación.

Al menos, así lo dio a conocer la propia Personería, que luego de revisar los contratos que firmó en febrero de 2013 por $6.900 millones para adelantar obras de estabilización en laderas de siete barrios de esa localidad, descubrió una serie de irregularidades que hoy tienen a la mandataria local en la mira de las autoridades. 

Todo comienza con el fallo de una acción popular de enero de 2011, en el que Consejo de Estado le ordenó a la administración adelantar “las obras necesarias para proteger la seguridad y vida de la comunidad de Rafael Uribe Uribe, amenazada por el riesgo de un deslizamiento”.

A finales de 2012, casi dos años después, la alcaldía local en cabeza de Montoya Reina, abrió la licitación y en febrero de 2013 le adjudicó el contrato por caso $7.000 millones al Consorcio Obras de Mitigación, representada por Fredy Humberto Garzón Rico.

El objeto era adelantar "Obras de estabilización geotécnica en laderas de los barrios Playón, Playita, Diana Turbay, San Ignacio, El Rosal, bosques de San Carlos, Bosques de la Hacienda y La Marqueza, de la localidad de Rafael Uribe Uribe en Bogotá y aquellas que sean priorizadas por la administración".

Casi desde el mismo momento en que se adjudicó el contrato, dice la Personería, se identificaron irregularidades. La primera: Solo cinco meses después (23 de julio) se adjudicó el contrato de interventoría, requisito indispensable para comenzar obras, generando el primer retraso. Y a pesar de que llevaban todo este tiempo sin arrancar trabajos, solo un mes después firmaron el acta de inicio de la obra.

A partir de ahí, el contrato fue objeto de seis prórrogas y una suspensión que, según la Personería, no todas tuvieron justificación. Además, , se realizaron modificaciones del diseño original de los trabajos de estabilización, sin estudios técnicos que justificaran los cambios.

Entre las razones de las prórrogas encontraron, por ejemplo, dos que sumaron 10 meses, por el replanteo de los diseños o por permisos ambientales. “Unas no dan cuenta de un estudio acerca del tiempo real de extensión del contrato y en otras se evidencia falta de claridad en las razones, ya que aduce que la prórroga es por situaciones administrativas, que no identifican con claridad”, indica la Personería.

Agrega el ente de control que las razones de la suspensión de obra no están sustentadas en la Ley de contratación. “Se vulneró el principio de planeación con el retraso y aplazamiento del contrato, que es evidente al revisar el plazo final, muy distante del originalmente propuesto desde los pliegos de condiciones”, agregó la entidad.

Todo esto ha generó sobrecostos en la interventoría, en las obras y para completar, de los siete sectores a intervenir, en el denominado El Rosal no se realizó ninguna obra. A la fecha, 31 meses después de la firma del contrato, este sigue pendiente de liquidación.

Ante las irregularidades, la Personería anunció una investigación contra la mandataria local de Rafael Uribe Uribe y remitió copias del informe a la Contraloría Distrital, por un presunto detrimento patrimonial.

Seguidilla de polémicas
La abogada Diana Mabel Montoya Reina, especialista en derecho constitucional, la nombraron como alcaldesa el 13 de abril de 2012. Desde entonces, su paso por la administración ha estado cargada de polémicas.   

En marzo de 2015 surgió la primera polémica. Un concejal denunció que la mandataria local se posesionó violando la ley, supuestamente porque asumió el cargo sin haber renunciado como apoderada de una comunidad que presentó una acción popular contra el Distrito.  Incluso, siguió como apoderada hasta tres meses después de haber asumido el cargo. 

Ante la denuncia, ella se mostró tranquila.  “En el mundo político este es el precio que hay que pagar por estar de lado del grupo político del alcalde mayor Gustavo Petro. La actitud del concejal  obedece a un show mediático para desacreditar la Bogotá Humana”, señaló la alcaldesa.
 

En agosto de 2015, cinco meses después, la denunciaron por presunta participación en política. Según el denunciante, ella citó a una reunión en el barrio Lomas para socializar obras de mantenimiento, mejoramiento integral y dotación de los parques vecinales del sector. Sin embargo, ella insinuó a quién debían agradecerle por los trabajos: el candidato a edil por el Partido Verde, Jaime Cardona Delgado, quien luego intervino en el encuentro.
 

Este año, justo cuando estaba adportas de terminar su mandato y el alcalde Enrique Peñalosa debía nombrar su reemplazo, el proceso lo tuvieron que frenar, al conocer que la alcaldesa estaba embarazada. Aunque se trata de una funcionaria de libre nombramiento y remoción, su condición hace que la Secretaría de Gobierno, encargada de los asuntos locales, deba reubicarla en un cargo con las mismas garantías del actual. A la fecha, no han podido.  A la espera están  los integrantes de la terna: Anita Cristina Yandún Reina, Álvaro Mejía Bravo y Jairo Gómez Ramos, que ya se entrevistaron con Peñalosa y de la cual saldrá el nuevo alcalde de la localidad. Lo que no se sabe es cuándo. 

Temas relacionados

Personería Distrital
Comparte:

Regístrate al Newsletter de hoy

Despierta con las noticias más importantes del día.
Al registrarse, acepta nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
X