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En el Sur de Bolívar, el miedo se siente incluso dentro de las casas. En su afán por mantener oculta la ola de violencia que se vive en la región, los grupos ilegales están ingresando a las viviendas para revisar los celulares de los líderes y presidentes de Juntas de Acción Comunal y asegurarse de que no compartan evidencias de la actual crisis humanitaria, que ha dejado más de 1.000 desplazados en las últimas dos semanas.
“Se meten a los celulares para identificar quiénes están enviando los videos. El castigo es la pena de muerte”, aseguró un defensor de derechos humanos del territorio.
La comunicación de estas comunidades con el resto del país es cada vez más difícil y los reportes que llegan sobre los casos de violaciones contra los derechos humanos cada vez son más limitados. La escasa señal de celular tampoco ayuda y son pocas las imágenes para dimensionar qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, lo cierto es que en ese punto del país se está cocinando una emergencia.
Los liderazgos sociales han recomendado a los pobladores para que se abstengan de transitar por las carreteras y les pidieron evitar hacer actividades deportivas en áreas rurales, debido a la presencia de los grupos armados y los retenes ilegales que han sido instalados en varios puntos de la región.
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Las autoridades también indagan la muerte de un hombre de 36 años, quien apareció sin vida hace dos días en una carretera de la zona rural de Santa Rosa del Sur. Al parecer, la víctima se dedicaba a hacer labores de campo en ese municipio.
A este homicidio selectivo se suma el de un líder social, identificado como Robinson Loaiza López, quien hasta pocos días antes de su muerte era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Golfo, de Santa Rosa. Allegados a Loaiza han dicho en redes sociales que el hombre había renunciado a su liderazgo hace algunas semanas sin dar ninguna explicación.
Como estos dos casos ya serían siete los reportados en lo que va de este año en el sur de Bolívar, según denuncian los habitantes de esa región.
Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el ELN y la disidencia al mando de Calarcá Córdoba, conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente, tiene encendidas las alarmas desde hace meses. ¿Qué hay detrás de esta guerra silenciosa, de la que se teme una escalada que genere una emergencia humanitaria como la región vecina del Catatumbo?
El control de las minas de oro
La región del sur de Bolívar es apetecida por los grupos armados por estar ubicada en un cinturón minero que históricamente ha sido explotado por los grupos armados ilegales: la Serranía de San Lucas, el tercer punto con mayor producción de oro ilegal en Colombia.
Francisco Méndez, investigador de la Universidad de Cartagena, le explicó a Colombia+20 que si bien es cierto que desde el año pasado había enfrentamientos en la región, desde hace por lo menos dos meses la crisis se ha agudizado en un intento del ELN por recuperar territorios con explotación minera que en algún momento hicieron parte de su dominio criminal, pero que se fueron perdiendo y quedando en manos del Clan del Golfo.
El académico habla de tres focos de violencia en el sur del departamento. Dos de ellos están en disputa por el control de por lo menos 10 minas ilegales de oro, mientras que en el tercer punto el negocio es la extorsión a los mineros que trabajan legalmente. Por ahora, los municipios más afectados son Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal y Morales, todos ubicados muy cerca a la serranía.
“En el sur de Bolívar hay una guerra por el control de ese punto que es geoestratégico. Esa región es un punto intermedio que conecta a dos fronteras: el Darién y el Catatumbo, pero el ELN, con esa declaratoria de guerra al frente 33 en Catatumbo, está buscando controlar una de las dos salidas”, dijo Méndez.
El año pasado, un funcionario estatal, quien prefirió no revelar su identidad, le dijo a este medio que la minería ilegal en esa región de Bolívar podría dejar hasta 100.000 millones mensuales entre producción legal e ilegal. A esas rentas se suman las del narcotráfico, pues el Sur de Bolívar es la cuarta región con más cultivos de coca.
En contexto: Así se vive la guerra por el oro entre el Clan del Golfo y ELN en sur de Bolívar
Es por eso que Méndez cuestiona la presencia del Estado en la prospera región, asegurando que son recursos que se pueden asegurar para el desarrollo de las comunidades y no para la expansión de la guerra.
Lo paradójico del conflicto es que mientras el ELN y la disidencia de Calarcá se disputan territorio en Catatumbo, en el sur de Bolívar ambos grupos criminales tienen una alianza para combatir al Clan del Golfo.
Y aunque la alianza por ahora ha funcionado, varios líderes sociales y habitantes de la región temen una posible ruptura que desencadene una crisis humanitaria peor que la de Norte de Santander.
Una crisis anunciada que puede desencadenar un desplazamiento masivo
El riesgo de un desplazamiento masivo en el sur de Bolívar se extiende a los casi 150.000 habitantes que están ubicados en los municipios donde hay confrontaciones activas o una amenaza inminente de incursión de grupos armados.
Según Méndez, las afectaciones humanitarias que se están presentando en el sur de Bolívar ya habían sido advertidas por la Defensoría del Pueblo en por lo menos 14 alertas tempranas que han sido emitidas en los últimos años. Pero las pocas acciones del Estado han sido ineficaces.
Además, denuncia que los habitantes de los municipios más afectados ya no pueden salir de sus viviendas porque hay minas antipersonal en los caminos hacia sus casas o porque ya han recibido amenazas de muerte.
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Según la Defensoría del Pueblo, sur de Bolívar estuvo entre las regiones con más municipios con riesgo de desplazamiento durante 2024. La situación para 2025 parece no mejoras, pues hasta el momento se han reportado cuatro eventos de desplazamiento masivo.
El órgano de control también advierte sobre el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, así como el aumento del uso de minas y artefactos explosivos improvisados.
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también alertó hace algunas semanas sobre la necesidad urgente de que el estado haga una intervención con todas sus capacidades para afrontar la crisis humanitaria.
“Como lo habíamos anticipado comenzamos a tener desplazamientos y confinamientos de cientos de familias por culpa de la guerra entre estructuras criminales que operan en esta zona del departamento”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
Cero y van cuatro: volvemos a lanzar un SOS por la situación que se presenta en el Sur de Bolívar. Cómo lo habíamos anticipado comenzamos a tener desplazamientos y confinamientos de cientos de familias por culpa de la guerra entre estructuras criminales que operan en esta zona…
— Yamilito Arana (@YamilHAranaP) February 9, 2025
El interés de los grupos armados por dominar sur de Bolívar también está ligado al abandono estatal, pues es un territorio de difícil acceso al que solo se puede llegar tras extensos recorridos por ríos y trochas.
Además, este es un conflicto que viene de vieja data, pues diferentes organizaciones sociales han advertido por años sobre las afectaciones humanitarias causadas por los tres grupos armados, pero ha sido difícil acabar con el flagelo.
¿Un nuevo grupo armado?
Como si fuera poco, a las afectaciones humanitarias causadas por dos guerrillas y un grupo considerado heredero del paramilitarismo, esta semana los habitantes del sur de Bolívar recibieron en sus teléfonos un mensaje que los alertaba sobre la creación de un nuevo grupo armado.
Según un comunicado, emitido desde “las montañas del Sur de Bolívar”, una organización autodenominada Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) pidió a los campesinos de la región abandonar sus casas y fincas, pues anunciaban el inicio de confrontaciones armadas contra los otros grupos.
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“Le pedimos a los campesinos que hoy están bajo la opresión del paramilitarismo abandonar sus casas y fincas por un tiempo no muy largo mientras nuestras fuerzas guerrilleras nos encargamos de combatir a ese grupo paramilitar criminal”, se lee en el documento.
Hasta el momento no se tiene más información sobre esta organización criminal, pero expertos han alertado que si se diversifican los combates hay una gran posibilidad de que se desencadene una problemática de seguridad muy difícil de controlar.
Las comunidades además temen que el Estado no tenga la fuerza suficiente para hacerle frente a la crisis humanitaria, pues desde ya denuncian que el Ejército no está interviniendo en las confrontaciones entre grupos armados ni en la ayuda que necesitan las comunidades desplazadas para salir de sus territorios.
Este escenario de conflicto también se une a otros tantos que están ocurriendo en el país, donde las comunidades han tenido serias afectaciones humanitarias y donde la repuesta del Estado no ha sido contundente, como en Catatumbo, Chocó, Cauca, Guaviare.
En contexto: Los focos de violencia en el país que podrían desatar una crisis como en Catatumbo
No obstante, algo en lo que coinciden las víctimas es en que el Gobierno debe replantear su política de paz total a un nuevo modelo que involucre la seguridad, la presencia integral del Estado y el establecimiento de líneas rojas para frenar las confrontaciones entre grupos armados y llevar oportunidades a estos territorios.
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