Si no hay un contratiempo de último minuto, este jueves, 6 de agosto, habrá una reunión en la Universidad de Cartagena que puede definir el rumbo de parte de los recursos de regalías para financiar proyectos de ciencia en Colombia. La convocó el Ministerio de Ciencias, liderado por Yesenia Olaya, pero varios actores del sector no están muy conformes con la citación, pues estarían en juego, aproximadamente, COP 700.000 millones.
La razón la resume un oficio del Departamento Nacional de Planeación (DNP), conocido por El Espectador. Fue emitido el 4 de agosto por Juan Camilo Mergesh, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación de esa entidad, y en él explica que algunos de esos proyectos tienen inconsistencias y aprobarlos puede representar “riesgos jurídicos y posibles consecuencias administrativas, disciplinarias o legales”.
Para ser precisos, a lo que se refiere el DNP es a los proyectos que aplicaron a las convocatorias 44, 45 y 50, y que son financiados con plata de las regalías que deja la explotación de hidrocarburos y minería en Colombia. Para obtener el dinero que les corresponde, deben pasar por una última evaluación del “Órgano Colegiado de Administración y Decisión de Ciencia, Tecnología e Innovación (el OCAD)”.
Ese grupo está compuesto por tres vértices: uno, el Gobierno Nacional, que está representado por el Minciencias, tres ministros (o sus delegados) y un representante del DNP. El otro vértice está compuesto por los representantes de las gobernaciones y uno más por los representantes de las instituciones de educación superior (públicas y privadas).
El Minciencias no tiene voto, pero cumple el rol de Secretaría Técnica. Es decir, que en sus manos está, entre muchas otras tareas, estructurar las convocatorias, encargarse del proceso de evaluación de los proyectos y presentar al OCAD la lista de elegibles para su aprobación final. También debe convocar a las sesiones de todo el grupo, como lo hizo el 30 de julio, pidiéndoles a los miembros asistir de manera presencial al salón El Claustro de la Universidad de Cartagena, a las 8 a. m.
Sin embargo, el oficio del DNP, remitido a otros funcionarios de la entidad, señala varias inconsistencias. “Desde esta Subdirección se ha solicitado en diversas oportunidades acceso a las carpetas y a la documentación técnica y presupuestal de dichos proyectos, o los de las demás convocatorias, con el propósito de conocer las revisiones adelantadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y los ministerios que conforman el vértice de Gobierno Nacional”, pero la Subdirección “no ha sido vinculada al proceso de distribución, revisión documental ni al desarrollo de las mesas técnicas en las que se analizan y ajustan los proyectos (...) de las convocatorias 44, 45 y 50”, se lee en uno de los primeros párrafos del documento. Por ese motivo, explica el funcionario, esa dependencia no ha podido participar en el proceso previo que antecede a la presentación del OCAD.
Más adelante detalla que su equipo necesita examinar una serie de documentos, una tarea indispensable para que el DNP tenga una posición clara al momento de votar en nombre del Gobierno de Gustavo Petro por la aprobación o no de los proyectos que aplican a la plata de las regalías.
La lista es larga: debe analizar el “documento técnico, la cadena de valor, los indicadores, el presupuesto, las memorias de cálculo, los estudios de mercado, las cotizaciones, el cronograma, los riesgos, la sostenibilidad y los demás soportes”.
Sin poder tener en sus manos la documentación, reitera, no pueden identificar “inconsistencias en esos proyectos ni valorar de forma material si los proyectos satisfacen los criterios de viabilidad”.
A sus ojos, además, el Ministerio de Ciencias convocó con una “antelación muy reducida” al OCAD: solo 5 días hábiles. Es un lapso que, a los ojos de esa subdirección del DNP, es muy estrecho para analizar los 49 proyectos que deben votar en esta reunión. “Sin un tiempo razonable para su lectura y corroboración de requisitos”, agrega, “se puede afectar la calidad técnica del voto y dificultar la reconstrucción de los fundamentos de la decisión”.
Juan Camilo Mergesh, quien firma ese memorando, no es el único que cree que el tiempo para revisar esa cantidad de proyectos es muy breve. Saya Garavito, presidente de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencias) —que ha tenido más de un desencuentro con el actual Ministerio de Ciencias— también tiene una opinión similar.
“La sesión anterior se realizó el 23 de julio, y el acta quedó firmada con fecha del 30 de julio. Resulta un poco extraño que se convoque casi inmediatamente a una nueva sesión en los primeros días de agosto y más aún en la coyuntura de cambio de gobierno. Está muy encima, y eso tuvo que tener una revisión de pares”, dice.
Lamenta, además, que en la página web del Minciencias aún no esté el acta de esa sesión del OCAD. Esa cartera, por el contrario, al ser consultada por El Espectador, prefirió no pronunciarse sobre el asunto.
“La citación sobre la aprobación de proyectos y el cumplimiento de requisitos legales tiene unos antecedentes preocupantes”, opina, por su parte, el exviceministro de Educación Víctor Saavedra, al referirse a casos como el de la convocatoria por $630.000 millones destinados a un proyecto de inteligencia artificial que quedó en manos de la empresa Internexa.
Se trata, cree la senadora Jennifer Pedraza, de una muestra más de “la pésima ejecución de los recursos del Fondo de Regalías de Ciencia y Tecnología durante el período de Yesenia Olaya.
A los ojos de alguien que estuvo acompañando a Olaya en un viceministerio, pero prefiere no ser citado con nombre propio, lo más adecuado es que se aplace esa sesión: “Yo entiendo que hay instituciones que están a la espera de que les aprueben los proyectos, porque seguro llevan un buen tiempo preparándolos y necesitan esos recursos. Pero si hay varios que no tienen una evaluación suficiente y hay alertas de inconsistencias, no se pueden aprobar por pupitrazo”.
Por su parte, desde la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) se pidió, a través de una carta, a rectores con representación en el OCAD no tomar decisiones con relación a la convocatoria 45, relacionada con el apoyo a centros de investigación, para que se revise la actuación administrativa que dio lugar al rechazo de uno de sus proyectos. De hecho, señala ASCUN, hay una acción de tutela que está en curso por este proceso.
“En consideración al papel que desempeña el Vértice de Universidades como representante del sector en el OCAD, y teniendo en cuenta que la próxima sesión de ese órgano colegiado fue convocada para el día de mañana, 6 de agosto, queremos sugerir respetuosamente que esta comunicación y la solicitud allí contenida sean puestas en consideración de ese órgano colegiado, para los fines que estime pertinentes en el ejercicio de su representación, con el fin de que puedan ser valoradas antes de la adopción de decisiones relacionadas con este caso, en el marco de las competencias y procedimientos que le corresponden”, se lee en el documento.
Proyectos con inconsistencias
El memorando redactado por la Subdirección de Ciencia, Tecnología e Innovación del DNP indica que cuando esa dependencia recibió del Ministerio de Ciencias el correo con la citación, empezó a revisar los insumos que les enviaron. Identificaron tres proyectos que tenían información incompleta, señalan. Uno, propuesto por la Universidad Tecnológica del Chocó; otro por la Universidad Tecnológica de Pereira y uno más por la Corporación Universidad de la Costa. Todos hacían parte de la Convocatoria 50.
Detectaron un vacío: “Estos proyectos, en específico, se encuentran sin observaciones por parte de los miembros del OCAD. Al parecer, ninguno de los miembros del vértice gobierno nacional, ni ningún otro miembro de los otros dos vértices, las realizó o cargó en las carpetas correspondientes tales observaciones”.
Decidieron analizar con más detalle uno de ellos, el de la Corporación Universidad de la Costa, que lleva un título difícil de recordar: “Diseño de estrategias basadas en modelación matemática para el control y la mitigación de la fiebre amarilla en el Departamento de Putumayo”.
Aunque aclara que sus comentarios no constituyen un concepto definitivo del DNP ni una evaluación, enumera varios hallazgos. Hay desde vacíos técnicos hasta desfases en el presupuesto.
Sin entrar en los pormenores que especifica el funcionario del DNP, señala que hay una “inconsistencia entre la convocatoria, la tipología y la madurez tecnológica”, además de un problema en la “formulación del problema y consistencia de la cadena causal”. Así mismo, señala que hay “insuficiencia en el protocolo de datos” y una ausencia de los compromisos que deben asumir las entidades que tendrían alguna responsabilidad en el proyecto.
“No se evidencian cartas o convenios que asignen a las Secretarías de Salud, a la Gobernación, a los municipios, al INS u otros custodios y usuarios responsabilidades concretas sobre suministro de datos, validación, adopción, operación y sostenibilidad. Esta ausencia es especialmente relevante porque el proyecto pretende incidir en decisiones de salud pública”, dice el DNP.
Frente a los hallazgos presupuestales, la lista es larga, pues los costos que plantea la Corporación Universidad de la Costa superan los topes de referencia.
“De 25 perfiles financiados con SGR, 18 superan el tope ajustado de referencia. El valor total analizado es de $2.518.395.990, frente a una referencia de $1.852.588.210”, se lee en uno de los párrafos que hace referencia al talento humano. En cuanto a equipos y software, el presupuesto pide $1.074.000.000, pero “se contrapone a una media de mercado de $297.344.191”. Es decir, la diferencia es de $776.655.809.
Respecto al apartado “Capacitación” dice que la diferencia es de 202,71 % frente a lo redactado en el proyecto y la media. “La ausencia de una ficha, concepto, matriz o soporte equivalente de revisión por parte de los miembros del OCAD no puede considerarse una omisión menor, puesto que el artículo 56 de la ley 2056 de 2020 establece que será responsabilidad de los miembros del OCAD emitir el concepto de viabilidad para la aprobación de los proyectos”, resalta el memorando, emitido el 4 de agosto.
En él, el subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación plantea dos escenarios frente a la reunión que se llevará a cabo en Cartagena. El primero es que, si las evaluaciones de esos proyectos existen, deben ser remitidas y debe convocarse una mesa técnica para subsanar las observaciones. En caso de que no existan, lo que sugiere es que se tengan en cuenta las observaciones y se dé a los “proponentes un plazo razonable para ajustar los proyectos”.
El segundo escenario plantea que, en caso de que en el orden del día se mantengan esos proyectos que no cuentan con “soporte técnico suficiente”, se solicite que se les retire del orden del día y se incluyan en otra sesión del OCAD, cuando las observaciones hayan sido respondidas y los miembros tengan suficiente tiempo para revisarlas y no solo 5 días hábiles.
¿Sobre qué versan las convocatorias?
Hay un punto a precisar sobre los montos que efectivamente se pueden aprobar en la sesión de este jueves. Estos hacen parte de las convocatorias 44, 45 y 50, que ya están cerradas y que hacen parte del plan bienal de regalías 2025-2026, que para este periodo cuenta con un presupuesto de más de COP 2 billones.
Este grupo de convocatorias reúne una bolsa de recursos de cerca de 900.000 millones (COP 237.398.000.000, COP 482.000.000.000 y COP 200.000.000.000). Según indicó el periodista Sebastián Nohra, los proyectos a aprobar rondarían los COP 700.000 millones. Vale señalar que el Ministerio de Ciencias no ha publicado el orden del día de la sesión del OCAD en el que se aclaran tanto los proyectos a discutir como el monto asignado a cada uno de estos. Además, en la sesión anterior, la cartera de sesión propuso reducir el monto de convocatoria 44 a COP 72.000 millones.
La primera es la 44, que fue lanzada el 14 de octubre de 2025, con el objetivo de financiar la formación de talento humano de alto nivel mediante el otorgamiento de créditos educativos 100 % condonables. Está dirigida a alianzas estratégicas entre Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y/o privadas de departamentos distintos dentro de la misma región del SGR, las cuales son las encargadas de formular el proyecto y seleccionar a los beneficiarios.
Esta tiene un presupuesto total de COP 73.000 millones, con la que se financian estudios de doctorado, maestrías y especialidades médico-quirúrgicas con la matrícula, financiamiento de investigación y sostenimiento.
A esta le sigue la convocatoria 45, que cuenta con un presupuesto global de COP $200.000 millones. Con estos recursos se busca aumentar la capacidad de investigación de centros e institutos de investigación, desarrollo tecnológico y de ciencia a través del fortalecimiento de capacidades de centros existentes y la creación de nuevos.
Se espera financiar un total de cuatro proyectos de nivel nacional (3 existentes y 1 nuevo). Los proyectos deben resolver al menos seis demandas territoriales distribuidas en todas las regiones del SGR, vincular a un grupo de investigación reconocido por Minciencias (A1, A o B) y presentar la documentación requerida con los anexos técnicos, el presupuesto, la MGA (una herramienta de planeación del DNP) y la carta de aval.
Y finalmente, está la convocatoria 50, que busca fomentar la investigación básica en ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. La iniciativa cuenta con un presupuesto total de COP 237.398 millones para financiar 24 proyectos que tendrán un plazo de ejecución de 36 meses. Se busca, según el Ministerio, la generación de nuevo conocimiento, apropiación social y divulgación, así como movilidad académica nacional, a través de mecanismos de colaboración entre las instituciones participantes.
Acá puede leer el documento completo del DNP:
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Por Sergio Silva Numa
Por Fernán Fortich
