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La falta de garantías para los excombatientes de las FARC tiene encendidas las alertas en el país. Este sábado se reportó el asesinato de Hernán Amaya Velásquez, un firmante del Acuerdo de Paz que se destacaba como líder campesino y defensor de la Reforma Agraria en el departamento del Vichada.
Pocas horas después, los exguerrilleros de Mesetas, Meta, que hace menos de una semana denunciaron que se desplazarían por amenazas de grupos ilegales, publicaron un pronunciamiento en el que aseguran que la respuesta del Gobierno Nacional no ha sido eficaz, pese al riesgo en el que se encuentran.
Según alertaron el pasado 17 de febrero, 24 firmantes de paz y sus familias se irían de la Nueva Área de Reincorporación (NAR) Simón Trinidad, debido a una serie de hostigamientos de grupos armados.
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Los señalamientos de los firmantes
En el documento publicado esté sábado por el Partido Comunes y su componente en el Consejo Nacional de Reincorporación, los excombatientes manifestaron su preocupación por lo que califican como “una falta de compromiso y presencia del Gobierno Nacional y de las entidades encargadas de la implementación del Acuerdo Final”.
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Según dicen, a pesar de haberles puesto en conocimiento la amenaza en una reunión que acompañaron las autoridades del orden nacional y local, “han hecho caso omiso ante el clamor de nuestra población en evidente estado de vulnerabilidad, dilatando la conformación integral del Puesto de Mando Unificado por la Vida (PMUV)”.
Ante esta situación, los firmantes de paz exigieron la presencia del Gobierno Nacional y de la institucionalidad. En el documento pidieron “llevar cabo todas las acciones necesarias para la preparación, el traslado y la permanencia de nuestra población en un nuevo espacio donde podamos continuar con nuestras vidas de manera digna y pacífica, donde se proteja a nuestros niños, mujeres, ancianos y población en situación de discapacidad, y se nos permita el goce efectivo de los derechos a la salud, la educación, el trabajo, la seguridad personal y colectiva, la alimentación, la vivienda y el acceso a la tierra”.
¿Qué responde el Gobierno?
Colombia+20, de El Espectador, se comunicó con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la entidad del gobierno que lidera la atención a la población excombatiente.
Según indicaron, esta semana se convocará un PMUV con la institucionalidad para revisar la situación y coordinar acciones relacionadas con el tema.
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La ARN aseguró que, hasta el momento, se están llevando a cabo gestiones para encontrar predios adecuados para el traslado de los firmantes. “Se han realizado reuniones con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para este fin. No es cierto que no se les haya atendido; se les ofreció un predio de 500 hectáreas en Puerto López, que fue visitado por los firmantes. Sin embargo, la búsqueda de tierras continúa y se espera la concertación. La prioridad ahora es asegurar el acceso a la tierra, y seguimos trabajando para ofrecer más opciones”, explica la entidad.
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Sobre el tema de seguridad, la Agencia aseguró que se han realizado gestiones con la Delegación de Paz de grupos como el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por ‘Calarcá Córdoba’, para garantizar la protección de los firmantes. “La Policía y el Ejército han informado que están presentes en la zona, trabajando para garantizar su seguridad y protección”, indicó la entidad.
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