Con ajustes y en medio de un ambiente cargado de reparos, el proyecto de reforma tributaria, que radicó la Alcaldía de Bogotá ante el Concejo, ya superó su primer filtro: la Comisión de Hacienda y Crédito Público del cabildo, en donde, de 15 concejales, ocho votaron a favor y cuatro en contra. Ahora pasará a examen de la plenaria y de los 45 concejales, donde el pulso se centrará en definir si se imponen las necesidades del Distrito o la protección del bolsillo de los bogotanos.
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En la comisión, a favor, votaron Andrea Hernández y Humberto Amin (Centro Democrático), Juan Manuel Díaz y Elkin Huertas (Nuevo Liberalismo), Julián Sastoque y Julián Triana (Partido Verde), Armando Gutiérrez (Partido Liberal) y Rolando González (Cambio Radical). En contra, José Cuesta (Pacto Histórico), Ángelo Schianvenato (Partido Ecologista), Samir Bedoya (Mira) y Julián Uscátegui (Centro Democrático). No votaron Samir Abisambra (Partido Liberal), Óscar Bastidas y Jairo Avellaneda (Pacto Histórico).
Vale recordar que la iniciativa distrital busca aumentar el recaudo anual de impuestos distritales en casi COP 1,26 billones, a través de un paquete de medidas destinadas a modernizar la infraestructura urbana, impulsar la inversión privada y conceder alivios financieros a más de dos millones de deudores en mora. Sin embargo, la propuesta sigue enfrentando intensos debates políticos y técnicos, ya que diversos sectores advierten sobre la carga financiera que representarán los nuevos cobros para los estratos medios, el comercio y la economía capitalina.
Reforma Tributaria en Bogotá: ¿En qué se usará el dinero?
Para entender el alcance del proyecto es clave analizar los beneficios y propósitos financieros trazados por la Administración Distrital. El alcalde Carlos Fernando Galán ha explicado que el eje central de la propuesta es financiar la modernización del sistema de alumbrado público, para contar con una red integral de luces LED integradas con cámaras de seguridad y tecnología conectada. De acuerdo con el texto aprobado, los hogares de estratos 1, 2 y 3, así como la población en condición de pobreza oculta, estarán exentos de este pago, para que el costo no recaiga sobre sectores vulnerables.
A esto se suma otro pilar de la iniciativa, el cual apunta a crear un esquema de alivios tributarios y no tributarios, para beneficiar a más de dos millones de bogotanos con deudas pendientes con las arcas distritales, ofreciendo alternativas para que puedan sanear sus obligaciones pagando solo el capital adeudado, recibiendo descuentos del 60 % en los intereses y sanciones, si cancelan antes del 18 de diciembre de 2026.
A la par con los alivios moratorios, la iniciativa incluye un incentivo a la reactivación económica diseñado para grandes inversionistas. Las empresas o personas que realicen inversiones mínimas de COP 4.600 millones en activos fijos, dentro de alguna de las 92 actividades económicas estratégicas previamente definidas por el Distrito, quedarán exentas de pagar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) por un periodo de hasta 10 años. La administración dice que la idea es dinamizar el empleo formal y atraer capitales a la capital.
¿Y quién pagará la Reforma Tributaria?
En este punto se centra el debate. Si bien el fin es algo que requiere la ciudad, la discusión es quién debe financiarlo. En principio, la alcaldía ha señalado que el mayor esfuerzo fiscal debe recaer sobre sectores de mayor capacidad económica. Bajo este enfoque, por ejemplo, la sobretasa destinada al alumbrado público, que llegaría de manera obligatoria en la factura del impuesto predial, la asumirían los predios residenciales de estratos 4, 5 y 6, así como establecimientos comerciales, la industria y el sector financiero.
Otro frente de recaudo está en la modificación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), a través del cual se presentaría un incremento tarifario a tres sectores puntuales: el sector financiero, la comercialización de bebidas alcohólicas y tabaco, y el comercio de vehículos automotores. Por otra parte, en el impuesto predial unificado, se incorpora una tarifa preferencial dirigida a predios cuyo valor catastral supere los COP 3.000 millones.
Las críticas que aguardan en la plenaria del Concejo
Pese a la defensa de la administración a su propuesta sobre la necesidad de financiar el desarrollo urbano (que ya ha convencido a un amplio número de concejales), el proyecto sigue generando resistencia, como se demostró en la discusión en la Comisión de Hacienda, donde revisaron casi 200 proposiciones presentadas por concejales de distintas bancadas. Y, si bien en la ponencia final se incluyeron modificaciones concertadas, se aprobó con lo justo.
Entre las principales críticas se destaca la preocupación por el efecto acumulado de las cargas tributarias sobre los hogares de clase media. Críticos y cabildantes de oposición señalan que la entrada de la sobretasa de alumbrado público en estratos 4, 5 y 6 se suma a las presiones del impuesto predial y la inflación, afectando la capacidad de consumo de los hogares. De igual manera, voceros de gremios económicos han expresado reparos frente al aumento del ICA en el comercio de vehículos y las licoreras, argumentando que estos cobros podrían desestimular las ventas en momentos en que la actividad empresarial busca consolidar su recuperación.
El análisis de Mira
El partido Mira realizó un análisis de la propuesta y resaltó reparos puntuales de cómo la reforma afectaría a los hogares y comerciantes de estratos medios. Para comenzar, ¿por qué aumentar los impuestos cuando tienen ahí una billonaria cartera por cobrar? Resaltan que antes de aumentar impuestos para recaudar al año COP 1,2 billones, debería cobrar la cartera morosa que alcanza COP 12,56 billones (COP 7,82 billones en impuesto predial), de los cuales casi COP 2,15 billones los adeudan 871 contribuyentes.
Otro reparo indica que cerca de 870.000 predios verán afectada su factura del impuesto predial con tres alzas acumuladas, al confluir la nueva sobretasa de alumbrado público, la actualización de rangos mediante el índice IVIUR y la eliminación del tope legal de incremento anual, que hasta la fecha protege a los ciudadanos de alzas desproporcionadas e injustificadas del impuesto. Cuestionan, además, que estas alzas afectarán más al sector productivo, especialmente a locales comerciales (+11,2 %), colegios (+11 %) e industrias (+10 %), que a las viviendas de estratos 4 (+6,5 %), 5 (+5,7 %) y 6 (+4,8 %).
En cuanto al ICA, que es un impuesto que se cobra a los ingresos y no a las utilidades de los establecimientos comerciales, señalan que, a la larga, los afectados serán todos los bogotanos, ya que las alzas al comercio de vehículos (del 6,9 al 11 por mil) y al sector financiero (del 14 al 21 por mil) los terminarán trasladando a los clientes.
Finalmente plantea dudas sobre el contrato de alumbrado público, el cual se paga con gastos de funcionamiento (COP 285.278 millones). Cuestionan pagar COP 30.845 millones por «vida útil remanente» sin fórmula clara y autorizar COP 4,2 billones en vigencias futuras a 10 años sin contrato estructurado, sabiendo que el 97,5 % de las luminarias son de un privado.
El escenario decisivo en el Recinto de Los Comuneros
La discusión plenaria en el Recinto de Los Comuneros será un pulso en el que la administración buscará por segunda vez la aprobación de la Reforma Tributaria. Allí, el equipo de Gobierno distrital tendrá la tarea de defender la viabilidad financiera del proyecto y convencer a las bancadas indecisas de que el recaudo proyectado es indispensable para la seguridad y el desarrollo de Bogotá.
Por su parte, los concejales críticos buscarán reabrir el debate sobre puntos neurálgicos como las tarifas aplicadas, los límites de cobro y las exenciones, exigiendo mayores garantías para evitar que el esfuerzo fiscal sobrecargue a los contribuyentes de estratos medios. La plenaria del Concejo definirá finalmente si la reforma tributaria se convierte en Acuerdo de ciudad o si sufrirá ajustes sustanciales antes de su aprobación definitiva.
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