Un duro balance dejan las primeras 24 horas que ya supera el paro armado que anunció la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que duraría hasta el próximo 17 de diciembre.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que habrá hasta COP 200 millones de recompensa por información que no solo “permita neutralizar anticipadamente la amenaza terrorista”, sino dar con los principales cabecillas del grupo armado.
Las últimas acciones han sido un atentado contra el peaje La Lizama, en la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja. En el hecho una funcionaria resultó herida; y otra contrala una subestación de Policía de Cuatro Vías, en Maicao, La Guajira. Según el ministro de Defensa, hombres dispararon contra el lugar, aunque no se reportan personas heridas.
La delegación de Gobierno en el diálogo de paz que se lleva con ese grupo armado y que está pausado hace un año también se pronunció y dijo que rechazaba el paro armado.
“La protesta contra las medidas del Gobierno norteamericano que se dirige contra las comunidades en el territorio carece de todo sentido”, dice el mensaje.
Varias zonas del país amanecieron el domingo con banderas alusivas al grupo insurgente y en carreteras de Norte de Santander el Ejército tuvo que desactivar controladamente dos cilindros bomba que paralizaron las vías entre Cúcuta y Pamplona y otro en la que comunica con Zulia.
El hecho más grave ocurrió también en Norte de Santander. Un conductor de una ambulancia fue asesinado durante un ataque armado del ELN contra la estación de Policía de Puerto Santander. El hombre murió tras ser impactado en medio del hostigamiento con armas de fuego.
Más tarde, en la Ruta del Sol, a la altura de Pelaya, en el sur del Cesar, la guerrilla atravesó una tractomula en la vía que dejó paralizado el tráfico por varias horas.
El secretario del Cesar, Eduardo Esquivel López, rechazó las acciones de la guerrilla en el departamento y, afirmó que junto con la Gobernación y el brigadier general Jorge Hernández, comandante de la Décima Brigada, implementará un “un plan de choque para mitigar bloquear y neutralizar las diferentes actividades del orden terrorista que el Eln pueda adelantar”.
Además, indicó que están “adelantando los patrullajes necesarios en los corredores de movilidad, protegiendo a la población civil”.
Además, la incineración de un bus intermunicipal en Valdivia, Antioquia. Al parecer, hombres armados del ELN habrían interceptado el vehículo con un retén ilegal en esa vía que comunica a ese departamento con la Costa Atlántica.
Instalación de banderas y asonadas contra la policía, las otras acciones de la guerrilla
En las primeras horas, árboles atravesados, banderas guerrilleras y artefactos explosivos abandonados obligaron a cerrar tramos clave en Cauca, Norte de Santander y Antioquia.
En el Cauca, las autoridades confirmaron al menos cinco acciones atribuidas al ELN en las primeras horas. Sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, en el sector de Mondomo, fue hallado un cilindro con emblemas del grupo armado, lo que obligó al cierre temporal del corredor mientras el Ejército y la Policía realizaban una destrucción controlada del artefacto.
La guerrilla instaló banderas, grafitis y cilindros en zonas de los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.
En Antioquia, la estrategia fue similar con banderas del ELN instaladas en vías principales generaron cierres preventivos y activaron consejos de seguridad.
El paro armado fue anunciado el viernes por la Dirección Nacional del ELN y respaldado por estructuras urbanas, con llamados a la población civil para evitar desplazamientos por carreteras y ríos. El Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN anunció el sábado que se sumará al paro armado.
En el mensaje, el grupo armado lanzó amenazas contra seis ciudades del país y sus áreas metropolitanas y rurales: Cúcuta, Barrancabermeja, Medellín, Bogotá, Cali y Popayán.
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro rechazó el paro armado y ordenó a la fuerza pública actuar contra el ELN y proteger a la población civil, insistiendo en que el país no puede paralizarse bajo amenazas.
Autoridades como la Procuraduría y la Defensoría exigieron al Gobierno medidas para proteger a la población.
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