
El pasado 26 de octubre terminó la primera etapa procesal contra los hasta ahora cuatro policías involucrados en el homicidio y tortura agravada de Donovan Balanta Paz, líder comunitario afrodescendiente, de 34 años, y padre de dos hijos. Ese día, el juez de control de garantías decidió enviarlos a la cárcel de manera preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.
Se trata del patrullero Johathan Giraldo, señalado por la Fiscalía como el principal autor y a quien, además, le imputaron falsedad ideológica en documento público, así como al mayor Roque Correa, comandante de la estación policía Cazucá, quien está siendo procesado también por su presunta omisión. Dentro de los demás imputados está el patrullero Santiago Vargas y el subintendente Henar Tapiero, ambos, dijo el ente acusador, en calidad de omisión por no haber evitado las descargas con taser.
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Y es que los últimos minutos con vida de Donovan Balanta fueron una tortura. Así, lo describió el fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Durante la audiencia de control de garantías, describió cómo el pasado 20 de septiembre, tras la captura de Balanta en el barrio Caracolí (Ciudad Bolívar) y su traslado a la estación de Policía de Cazucá (Soacha), fue víctima de nuevos golpes y descargas eléctricas, mientras yacía en el suelo, esposado, semidesnudo e indefenso.
A quien señala como responsable es al patrullero Johathan Giraldo, quien lo hizo ante la mirada indolente de su comandante de estación, el mayor Roque Correa. De nada valieron las súplicas de la víctima y durante 20 minutos los uniformados omitieron su pedido de auxilio. Solo cuando quedó inconsciente lo trasladaron a un centro asistencial, donde falleció horas después.

El dictamen médico-legal consignó como presunta causa de la muerte una arritmia cardíaca asociada a dispositivo de conducción eléctrica y la clasificó como violenta. No obstante, advierte la necesidad de cotejar y correlacionar el estudio de manera integral con la secuencia temporal, los registros electrocardiográficos y el desarrollo de la investigación judicial. A su vez, la necropsia documentó seis lesiones cutáneas puntiformes con patrón compatible con dispositivo taser, ubicadas en el tórax, abdomen, espalda y extremidades inferiores.
En El Espectador, revelamos en varios artículos los videos que evidencian los últimos minutos con vida de la víctima; los insultos de carácter discriminatorio por raza que habría lanzado el intendente Edwin Albeiro Morantes Rincón y las amenazas que estarían recibiendo vecinos y familiares.
Para conocer más detalles de lo que viene ahora en la fase del juicio oral, El Espectador habló en entrevista con el abogado representante de víctimas, Alí Bantú Ashanti y fundador del Colectivo Justicia Racial. El togado entregó nuevos detalles: vienen más capturas contra uniformados, uno de ellos del Goes; algunos de los uniformados imputados pedirían preacuerdo con la Fiscalía y solicitará que al proceso de Donovan se sume también el de José Luis Guerrero, amigo de Banta y hoy testigo clave.
¿La representación de víctimas está satisfecha con el material probatorio recopilado por la Fiscalía y los cargos imputados?
Así es. La Fiscalía especializada contra las violaciones a los derechos humanos actuó dentro del marco de las 36 horas y eso permitió recopilar la evidencia física suficiente para que estos policías fueran capturados en tiempo récord y posteriormente establecer la presunta responsabilidad penal. Todavía hay un quinto policía prófugo que esperamos sea capturado lo más pronto posible.
En la imputación también se dio cuenta de cómo es una costumbre de la Institución (Policía Nacional) ocultar evidencias cuando cometen violaciones de derechos humanos. Pero además aquí hay un hito importante para el pueblo afro y es que el fiscal está estrenando el artículo 58, numeral tercero del Código Penal, que habla de mayor punibilidad motivada por un odio racial. Desde nuestra experiencia nunca habíamos podido que la Fiscalía utilizara esta circunstancia de agravación punitiva.
¿Qué significa eso en términos de condenas?
Como se evidencia en los elementos materiales probatorios, el presunto homicidio y tortura se cometió en un estado de indefensión de la víctima. Donovan no podía ni siquiera pararse sobre sus propios pies y los hechos que terminan en su muerte son de total humillación y exposición a la más brutal violencia. ¿Qué los motivaba? ¿Es un comportamiento normalizado en la institución? Si es así, ¿cuál es la respuesta que el Estado colombiano le da a la gente negra? Porque entonces hoy la policía constituye un peligro para la comunidad afro.
¿De cuánto esperan ustedes, sea la pena fijada?
Consideramos que la pena mínima para todos debería oscilar en 400 meses (33 años) de prisión. Ahora ellos están a la espera de que el Inpec determine en qué centro de reclusión van a estar. La defensa había pedido que fuera en cierta cárcel, pero el juez no accedió.
Entonces, de ser condenados estos policías, sería un fallo histórico al reconocerse el abuso policial motivado por racismo…
Así es. Eso es lo que aspiramos, sin lugar a duda. Hoy Donovan, quien era un padre, hijo y hermano ejemplar, se convierte para nosotros en un símbolo contra el racismo de la policía y el perfilamiento racial. Estamos cansados de que estén matando a nuestra gente. Y anuncio que vamos a presentar en los próximos días una tutela para que se prohíba el uso del teaser.
En las cámaras de seguridad se ven a más policías involucrados ¿Se vienen más capturas? ¿Incluso contra estos los policías del GOES?
Sí, estamos trabajando de manera conjunta con la Fiscalía para solicitar órdenes de captura lo más pronto posible contra los otros policías. Se estima que aquí hay entre 8 a 10 policías involucrados, incluido uno del GOES. Nosotros aspiramos a que en la audiencia de acusación a mediados de enero del otro año sean presentados. También le comento que algunos de los policías ya procesados van a solicitar un preacuerdo con la Fiscalía. Pero nos reservamos el detalle de comentar quiénes son.
Aquí los altos mandos de la policía que habrían estado involucrados, ¿sí están siendo juzgados?
Sí, aquí efectivamente hay una responsabilidad penal que se le está endilgando en calidad de omisión, porque definitivamente tenían la posibilidad de evitar que Donovan fuera asesinado. Aun así, queda una pregunta dentro de lo conocido en el material probatorio: ¿quién le dio la orden a los policías de que ellos no podían irse con las manos vacías y, por lo tanto, o se llevaban la moto o se lo llevaban a él (José Luis)?
¿Cuál es la situación de seguridad de la familia de Donovan y de su amigo José Luis Guerrero, que es uno de los testigos clave?
Están con miedo, porque han recibido amenazas por parte de la fuerza pública. Ellos vienen de un contexto de desplazamiento forzado y ahora nos han manifestado que no saben a dónde ir. El mismo día de los hechos, recibieron amenazas de muerte, por lo cual ya interpusimos la denuncia en contra de dos policías y hemos solicitado a la Defensoría del Pueblo, como a la misma Fiscalía, se les proteja, así como a líderes de la comunidad que denunciaron los hechos. Estamos a la espera.
¿Hay algún caso abierto para José Luis Guerrero? ¿También lo está representando?
Así es. Esperamos que la Fiscalía pueda unificar efectivamente estos procesos. Pero serán ellos quienes determinen cuál o cuáles serían los presuntos delitos, una vez se recopilen los demás elementos materiales probatorios que presentaremos en su momento. Pero obviamente aquí sí hubo una privación injusta de la libertad y un uso indebido del teaser. A esta persona le dieron días de incapacidad y, en consecuencia, pues también hay lesiones personales, psicológicas y ahora amenazas. Tiene mucho miedo y le tocó dejar su trabajo.
¿La familia busca alguna reparación por parte de la Policía?
Primero ellos esperan la verdad. Segundo, que todos los policías que participaron en este hecho sean condenados y respondan a la justicia. Y en tercer lugar, que la Policía reconozca que tiene costumbres y patrones de persecución racial y que actúan bajo prejuicios y bajo un Código de Policía que tiene muchos grises y les permite abusar de esa manera. Ellos no solo esperan una reparación económica, sino simbólica. Que toda la sociedad colombiana condene este hecho y no se repita.
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Mientras avanza el proceso contra los cuatro uniformados, las autoridades también mantienen pendiente la captura del patrullero Naúm Hernando Vergel Lozano, mencionado por la Fiscalía durante la reconstrucción de las presuntas agresiones contra Balanta y sobre quien existe una orden de captura.
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Tras la fase de indagación e investigación, la Fiscalía tendrá 90 días para radicar el escrito de acusación, marcando el inicio de la fase de juicio oral.
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Paco(15066)•30 de octubre de 2026 – 12:01Sería bueno que la policía como institución dejara un precedente de que no se tolerará ese tipo de actos.