Bogotá es la principal ciudad receptora de víctimas del conflicto armado. Según datos del Observatorio Distrital de Víctimas del Conflicto Armado, a septiembre de 2025, 379.893 personas llegaron a la ciudad para empezar de cero; más de la mitad son mujeres y en su mayoría, entre los 29 y 60 años.
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La Candelaria (82,7 %), Santa Fe (74,7 %) y Los Mártires (61,5 %) son las principales localidades donde llega esta población. Mientras que al sur y suroccidental, se ubican sobre todo en Ciudad Bolívar (58,9 %) y Bosa (57,9 %).
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Como lo hemos documentado con las mismas voces de víctimas en El Espectador, la mayoría llegan a la capital por desplazamiento forzado, amenazas, homicidios, desaparición forzada y pérdida de bienes. José*, firmante de la paz; su esposa Natalia* y sus hijos de 2, 7 y 11 años son ejemplo de ello. En entrevista con este diario, contaron cómo tuvieron que huir de su casa en una de las veredas de Hacarí (Norte de Santander) a causa de las amenazas del ELN. Sin conocer a nadie y solo con el pensamiento de salvaguardar a su familia, salieron con lo que tenían puesto y, tras 4 días de travesía, llegaron a Bogotá un 19 de enero de 2025.
Como lo enmarcan distintas normativas —entre ellas la Ley de Víctimas—, los entes territoriales como Bogotá tienen el deber de atender, asistir, reparar integralmente y dar garantías de no repetición a las víctimas del conflicto armado que residen en su jurisdicción. Para ello, no solo el Plan Distrital de Desarrollo es la hoja de ruta, sino también el Plan de Acción Distrital (PAD), que encabeza la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación y articula con 21 entidades distritales.
Es este Plan de Acción, entre otros ejes de la Política Pública para las víctimas del conflicto, al que recientemente la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría le pusieron la lupa de seguimiento y vigilancia. En un pronunciamiento conocido por El Espectador, expresaron algunas generalidades de cara a lo que fue la segunda sesión ordinaria del Comité Distrital de Justicia Transicional, el pasado 27 de agosto, donde asistieron, entre otros, el alcalde Carlos Fernando Galán.
Este es un espacio mixto que, desde 2015, articula a entidades distritales y nacionales, así como vocerías de las mismas víctimas, para ajustar y elaborar planes de acción en procura de mejorar los derechos de esta población en la ciudad.
El Plan de Acción Distrital: lo destacable y lo que se puede mejorar
Previo a esta sesión ordinaria, la Comisión Distrital de Bogotá del Ministerio Público se pronunció sobre cuatro puntos de la agenda desarrollada, de los cuales destacaremos en este artículo uno: el seguimiento al Plan de Acción Distrital (2024-2027), que busca responder a las necesidades expresadas por las víctimas, en particular, el desarrollo de los territorios marginados y empobrecidos, garantizar la atención a la población vulnerable y la participación de liderazgos de paz, fortalecer el acceso a la oferta institucional y lograr su máxima integración a la ciudad.
De acuerdo con las entidades, en su rol de garantes de los derechos humanos y del cumplimiento de las normas, reconocen los avances del PAD durante el segundo trimestre de 2026, destacando cifras como un cumplimiento físico del 72,79% y una ejecución presupuestal del 54,31%; así como en los componentes de Atención (94,44% de ejecución física), asistencia (83,48%), prevención, protección y garantías de no repetición (86,19%), verdad, memoria y reconstrucción del tejido social (47,50%) y ejes transversales (81,11%).
No obstante, identifican “una situación transversal” que termina por “limitar el análisis” de estos resultados”. Para la Comisión del Ministerio Público, dicha información no permite establecer aspectos como “la cobertura efectiva alcanzada, la oportunidad y calidad de los servicios prestados, el número de víctimas efectivamente beneficiadas, los resultados obtenidos en materia de acceso a derechos, los riesgos mitigados, las condiciones de seguridad fortalecidas, los procesos de memoria desarrollados, los niveles de satisfacción de la población atendida ni los avances concretos hacia la superación de condiciones de vulnerabilidad”, detallan uno a uno.
Por lo anterior, consideran que el principal desafío de seguimiento del PAD “continúa siendo la necesidad de complementar los indicadores de gestión y ejecución con indicadores de resultado e impacto”.
Desde las organizaciones de víctimas también plantearon durante una Mesa Distrital de Participación Efectiva el 21 de agosto de 2025 fortalecer el PAD en más apoyo a estas organizaciones, más acciones de memoria, acceso a educación superior e iniciativas de cultura, entre otros.
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Desde la Consejería de Paz, Isabelita Mercado respondió a este diario que el Plan de Acción Distrital tiene un cumplimiento general de más del 72 % con los cerca de 139 productos y una inversión distrital de cerca de COP 4 billones en este cuatrienio. “Se ha venido cumpliendo de manera adecuada las metas. Por ejemplo, en educación, es del 100 %. Hay más de 51 mil niños y niñas que están matriculados. En Hábitat, el derecho a la vivienda ha alcanzado los 270 mil subsidios de la meta de 390 mil en el cuatrienio. El 99 % de las víctimas están afiliadas al sistema de salud. Integración Social atiende a más de 130 mil víctimas en comedores comunitarios, jardines infantiles, centros amar y transferencias monetarias. Decirte del total cuántas víctimas han sido atendidas, no puedo porque hay que entender cuál es la necesidad y priorización”.
¿Y la seguridad de los líderes sociales?
Según Indepaz, al menos 187 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas durante 2025 en Colombia, de los cuales 4 hechos ocurrieron en Bogotá. Para este año, la Defensoría del Pueblo, con corte al 31 de mayo, ha registrado 67 casos de liderazgos sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 2 se registraron también en la capital.
Para la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, no es claro en el informe al 30 de junio de este año del Plan de Acción Distrital “qué riesgos fueron mitigados, cuántas personas fueron efectivamente protegidas, ni cuál fue el impacto de las acciones implementadas en la reducción de amenazas y situaciones de revictimización”.
Y es que esta revictimización, sobre todo, es alarmante. Los delitos de alto impacto han llevado a que Bogotá tenga su propio conflicto interno, llegando a afectar la vida cotidiana de 954 mil personas (11.8% de la población total de Bogotá) en 9 localidades, de las cuales destacan Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria, donde justo, llegan más víctimas del conflicto.
Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo en 2024, con la última Alerta Temprana (AT 004-24), donde detalló cómo las comunidades se han visto obligadas a desplazarse forzosamente dentro de la ciudad; a evitar que sus hijos sean vinculados y usados para el microtráfico o venta de armas, hasta ser víctimas de redes de trata de personas.
De acuerdo con la consejera de Paz, Isabelita Mercado, su entidad no es la encargada de diagnosticar la situación de seguridad de las víctimas que ejercen liderazgos sociales. “Ese análisis de riesgo corresponde a la UNP. Nosotros lo que hacemos es articular con las entidades competentes en caso de que se necesiten activar rutas como AIDE en la Secretaría de Seguridad para acompañar procesos de denuncia o con Secretaría de Gobierno para cobijarlos en la ruta de protección”.
Y añadió que igualmente “nosotros, en el marco del comité de justicia transicional, donde se da un concepto de seguridad en la ciudad, buscamos saber qué necesitamos para conocer si una víctima quiere retornar o reubicarse en Bogotá. Le hemos propuesto al Ministerio de Defensa que se ajusten variables viejas como presencia de cultivos ilícitos o minas antipersonal que no aplican a la ciudad, por nueve que logren avanzar en una lectura de riesgo mucho más coherente con el contexto de Bogotá que nos permita incluir Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo o lo que tenga el ICBF”, explicó Mercado.
Brechas socioeconómicas
Por último, en el seguimiento y pronunciamiento dirigido al alcalde Carlos Fernando Galán, la Comisión Distrital de Bogotá del Ministerio Público cuestionó la persistencia de situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica de las víctimas del conflicto en la ciudad.
Citando un informe del 9 de abril (vigencia 2025) de la Secretaría General y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, de las víctimas caracterizadas en el Sisbén en la ciudad, con corte a febrero de 2026, se estima que el 47,6% subsiste con ingresos inferiores a la línea de pobreza monetaria —clasificadas en pobreza extrema (Grupo A) y pobreza moderada (Grupo B)—, una cifra que asciende al 89,7% al incorporar a la población en condición de vulnerabilidad (Grupo C), "impactando significativamente a la primera infancia y la adolescencia, pues existen 50.468 niños, niñas y adolescentes víctimas registrados en el Sisbén que se concentran en estos rangos de pobreza y vulnerabilidad", se lee en el documento.
"La Sala Especial de Seguimiento ha reiterado que la atención general no es suficiente y que el goce efectivo de los derechos de las víctimas requiere respuestas institucionales concretas, focalizadas y acordes con las afectaciones diferenciales derivadas del conflicto armado”, llaman la atención.
Desde la Secretaría de Integración Social, respondieron a este diario que durante el primer semestre de este año ya han atendido a 136.621 víctimas del conflicto armado, en su portafolio de 45 ofertas sociales. De las 24 metas de su entidad dentro del PAD, con corte a junio: “4 ya están cumplidas, 14 se cumplen al 100% porque son metas a demanda (atendemos a todas las víctimas que lo requieren) y 6 tienen un alto nivel de avance”, destacaron. Asimismo, resaltaron la duplicación de inversión, pasando de COP 121.671 millones ejecutados en 2025, frente a un presupuesto inicial de COP 66.000 millones.
En cuanto a acciones concretadas, señalaron que en el primer semestre de 2026, 122.967 víctimas del conflicto armado son beneficiarias del Ingreso Mínimo Garantizado; 8.595 víctimas en inseguridad alimentaria recibieron apoyos económicos o en especie; 4.870 víctimas fueron atendidas en comedores comunitarios; 1.370 personas mayores víctimas reciben transferencias monetarias; y 100% de las y los jóvenes víctimas reciben transferencias monetarias condicionadas.
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Para la consejera de paz, la afirmación del Ministerio Público respecto a que “la gran mayoría de las víctimas del conflicto armado en Bogotá continúan en situación de pobreza y vulnerabilidad socioeconómica", no es correcta. Según Mercado, entre diciembre de 2024 y junio de 2025, más de 9 mil víctimas superaron la situación de vulnerabilidad.
“Las víctimas que hacen parte del Sisbén son 220 mil (cerca de la mitad). Los que hacen falta, dudo mucho que terminen siendo población pobre extrema, pobre o vulnerable. En segundo lugar, si revisamos este dato con la pobreza monetaria, son el 34 % y, de índice de pobreza multidimensional, son solo el 10 %. Seguimos trabajando con Integración Social para llegar a esas víctimas”, concluyó.
Hasta 2027 el Plan de Acción Distrital de esta alcaldía se ejecutará desde sus pilares en atención, asistencia, reparación integral, prevención, protección y garantías de no repetición y reconstrucción del tejido social a las ya 418 mil víctimas con corte a julio de 2026 que hay en la ciudad. Un número que sin duda sigue creciendo cada día ante la delicada situación de orden público que vive el país y que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y agosto de este 2026, 23.931 personas ya se han desplazado forzosamente y se han registrado 63 confinamientos. El reto de atención y respuesta para la Consejería y las 21 entidades distritales no es menor, en un contexto donde también Bogotá, vive su propio conflicto interno.