Tragedia en Funza: por muerte de reclusos debería responder el Estado

Casi 18 horas después del fatal incendio en la estación de Policía de Funza (Cundinamarca), que derivó en la muerte de siete reclusos y afectaciones a otros cinco, había un hecho particular: las autoridades decían no tener plena certeza sobre la identidad de quienes perdieron la vida tras la conflagración. Las únicas noticias disponibles se limitaban a los comunicados del gobernador de Cundinamarca, de la Policía de la Sabana y de la Alcaldía Municipal, en los que hablaban de víctimas fatales, pero sin mayores detalles.

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En la mañana del miércoles esta situación aumentó la incertidumbre de las familias de los reclusos, quienes desde la noche del martes (cuando ocurrió el incidente) emprendieron una travesía para ubicar a los suyos, la cual se extendió hasta Subachoque, Puente de Piedra y los hospitales de los municipios aledaños. Avanzado el día, con más preguntas que respuestas, su paciencia se empezó a agotar. De hecho, hasta el mediodía del miércoles, por ejemplo, los familiares de José Fernando Rodríguez, entre ellos su esposa, no sabían si había fallecido o estaba hospitalizado.

A falta de una confirmación oficial, algunos medios filtraron la identidad de las víctimas: José Fernando Rodríguez Lesmes, de 48 años; Arcadio Antivia Velásquez, de 44; Sergio Humberto Zarta Barrero, de 29; Javith Blanquicet Bocanegra, de 22; Juan Felipe Bernal, de 24 años; Edgar Darío Cárdenas Martínez, de 53 y Andrés Alberto Organista Ibáñez, de 36. La publicación provocó una oleada de familiares rumbo a la estación para solicitar información sobre sus parientes, que hasta el día anterior estaban bajo custodia del Estado. Uno a uno, conforme les confirmaban la noticia, los dirigían a la sede de la Secretaría de Gobierno del municipio, para recibir información más detallada.

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Al lugar también se acercaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo en búsqueda de datos concretos. Fue cuando, pasada la 1:00 de la tarde, se dio paso a un comité de seguridad, en el cual el comandante de la Policía Funza, Fabio Páez; la alcaldesa del municipio, Jeimmy Villamil, y delegados de la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo pedían cuentas a los uniformados sobre los hechos. Finalmente, tras hora y media de zozobra, las autoridades se reunieron de nuevo con los familiares de las víctimas, atendieron sus reclamos y les entregaron información relevante sobre la tragedia.

Fallas

La información que se les brindó a los familiares en la reunión, y que se difundió a la opinión pública, coinciden en un aspecto: el incendio fue provocado por la quema de unos colchones, propiciada al parecer por un grupo de reclusos, que tenían la intención de presionar su salida de la estación. Lo demás es una compilación de piezas para armar un rompecabezas. Eso sí, para testigos y personal que atendió la emergencia, sin duda, en este caso alguien falló. Para comenzar, ¿cómo llegó a la celda el elemento con el que se iniciaron las llamas?

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Se sabe que había 12 reclusos. Desde las primeras llamas los internos quedaron expuestos a gases altamente tóxicos, situación que se prolongó con cada decisión de los uniformados para rescatarlos y evitar una fuga. Al parecer, en principio, intentaron controlar las llamas con los extintores, lo que retrasó la evacuación de los detenidos. Solo cuando la situación se salió de control llamaron a los bomberos.

Y acá lo que sería un segundo error: en la atención médica no se hizo una debida valoración, en especial luego de haber estado expuestos a los gases tóxicos. “Tras evacuarlos debieron remitirlos de inmediato a todos a un centro hospitalario. Eso no se hizo y reaccionaron cuando nada había por hacer”, opinó un socorrista. El humo, los químicos de los extintores, el confinamiento… al parecer todo sumó. Normalmente, cuando alguien sale de una conflagración lo primero es bañarse y cambiarse de ropa para retirar la toxicidad que queda impregnada en la ropa. Eso acá parece que no se dio, y por ahí estarían las causas de las muertes.

¿Maltratos: el detonante?

Lo que ocurrió mucho antes del incendio son hechos que son ampliamente discutidos y puestos en tela de juicio por los familiares de las víctimas. En contacto con sus parientes, previos a la tragedia, dicen, se enteraron de presuntos abusos de los uniformados. Neli Beltrán, cuñada de Andrés Alberto Organista (uno de los fallecidos), le contó a El Espectador el suplicio que supuestamente él estaba viviendo. A pesar de haber sido condenado hace cuatro meses, por lo cual debió haber sido trasladado hace mucho a un centro penitenciario, Organista seguía en la estación bajo condiciones de hacinamiento.

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“Muchas cosas de lo que ellos dicen no es verdad. Ellos (los policías) venían pegándoles desde temprano y ya les habían echado gas lacrimógeno en la celda. Estaban siendo maltratados y, obviamente, uno como ser humano reacciona a los maltratos. No estoy justificando el motín, pero sí creo que hubo formas de haber evitado esta tragedia”. La versión de Beltrán la refuerzan familiares de otros reclusos. “Nos comunicamos y nos comentó que los golpeaban mucho, que era difícil acceder a permisos básicos como ir la baño. Incluso, él tenía orden de traslado, pero ninguna autoridad nos daba respuesta para hacerla efectiva”, cuenta el primo de los heridos, quien pidió no hacer pública su identidad.

El abogado Andrés Alvarado, representante de José Fernando Rodríguez, le contó a este diario que las condiciones de hacinamiento eran notorias. Eso sí, prefirió no opinar sobre las denuncias de abuso de autoridad hasta que exista una investigación. Resaltó que, tras el desenlace fatal del incendio, su representado, así como los otros cuatro fallecidos y afectados, pasan a ser víctimas. Y aunque algunos detenidos tenían antecedentes como hurto, abuso sexual y violencia intrafamiliar, lo cierto es que al estar bajo la custodia policial su suerte era responsabilidad del Estado.

Tras la tragedia, ahora varias familias dicen no contar con recursos para asumir las honras fúnebres y menos de contratar a un abogado que los acompañe en el largo periplo judicial que se viene. “Trabajamos y somos honrados, pero no tenemos para el entierro. Necesitamos que el municipio nos dé algún tipo de garantía de que nos van a ayudar, porque no sabemos cómo afrontar estos gastos”, mencionó el hermano de uno de los fallecidos. Varios familiares solicitaron ayudas a la Secretaría de Gobierno de Funza para darles el último adiós a los fallecidos y esperan recibir asistencia en los próximos días.

De igual forma, durante las reuniones que tuvieron lugar ayer, la Defensoría comunicó a los familiares los conductos y canales existentes de asesoría de la entidad. Finalmente, El Espectador conoció que este ente de control exigió a las autoridades de la estación, así como las municipales, un informe detallado de lo que ocurrió ese día en las instalaciones, con el fin de emitir un pronunciamiento oficial.

Responsabilidad del Estado

El caso de Funza trae a la memoria otra tragedia: el incendio, justo hace cinco años, en el CAI San Mateo, de Soacha, donde murieron ocho reclusos, en similares circunstancias. Tanto en esa oportunidad como ahora hay una conclusión que cuenta con un antecedente jurisprudencial: sin importar los hechos, el Estado responde por la vida de las personas que están bajo su custodia, como es el caso de los reclusos.

Así lo concluyó la sentencia de primera instancia, que emitió en octubre pasado el Juzgado 61 Administrativo, que ordenó a la Policía Nacional indemnizar a las familias de dos de las víctimas del incendio en Soacha. Si bien ese día murieron otros seis, sus casos están en manos de otro juez. Si bien, la institución se defendió diciendo que la culpa de la conflagración había sido de los reclusos, el juez recordó que los policías debieron protegerlos.

Ambos casos compartes muchas similitudes: en la tragedia del CAI de Soacha, en una celda de menos de 25 metros cuadrados, había 11 detenidos, hacinados y sin acceso a baños. Los ánimos estaban caldeados, porque la Policía les restringió las visitas de sus familiares, lo que motivó que un recluso sacara un encendedor y le prendiera fuego a una colchoneta. Las llamas se propagaron cuando otro preso intentó sofocar las llamas con una cobija. Para evitar que los detenidos se fugaran, los uniformados tardaron en evacuar las celdas.

Las entidades del Estado vinculadas al proceso, en resumen, dijeron que la muerte de los reclusos fue “culpa exclusiva de ellos… consecuencia de su propio actuar imprudente”, lo que configuraría un eximente de responsabilidad. Sin embargo, las explicaciones no fueron suficientes y el juez desestimó el argumento de defensa y condenó a la Policía, todo porque la vida de los reclusos era responsabilidad exclusiva de la Policía y no actuaron con diligencia, como lo demuestra el simple hecho de que un interno tuviera un encendedor.

“Esto constituye un riesgo tanto para él, como para las demás personas que se encontraban en la celda, lo que permite establecer un incumplimiento al deber de custodia, que deben realizar los guardias, ya que la entidad tenía la potestad de decomisar armas, explosivos y otros elementos”, aseveró el juez.

Su argumento lo redondeó diciendo que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, han establecido que “el Estado tiene la obligación de proteger la vida e integridad de toda persona privada de la libertad, toda vez que el Estado tiene la potestad de restringir algunos de sus derechos y ejercer el control sobre su vida”.

“Aun cuando el incendio fue por la conducta desplegada por uno de los internos, lo cierto es que una vez se creó la situación de riesgo, los funcionarios a cargo de los reclusos no habrían adelantado de manera oportuna una ruta de evacuación o gestionado algún tipo de conducta que permitiera mitigar el fuego (...) Al estar confinados, los internos dependían exclusivamente de la intervención inmediata del personal policial, pues no tenían la capacidad de mitigar el fuego ni de escapar para proteger sus vidas”.

Este argumento marca lo que podría ser el rumbo del caso de Funza, que las autoridades tendrán que investigar a fondo para establecer los detalles detrás de la conflagración y las muertes de los seis privados de la libertad. Si bien, los 12 internos lograron salir con vida, al parecer, las malas decisiones y procedimientos llevaron al desenlace fatal de este caso.

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