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Al menos unas 600 personas de varias comunidades de Arauca como Puerto Nidia, Puerto Miranda, La Orqueta, Nuevo Horizonte y otras veredas del distrito de El Progreso en zona rural del Botalón, en Tame, se reunieron con autoridades para dar cuenta de la grave crisis humanitaria que vive desde hace varios días el departamento.
El encuentro de solidaridad -como denominaron la reunión- se llevó a cabo en el coliseo Olman Muñoz del centro poblado del Botalón y contó con la presencia de delegados de la Alcaldía Municipal y de la Defensoría del Pueblo, la Mesa Municipal de Víctimas de Tame, Asojuntas (Asociación que reúne a las Juntas de Acción Comunal de esas veredas) y el Consejo Municipal de Paz.
La reunión se da tras la petición de varios líderes sociales por los enfrentamientos entre miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y disidencias de las Farc en cuatro municipios de Arauca (Tame, Arauquita, Fortul y Saravena) que dejó hasta el momento 23 personas muertas, de acuerdo con la Defensoría.
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“De las 23 personas asesinadas avanzan los actos urgentes de identificación. 15 han sido plenamente identificadas, dos de ellas tienen antecedentes por porte ilegal de armas. Hay uno identificado, alias El Flaco, cabecilla de las disidencias de las Farc que tiene dos órdenes de captura, una por extorsión y secuestro y otra por tráfico ilegal de armas”, dijo el ministro de Defensa, Diego Molano tras el consejo de seguridad llevado a cabo el lunes pasado en Arauca.
El encuentro inició a las 10 de la mañana y culminó sobre la 1 de la tarde de este martes con la lectura de cuatro peticiones que hacen las comunidades entre las que se destacan la inclusión de espacios de diálogo con los actores del conflicto y no comprometerse a la población en los enfrentamientos.
La comunidad también ha contemplado un posible desplazamiento forzado dada las graves condiciones de seguridad en las que se encuentran.
Las exigencias, que fueron leídas a las afueras del centro poblado, contemplan:
Primero: Las comunidades de los territorios en mención categóricamente hemos manifestado se respete el derecho a la vida y a la permanencia en el territorio, garantizando los mínimos humanitarios y la exclusión de la población civil en el conflicto.
Segundo: La comunidad solicita al Gobierno Nacional unos espacios de diálogo con los actores del conflicto armado con acompañamiento de los entes de cooperación internacional y nacional como la ONU, la OEA, Defensoría del Pueblo y demás.
Tercero: las comunidades y sus dirigentes solicitan el aseguramiento de una logística que garantice las necesidades básicas como la salida, alimentación, vivienda, entre otros para la eventualidad de un desplazamiento forzado del territorio.
Cuarto: La comunidad solicita que la Fuerza Pública no comprometa a la población atrincherándose en las viviendas, escuelas o centros poblados.
En el quinto punto del comunicado leído por Asojuntas se afirma que esa asociación entrará en asamblea permanente “para mantener la comunicación y la coordinación permanente y continua con los organismos defensoras de derechos humanos local, nacional e internacional”.
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De acuerdo con Mayerly Briceño, lideresa del municipio de Tame y quien lideró la marcha que se dio el lunes pasado en ese municipio, las entidades oficiales aseguraron que se harán encuentros similares en los otros tres municipios donde han ocurrido los ataques.
Las alertas que se han dado sobre Arauca
Desde hace meses, distintas voces vienen alertando que la violencia en este departamento está escalando. A pesar de las alertas, organismos humanitarios y sociales advierten que hoy están sitiados.
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En marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el municipio de Arauca. En el documento, le pedían al Gobierno actuar con urgencia ante la exacerbación de los riesgos de ataque contra la población civil y de infracciones del Derecho Internacional Humanitario, por recientes acciones violentas del Eln y del frente décimo de las disidencias de las Farc, especialmente en la capital del departamento
En el documento exponían que las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional se han enfrentado, los primeros buscan el control del territorio para garantizar los corredores de drogas y armas, mientras que el Eln quiere recuperar la jurisdicción de los municipios.
“Hay un control invisible pero muy fuerte y esa es una modalidad muy seria de conflicto armado. No hablamos de guerra solo cuando se dan bala unos con otros, sino cuando un actor ilegal tiene más presencia que el mismo Estado, aún sin confrontaciones”, explicó el pasado noviembre a Colombia+20 el comisionado de la Verdad Saúl Franco en referencia al Eln y durante un recorrido por cinco corregimientos del piedemonte araucano.
La violencia se ha extendido por la frontera venezolana. De hecho, las autoridades aseguraron que los tiroteos habrían iniciado en el estado de Apure, en el vecino país.