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En medio de presiones y amenazas, comunidades en Putumayo salieron a marchar con pancartas y banderas de Colombia a pocos días de la jornada electoral atípica para elegir al nuevo gobernador de ese departamento que se realizará el próximo domingo.
La mayoría de ellas fueron convocadas por organizaciones sociales en apoyo a la paz, pero otras fueron ensombrecidas con denuncias de presión por parte de los grupos armados para que se pidiera la liberación de Geovany Andrés Rojas, conocido como Araña, y jefe de los Comandos de Frontera -una estructura de la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano-. Rojas fue capturado hace una semana al término del tercer ciclo de diálogo entre el Gobierno y ese grupo armado al mando de Walter Mendoza.
Aunque el silencio reina entre los habitantes, se han conocido de algunas denuncias por filtración de grupos en las movilizaciones que se realizaron el martes. “Ahora obligan a la gente a una marcha en algunos municipios del departamento, según ellos, por la paz, cuando en el fondo, lo que buscan es ejercer presión sobre el Gobierno Nacional para que liberen a su cabecilla detenido en Bogotá desde el pasado 12 de febrero del presente año”, señaló la organización Marcha Patriótica en un pronunciamiento.
Araña fue capturado en un hotel al occidente de la capital por agentes del CTI que portaban una circular roja de Interpol por el presunto envío de droga hacia Estados Unidos. Actualmente está privado de la libertad y aunque su equipo jurídico interpuso un hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Bogotá, este fue negado por el magistrado que recibió la petición.
Solo hasta este miércoles, una semana después de la captura, el presidente Gustavo Petro se refirió a la orden de extradición que pesa contra Rojas y dijo que estas pueden cesar si los procesos de paz avanzan. “Las normas de Colombia dicen que las órdenes de extradición pueden cesar si los procesos de paz demuestran avances de importancia. El avance se mide en el desmantelamiento de la economía ilícita y en el respeto a los derechos de la población”, dijo el mandatario.
El comisionado de paz, Otty Patiño, también confirmó que el Gobierno sí le ha planteado a la Fiscalía que suspenda la orden de captura contra Rojas.
Mientras se surte esa discusión, en Putumayo las comunidades fueron presionadas para marchar a favor de Araña en medio de amenazas de desplazamiento forzado, pago de extorsión e incluso sentencias de muerte.
“No es con amenazas y constreñimientos como se construye la paz; a la gente hay que darle la libertad de elegir si quiere o no participar, no es obligándoles a salir a cambio de no ganarse una multa o la misma muerte o el desplazamiento. Es indignante para la gente que ha sido víctima de este grupo, tener que salir obligada a una marcha a defender a uno de los responsables de sus desgracias con la falsa excusa de que es una marcha por la paz”, concluye Marcha Patriótica.
A eso se le suma otro factor que aumenta la preocupación en el territorio a pocos días de la elección de Gobernación tras la anulación de la elección del exgobernador Carlos Andrés Marroquín por el Consejo de Estado. Según fuentes cercanas al proceso electoral atípico que pidieron no dar su nombre por seguridad, las comunidades también estarían siendo cooptadas para que voten por un candidato en específico bajo intimidaciones o para impedir las elecciones.
“La mayoría de la gente no quería salir porque los obligaron a marchar. Incluso les estaban cobrando hasta cinco millones de pesos si no salían a las marchas. En un audio señalaron que para el caso de Puerto Asís debía salir la mitad de la población y tal cual fue eso, la manifestación estuvo casi rodeando las 10.000 personas”, señaló una fuente a Colombia+20 que por seguridad prefiere reservar su identidad.
La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta temprana ante los riesgos por los comicios en Putumayo. En la alerta número 30 de 2023, la entidad destacó las posibles presiones por parte de los grupos armados para interferir en las elecciones.
“Se tiene conocimiento de que los grupos armados organizados están contactando a candidatos, organizaciones y líderes sociales y comunitarios, citándolos a reuniones con el fin de cooptar procesos organizativos. Así, por ejemplo, el grupo Comandos de la Frontera estaría ordenando la postulación de determinados candidatos, mientras restringe la participación de otros”, se lee en el documento de la Defensoría.
En este contexto, no es ajeno el escenario de violencia que también ha alertado la entidad. En diciembre, la Defensoría emitió un comunicado alertando por la preocupación en materia de orden público a raíz de enfrentamientos entre las disidencias Calarcá Córdoba y el grupo Comandos de la frontera. Esos enfrentamientos aún siguen.
A la par de esa alerta, el pasado 4 de enero fue asesinado Elver Cerón, exalcalde de Mocoa. Según reportes preliminares, sicarios ingresaron a la vivienda del político y le dispararon mientras departía con otras personas. La situación aumenta el ambiente de inseguridad que desde ya rodea las elecciones atípicas del próximo domingo.
Los cuestionamientos a la campaña de Molina a la Gobernación
John Gabriel Molina Acosta es candidato de la coalición Putumayo, ¡Vamos en serio!, conformada por el partido Conservador, AICO y MAIS. Esta sería la tercera postulación del candidato y en las elecciones regionales de 2023 perdió contra Carlos Andrés Marroquín.
Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), se tienen indicios del presunto respaldo a la campaña de Molina por parte del exalcalde de Mocoa que fue asesinado, Cerón. Pares también señala que su campaña ha tenido apoyo de políticos cuestionados como Gloria María Ortiz, suegra del narcotraficante y líder de la banda criminal “La Constru”, conocido como La Gárgola.
“Los cuestionamientos más graves hacia el candidato Molina son aquellos que lo tildarían de estar presuntamente recibiendo apoyos de un grupo armado organizado del departamento en su campaña a la Gobernación”, señala Pares.
De acuerdo con el informe de Pares, el exministro Juan Fernando Cristo también había señalado las alertas de la Defensoría del Pueblo, así como de las mismas comunidades, sobre la intención de grupos armados de interferir en los procesos electorales, estructuras que estarían en diálogo con Gobierno Nacional.
“Según pudo establecer por diferentes fuentes la Fundación Paz y Reconciliación, estas declaraciones del exministro se habrían dado por el accionar de los Comandos de Frontera, quienes el 14 de diciembre de 2024 acordaron con el Gobierno Nacional la agenda de negociaciones y, como desarrollo del punto 1, de transformación territorial, establecieron la implementación de un piloto para el tránsito a economías lícitas, además de una reunión los días 30, 31 de enero y 1 de febrero con 300 miembros de comunidades”, señala Pares.
Además, el informe de Pares también se refiere al proceso de paz que se lleva con la Coordinadora. De acuerdo con información recogida por investigadores, los Comandos de Frontera estarían usando los programas de transformación territorial y el encuentro con los 300 campesinos para aumentar su gobernanza criminal y hacer campaña a la gobernación del candidato John Molina.
“Estas intenciones habrían hecho que los negociadores por parte del Gobierno Nacional en cabeza de Armando Novoa, solicitaran el aplazamiento del evento”, dice el documento.
En diálogo con Colombia+20, Novoa dijo que, en efecto, no se hizo ese evento para impedir que se usara para las elecciones.
En los testimonios recogidos por Pares, las comunidades señalan la campaña de Molina como “el de amarillo” y algunos temen por su vida al no lograr reunir la cantidad de personas que se le exigió a cada comunidad para apoyar al candidato.
Los otros candidatos a la Gobernación de Putumayo
Jonny Fernando Portilla Moncayo, hace parte de la coalición Construir sobre lo Construido, formada por el Liberal y, el partido fundado por el ex senador Roy Barreras, La Fuerza de la Paz. Según Pares, no hay mayores cuestionamientos en su hoja de vida y es una ficha cercana al exgobernador Marroquín.
El candidato del Pacto Histórico, la coalición de gobierno, es Miguel Ángel Rubio Bravo, quien no ha tenido señalamientos en su campaña. Y, finalmente, está John Freddy Peña Ramírez, candidato de la coalición Putumayo sigue adelante, formada por las movilizaciones de La U y ASI.
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