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A través de sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella cumplió una de sus promesas de campaña: levantar la suspensión de los permisos para porte de armas. El anuncio estuvo acompañado de una justificación central: “No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”, aseveró. La frase está acompañada de un video que muestra el robo con arma de fuego a una pareja, uno de ellos en silla de ruedas, ocurrido en octubre de 2025, en el barrio El Claret, localidad de Rafael Uribe Uribe.
La grabación, si bien busca reforzar ese argumento, las cifras de las autoridades muestran un panorama distinto y llevan a debatir sobre los riesgos del porte de armas en Bogotá. De la mano de estadísticas, de voces expertas en seguridad ciudadana y concejales de Bogotá, analizamos en qué escenario de seguridad aterriza el nuevo Decreto 188, una norma que devuelve la validez a los permisos individuales de porte (llevar consigo el arma) vigentes, mas no crea un derecho general a salir armado a la calle.
Percepción vs cifras oficiales
Las principales preocupaciones de los bogotanos son la salud y la seguridad, según la Encuesta de Percepción Ciudadana (EPC) Comparada 2025, presentada por la Red Cómo Vamos. De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, esta opinión se moldea a partir de lo que la persona vio o escuchó sin ser protagonista, de las redes sociales, noticieros e información voz a voz.
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Sin embargo, las cifras oficiales reflejan otra Bogotá. Según el Distrito, indicadores como el hurto a personas (-13,9 %), hurto a comercio (-16,5 %), homicidios (-7,3 %) y delitos sexuales (-19,1 %) han mostrado reducciones. Cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá indican que, de los 69.330 casos de hurto a personas registrados este año, la mayoría (78,6 %) se cometió sin uso de armas. Únicamente en el 6,3 % de los casos se emplearon armas de fuego, porcentaje inferior al de armas cortopunzantes (13,8 %). (Ver gráfico)
Entre los delitos con menor frecuencia registrada en la ciudad se encuentran el hurto a bicicletas (19 al día), motocicletas (13,4), residencias (12), automotores (8,4), homicidio (uno cada ocho horas) y extorsión (un caso cada 3 horas y 42 minutos).
La justicia por mano propia y el porte de armas
Pese a estas cifras, permea más la baja percepción de seguridad e incide en que 5 de cada 10 bogotanos estarían dispuestos a tomar la justicia por mano propia y 3 de cada 10 comprarían un elemento para defenderse al considerar ineficaces las denuncias y el sistema penal. Así lo encontró un estudio de las universidades Central y Libre.
Sin embargo, el «defenderse» no es sinónimo de legítima defensa y, por ende, no exime de responsabilidad penal. Casos documentados por este diario muestran que personas involucradas en agresiones o linchamientos terminan procesadas por homicidio o lesiones personales.
“Demostrar una legítima defensa en el país requiere tres variables jurídicas: que se demuestre que la persona a la cual se le disparó tenía un arma similar o equivalente. El principio de proporcionalidad: debe haber una prueba de que la persona iba a activar o activó el arma y, tres, demostrar que su vida estaba en riesgo inminente”, explica Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central.
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La normalización, entonces, de la mal llamada justicia por mano propia, que no solo “con esta flexibilización al porte de armas, va a aumentar esa lógica”, advierte Jorge Mantilla, politólogo y experto en criminología, también es un reconocimiento del Estado “que no tuvo la capacidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y lo deja en manos de particulares entregando armas con salvoconductos”, analiza por su parte Hugo Acero, exsecretario de Seguridad durante la alcaldía de Claudia López.
La preocupación por el aumento de la violencia
En la plataforma Siedco de la Policía Nacional, se reportan durante este año 681 asesinatos en Bogotá, una disminución del 7.97 % frente al 2025. Del total de los casos, más de la mitad (54 %) fueron cometidos con armas de fuego y las víctimas eran 662 adultos, 16 jóvenes y 3 menores. Pero no todos los asesinatos fueron por ajustes de cuentas, ni pagos por sicariato.
Según la Secretaría de Seguridad, 4 de cada 10 homicidios ocurren en contextos de peleas callejeras y riñas causadas por intolerancia ciudadana. En promedio, cada 26 horas muere una persona en la ciudad bajo estas circunstancias, principalmente los fines de semana entre las 6:00 p.m. y la medianoche, período en el que aumenta el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Para la Policía Metropolitana, estas muertes por intolerancia representan un reto tan complejo como el crimen organizado.
Muestra de la conflictividad en la capital son los registros aportados por el concejal Jesús Araque: entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de mayo de 2026, la línea de emergencias 123 recibió 10.415.058 llamadas, de las cuales cerca de dos millones correspondieron a riñas y 1,5 millones a quejas por ruido.
“Con el porte de armas se corre el riesgo de revertir la tendencia a la baja en los homicidios en Bogotá, aumentar las lesiones personales y la violencia intrafamiliar, así como incrementar los suicidios y el número de accidentes con armas de fuego en casa”, señala Mantilla.
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En la Sentencia C-038 de 1993, la Corte Constitucional había señalado que la ciudadanía debe abstenerse de circular con armas de fuego, «porque ello viola el derecho a ser iguales y genera un mayor riesgo para la comunidad que sea usada para resolver un conflicto y no para procurarse una eficiente protección individual».
El impacto en el entorno familiar y las incautaciones
La violencia en Bogotá también se traslada a lo más íntimo del hogar. El delito de violencia intrafamiliar registró un aumento del 11,5 % entre 2024 y 2025 en la capital, según la Policía de Bogotá, con un promedio de 189 casos diarios (uno cada 7,5 minutos), donde el 70 % de las víctimas son mujeres. Las lesiones personales aumentaron 10,2 %, alcanzando cerca de 91 casos diarios. Asimismo, datos de la Secretaría de la Mujer entre 2023 y 2024 señalan que, de 212 homicidios de mujeres, 47 fueron tipificados como feminicidios; en 5 de ellos se emplearon armas de fuego y en el 26 % de los casos los agresores tenían acceso previo a armamento.
Precisamente, respecto a la incautación de armas, en 2024 se decomisaron en Bogotá 616 revólveres, 367 armas traumáticas, 316 pistolas, 103 escopetas y 5 fusiles. Entre enero y mayo de 2025, la cifra fue de 276 revólveres, 210 armas traumáticas, 177 pistolas, 38 escopetas, 5 fusiles y dos lanzagranadas.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, en Colombia existen cerca de 700.000 armas con salvoconducto, de las cuales el 40 % se encuentra en Bogotá (alrededor de 280.000). Mantilla indica que el rastreo de estas armas incrementará la presión sobre la Policía en materia de controles, en un contexto en el que la Alcaldía Mayor ha solicitado al menos 8.000 efectivos adicionales para la ciudad.
Por el contrario, Hugo Acero sostiene que el control debe focalizarse en las zonas de mayor ocurrencia de delitos e investigaciones contra el comercio ilegal. Según la Universidad Central, en sectores como San Bernardo o María Paz se consiguen armas de fabricación artesanal desde $15.000 la hora. A esto se suma el riesgo de desvío del mercado legal: solo en empresas de vigilancia privada se reportaron 243 hurtos de armas entre enero y noviembre de 2025.
Frente a las alternativas normativas del Distrito ante este decreto nacional, la concejal Diana Diago (Centro Democrático) afirma que el alcalde no puede derogar un decreto presidencial y señala que la prioridad debe ser el desarme de los delincuentes. En contraste, la concejal Heidy Sánchez (Pacto Histórico) explica que el Distrito puede solicitar al Ministerio de Defensa la suspensión territorial del porte —mecanismo previsto en el propio marco normativo— o interponer un medio de control de nulidad con solicitud de suspensión provisional ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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La entrada en vigencia del decreto 188 encuentra a la capital en un momento crítico de violencia intrafamiliar, lesiones personales y homicidios por intolerancia, pero estaría respondiendo a una demanda de protección ciudadana basada en la percepción. La Policía tendrá entonces la doble tarea de realizar labores de rastreo y control al porte de armas, así como fortalecer las labores de inteligencia y operación de los mercados ilegales de armas, mientras controla las riñas mortales y salvaguarda a las mujeres en su propio hogar.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por María Angélica García Puerto
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JOSE PATROCINIO(ci8fp)•Hace 4 horasLos gringos están felices, un nuevo mercado para sus armas encontraron. La industria de armas de E.U. le exigie la ADLS firmar todo lo que les interesa a ellos. Me imagino el billonario negocio para el tigre de papel. Ese sí sabe de «negocios», nos cogió de tontarrones, ya entregó los minerales y las tierras raras del Guanía, pronto vendrá hasta por nuestros zapatos.
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Ricardo(gaiux)•Hace 13 horasOtra estupidez.
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José(39986)•Hace 19 horasQue bueno que las personas tengan como defenderse de los criminales. Cada persona es responsable de sus actos.
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Gustavo Andrés(rz6f1)•Hace 19 horasLa intolerancia extrema, la violencia intrafamiliar y las riñas callejeras no se disminuirán levantando el decreto de la prohibición al porte de armas. Que medidas tan absurdas y lamentables.
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antonio(7747)•Hace 7 horasPero le pueden salvar su vida. No se trata de acabar la vioelncia en este pais, porque de por si somos un pais violento, se trata es hacer uso del derecho a la defensa ya que el estado no la garantiza.
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Mar(60274)•Hace 19 horasY gente votando en blanco frente a la amenaza que era de la espriella.