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La reforma tributaria de Bogotá sobrevivió a un intento de archivo y continúa su trámite en el Concejo. En la noche del 8 de septiembre, la Comisión de Hacienda y Crédito Público negó una proposición presentada por el concejal Jairo Avellaneda para detener el Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, iniciativa tributaria de la administración de Carlos Fernando Galán.
La proposición recibió cuatro votos a favor del archivo y diez en contra. Con esa decisión, el proyecto continuó su discusión y avanzó en primer debate.
Avellaneda sostiene que el trámite presenta presuntos vicios de procedimiento que, de mantenerse, podrían convertirse posteriormente en argumentos para cuestionar jurídicamente la validez del acuerdo.
“Es una decisión desafortunada: al avanzar con la votación y posible aprobación de este proyecto de acuerdo, de manera irregular, los presuntos vicios que encontramos pueden hacer caer la reforma tributaria más adelante”, señaló el concejal, quien posteriormente se retiró de la discusión.
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¿Por qué Avellaneda pidió archivar la reforma?
El primero de sus reparos está relacionado con el origen de las iniciativas tributarias. Avellaneda citó el artículo 13 del Estatuto Orgánico de Bogotá para sostener que las decisiones relacionadas con creación, modificación o exoneración de tributos distritales tienen iniciativa reservada al alcalde.
Su cuestionamiento surge porque antes del proyecto 724, presentado por la Administración Distrital, había sido radicado el Proyecto de Acuerdo 709 de 2026, de autoría del concejal Emel Rojas, sobre asuntos tributarios.
El segundo reparo tiene que ver precisamente con la manera en que se tramitaron ambas iniciativas. Según Avellaneda, el reglamento interno establece unas reglas para la acumulación de proyectos que tengan la misma materia y estas debían aplicarse antes de realizar el sorteo de ponentes.
El concejal sostiene que el proyecto 709 no habría surtido inicialmente ese procedimiento, mientras que posteriormente el 724 de la Alcaldía sí fue sorteado y recibió ponentes.
“Cuando se radicó el proyecto del concejal Emel, el 709, debió ser adjudicado por sorteo a un grupo de concejales ponentes (…) Aun así, esto no se hizo”, afirmó Avellaneda.
Por ahora, se trata de cuestionamientos jurídicos planteados por el cabildante. Que exista efectivamente un vicio capaz de invalidar el futuro acuerdo tendría que ser determinado por las instancias competentes si el asunto llega a una discusión judicial.
Diez concejales rechazaron archivar el proyecto
La propuesta de archivo recibió el respaldo de Óscar Bastidas, Samir Bedoya, José Cuesta y Ángelo Schiavenato.
En contra votaron Samir Abisambra, Humberto Amín, Juan Manuel Díaz, Rolando González, Armando Gutiérrez, Andrea ‘Tata’ Hernández, Elkin Huertas, Julián Sastoque, Julián Triana y Julián Uscátegui.
La votación del concejal Julián Triana, de Alianza Verde, también llamó especialmente la atención de Avellaneda. El cabildante cuestionó que Triana, quien ha construido parte de su discurso alrededor de la defensa de la ciudadanía, votara en contra de archivar una reforma que contempla aumentos tributarios para distintos sectores.
Para Avellaneda, resulta contradictorio presentarse como defensor de los bogotanos y, al mismo tiempo, respaldar que continúe el trámite de una iniciativa que, en su criterio, terminaría metiéndoles más la mano al bolsillo.
Más ICA para unos y beneficios tributarios para otros
Más allá de la discusión sobre el procedimiento, Avellaneda mantiene reparos sobre el contenido de la reforma.
Uno de ellos es el contraste entre los nuevos incentivos planteados para grandes inversiones y el aumento del ICA para distintas actividades económicas.
Según las cifras presentadas durante el debate, la tarifa para edición y publicación de libros pasaría del 4 al 8 por mil; la comercialización de vehículos, del 6,9 al 11 por mil, y el sector financiero, del 14 al 21 por mil.
Al mismo tiempo, el proyecto contempla beneficios para grandes inversionistas, punto sobre el cual Avellaneda ha pedido establecer cuánto dejaría de recaudar Bogotá, qué inversiones dependen realmente de esos incentivos y qué retorno concreto recibiría la ciudad.
“Por un lado les ofrecemos beneficios tributarios a grandes inversionistas y, por el otro, queremos cobrarles más a sectores que ya están en Bogotá”, cuestionó.
El concejal también ha llevado al debate las 69 alertas fiscales cuantificadas en cerca de $69 mil millones durante 2026, bajo el argumento de que el Distrito debería revisar primero cómo administra los recursos existentes antes de pedir mayores contribuciones.
FENALCO también pide retirar dos aumentos
Los reparos no provienen únicamente del Concejo. FENALCO Bogotá Cundinamarca pidió formalmente retirar dos incrementos del ICA incluidos en la reforma.
El primero afecta al comercio de bebidas alcohólicas y productos de tabaco, cuya tarifa subiría de 13,8 a 21 por mil, un incremento cercano al 52 %.
Según el gremio, el impacto sería especialmente sensible para tiendas y pequeños comerciantes, debido a que el ICA grava los ingresos brutos y no las utilidades. FENALCO agregó que, de acuerdo con su Encuesta de Fenaltiendas 2025, el margen de utilidad de las bebidas alcohólicas supera apenas el 7 %.
“Con este incremento, perderían en promedio un 10 % de su utilidad”, aseguró Juan Esteban Orrego, director de FENALCO Bogotá Cundinamarca. El gremio también alertó sobre un posible aumento de la informalidad y el contrabando si se amplía la diferencia entre los precios de productos legales e ilegales.
Vehículos y motos: otro aumento bajo cuestionamiento
El segundo punto que FENALCO pidió retirar es el incremento del ICA para la comercialización de vehículos y motocicletas, que pasaría del 6,9 al 11 por mil, equivalente a un aumento del 59,4 %.
El gremio advirtió que elevar de manera permanente el costo de operar en Bogotá podría llevar a algunas empresas a mantener sus vitrinas en la capital, pero trasladar nuevas inversiones, expansiones u operaciones tributarias hacia otros municipios.
“Más impuesto no siempre significa más recaudo. A veces significa menos inversión, menos empleo, más informalidad y, finalmente, una base tributaria más pequeña”, concluyó Orrego.
La reforma continuará ahora su trámite en el Concejo, en medio de una discusión que ya no gira únicamente alrededor de cuánto espera recaudar Bogotá, sino también de quién terminará pagando más, quién recibirá beneficios y si el procedimiento utilizado para tramitar el proyecto resistirá los cuestionamientos jurídicos planteados desde el primer debate.
Tras conocerse el resultado de la votación que negó el archivo, Jairo Avellaneda dejó constancia de su retiro de la discusión, al considerar que el procedimiento no ofrecía las garantías necesarias.
“Dejo la constancia de que me retiro de esta discusión porque, en mi opinión, se le está haciendo trampa a los bogotanos”, señaló el concejal.
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