Filo Gringo, el epicentro de la guerra en Catatumbo que empieza a agravarse por el factor Venezuela 


La Comisión Humanitaria del Catatumbo estuvo en Filo Gringo, donde encontró comunidades desalojadas y casas destruidas por artefactos explosivos.

Foto: Defensoría del Pueblo

Entre el estruendo de las bombas, los disparos indiscriminados y el zumbido de los drones, Filo Gringo, en El Tarra, quedó convertido en un pueblo devastado por la guerra que libran desde hace un año, pero con más intensidad en las últimas semanas, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

Lo que ha vivido este corregimiento en los últimos días es la muestra más fehaciente del deterioro humanitario en Catatumbo, que no solo enfrenta los combates entre ambas estructuras, el aumento de confinamientos y desplazamientos, y hechos de violencia contra la Fuerza Pública -como el reciente secuestro de cinco policías por parte del ELN- sino la alerta constante de que el panorama puede agravarse por la situación que vive la vecina Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, el reacomodo de sus fuerzas y el posible fortalecimiento de esa guerrilla.


Así lo comprobó esta semana la Comisión Humanitaria del Catatumbo, en la que participó la defensora del Pueblo, Iris Marín, representantes de la Iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU.

El grupo visitó los municipios de Tibú y El Tarra, así como la vereda Las Palmeras, los kilómetros 14 y 16 de la vía Tibú-La Gabarra –uno de los puntos donde ha habido más confrontaciones entre ambos grupos ilegales–, donde encontraron comunidades desalojadas en medio del reacomodamiento de tropas del ELN y el frente 33, que buscan expandir su presencia y tomar el control en territorios dominados por la otra estructura.


“Visitamos el corregimiento de Filo Gringo, en el municipio de El Tarra, que después de 20 años de haber sido quemado por los grupos paramilitares, habían avanzado en su recuperación. Casas destruidas por artefactos explosivos. El pueblo está lleno de vainillas y restos de artefactos explosivos expuestos en las calles, en el polideportivo, en los locales comerciales. Observamos varios de estos artefactos sin detonar al alcance de niños y niñas. Los pocos pobladores que aún permanecen en el municipio claman por ayuda”, dijo la defensora Marín, tras la visita al territorio.


La violencia parece ensañarse contra Filo Gringo, que históricamente ha sido un punto estratégico para los grupos armados y sus economías ilegales. Los enfrentamientos entre el ELN y las antiguas FARC, la incursión paramilitar en 2000 y ahora los enfrentamientos han obligado a vivir a sus pobladores con miedo.


En medio del reciente contexto de violencia, las cifras de familias que han tenido que abandonar sus hogares son alarmantes y anticipan un nuevo desgaste de la situación de derechos humanos en Norte de Santander, como la que ocurrió hace un año, cuando el conflicto desató la peor crisis humanitaria de los últimos 20 años en el país.


En una alerta emitida a inicios de esta semana, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que el deterioro de las condiciones de las comunidades de El Tarra ha sido progresivo desde finales de noviembre. Según el organismo, la violencia se agudizó a partir del 29 de diciembre y obligó al desplazamiento forzado de más de 65 familias –alrededor de 800 personas– de Filo Gringo, mientras que al menos 230 hogares permanecen confinados.


Lina Mejía, coordinadora de la organización Vivamos Humanos, dice que estos hechos se enmarcan en un fenómeno de revictimización que han dejado los dobles desplazamientos en Catatumbo, particularmente en El Tarra y Tibú. “Pero esto no solamente sucede ahorita, porque las confrontaciones no solamente se están dando ahorita, que es lo que a nosotros nos preocupa. Por ejemplo, el segundo semestre del año pasado, y siempre que nosotros estuvimos, había confrontaciones activas”, advierte Mejía.


Para Diógenes Quintero, representante de la curul de paz de Catatumbo, esa es una de las situaciones más críticas. “Esa misma gente había retornado sin condiciones de seguridad, sin dignidad, sin garantías e incluso sin voluntariedad, más por el estado de precariedad e indignidad que estaban viviendo en los albergues”, señaló a este diario hace unos días.


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Esa precariedad –explica Mejía– se ha visto profundizada por la ausencia de una respuesta humanitaria suficiente en la región. “Hay puntos en donde a la población de Filo Gringo nunca le llegó una primera ayuda humanitaria”, asegura. A esto se suma la interrupción de servicios básicos. Debido a amenazas de grupos armados, Proviservicios, la empresa que suministra gas en Tibú, anunció la suspensión del servicio.


Frente a la degradación de las condiciones de vida en Catatumbo, la OCHA reiteró su llamado a las autoridades: “Se han elevado solicitudes formales para la habilitación de un corredor humanitario que permita la evacuación segura de las familias y la atención de personas heridas, teniendo en cuenta que la misión médica no cuenta actualmente con garantías de seguridad para ingresar a la zona, lo que evidencia un deterioro acelerado de las condiciones de seguridad”, escribieron en la alerta.


Petro endurece su discurso tras llamada con Trump


La situación en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y la suerte de enroque que está haciendo ese país con Delcy Rodríguez –la presidenta encargada–, también empezó a tener efectos directos en Colombia.

Esta semana el país vivió una de las más fuertes tensiones entre EE. UU. y Colombia tras el coqueteo de Washington de hacer una suerte de “intervención en Colombia” y la amenaza del presidente Donald Trump a Petro al decirle que “debería cuidarse”.

Después de una llamada de 15 minutos entre ambos mandatarios, se pasó de los choques a una agenda diplomática -con fecha incluso para una reunión en febrero en la Casa Blanca-.

En su discurso en la Plaza de Bolívar y los posteriores anuncios de lo que fue el contacto telefónico, Petro endureció su discurso con el ELN y aseguró que le manifestó a Trump que “la paz de Colombia también puede ser la paz de Venezuela”. En ese mismo mensaje insistió en la necesidad de “quitar el mayor factor de violencia entre Colombia y Venezuela, que hoy por hoy se llama el Ejército de Liberación Nacional, controlador y asesino de campesinos, 200 de Catatumbo colombiano”.


Leonardo González, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), escribió en su cuenta de X que le preocupa esa narrativa: “Reducir la política frente al ELN a “darle duro” es repetir una fórmula que ya fracasó. La experiencia demuestra que la militarización de la frontera no desmantela a los grupos armados, pero sí incrementa los riesgos para la población civil”.


El ELN, por su parte, mantuvo sus acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública en busca de demostrar su capacidad operativa. El pasado 9 de enero, la guerrilla confirmó su responsabilidad en el secuestro de cinco patrulleros de la Policía, ocurrido en la vía Cúcuta-Tibú.

Sus familiares claman por su liberación. “Lo único que les puedo decir, de todo corazón, es que suelten esos muchachos y a mi hijo, que los suelten, ellos no tienen la culpa. Son unos muchachos que están comenzando la vida”, dijo a W Radio Eudoro Barrea, padre de uno de los policías secuestrados.


Con esas acciones, la guerrilla trata de reforzar su presencia y control en la frontera. Además, su carácter binacional y su cercanía con el chavismo podrían hacerle asumir un rol insurgente frente a una eventual intervención extranjera o ante un escenario de transición política en Venezuela. Un fortalecimiento de esta guerrilla, coinciden analistas, podría intensificar la guerra en Catatumbo y profundizar la ya grave crisis humanitaria.


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Sobre ese riesgo, Mejía advierte que existe preocupación por el reposicionamiento estratégico que viene adelantando el ELN y por el impacto que podría tener un aumento de las tensiones en la frontera, especialmente si se incrementa la militarización de la zona o se producen nuevas acciones armadas. A su juicio, ese escenario podría agravar las confrontaciones con las disidencias de las FARC y desencadenar nuevos desplazamientos desde Venezuela hacia el nororiente colombiano.


“La gente está a la expectativa de qué pasa, porque realmente la principal preocupación son las confrontaciones entre las disidencias y el ELN, pero si a eso se le suma que en efecto haya una presencia militar activa de Estados Unidos o que por ejemplo haya un segundo bombardeo, y ya esto cambie, y que de pronto el ELN amplíe su posición en la zona de frontera y que realmente el desplazamiento muy seguramente será hacia el nororiente colombiano, particularmente con gran influencia en el Catatumbo, pues terminará de convulsionar la región”, asegura Mejía.


Pese a ese escenario de alerta, líderes sociales aseguran que por ahora no se ha registrado algún fenómeno migratorio inusual. De hecho, Migración Colombia ha confirmado que hay paso pendular normal en la frontera.

“Hay que decir que existe una tensa calma. No ha habido una oleada de personas migrando hacia Colombia, pero el departamento se ha venido preparando para lo que pudiese ser, en dado caso de que el escenario en Venezuela se ponga más difícil. Esperamos que la situación se mantenga así”, señala Júnior Maldonado, dirigente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).


El clamor es compartido. Desde Catatumbo exigen que los grupos armados los escuchen, mientras reclaman que las instituciones actúen de manera efectiva para que la violencia no se intensifique y la crisis en Venezuela no agrave aún más sus vidas y derechos.


Monseñor Israel Bravo, obispo de Tibú, sabe que las comunidades están cansadas. En medio de su recorrido con la Comisión Humanitaria hizo un llamado a los grupos armados: “Que cesen este enfrentamiento absurdo y paren la guerra. Es necesario que volvamos a reconocer la grandeza de nuestro pueblo y sepamos valorar y respetar a nuestros campesinos, que claman por la paz en este territorio”.


La salud mental, en el centro de las preocupaciones


Cuando los drones de los grupos armados sobrevuelan el territorio, habitantes de Catatumbo ya pueden diferenciar si se trata de uno de vigilancia o si va cargado de explosivos. Entonces, niños, adolescentes y adultos se orinan en la cama.


Así lo relata la coordinadora de Vivamos Humanos, quien recorrió el territorio en noviembre de 2025 y se encontró con una realidad ya conocida, pero persistente: los daños que deja el fragor de la guerra no son solo materiales. La salud mental de las comunidades también se ve gravemente afectada.


“Lo que vimos a finales del año pasado fue un deterioro de la salud mental impresionante. Si no hay atención siquiera para casos médicos, muchísimo menos hay una atención psicológica”, explica Mejía.


Tras su visita al territorio, la Comisión Humanitaria del Catatumbo confirmó el grave deterioro psicosocial que atraviesan las comunidades. De acuerdo con la defensora Iris Marín, ese efecto atraviesa toda la región. “Muchas personas, incluso jóvenes, niños y niñas, se sienten agobiados y afectados por el temor permanente de explosivos, drones y combates”, dijo la defensora Marín.


La alerta emitida por la OCHA coincide en que la atención en salud mental y el apoyo psicosocial son urgentes. “La población afectada presenta afectaciones significativas en su bienestar emocional y en la cohesión social, evidenciadas en crisis de ansiedad, miedo intenso, llanto persistente, desorientación y síntomas compatibles con estrés postraumático, asociados a la exposición prolongada a hechos de violencia (...) La no intervención oportuna y sostenida incrementa el riesgo de afectaciones psicosociales crónicas, deterioro de la convivencia en albergues temporales y mayores probabilidades de violencia intrafamiliar”, escribió el organismo.


La ONU también pide protección para quienes tienen que desplazarse, alojamiento para esas personas, la activación del Plan de Gestión del Riesgo Escolar (PGIRE) y medidas de seguridad alimentaria.


Mientras la crisis se agrava y la amenaza del fortalecimiento del ELN desde Venezuela crece, las comunidades de Catatumbo exigen que cese la violencia y que las instituciones actúen. Están cansadas de abandonar sus tierras, agotadas de vivir en la frontera de todas las guerras.

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