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El jueves 16 de enero quedará marcado en la historia del país como una de las jornadas más violentas contra firmantes de paz del Acuerdo de Paz. Ese día, al menos cuatro excombatientes de las FARC fueron asesinados en medio de una seguidilla de ataques que dejó a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, sumergida en una crisis humanitaria.
Los firmantes no fueron las únicas víctimas de los seis días de terror que han vivido los catatumberos por los ataques de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los enfrentamientos con la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba. Entre el miércoles y ayer, la Defensoría del Pueblo estima que al menos 60 personas habrían perdido la vida y 450 familias se habrían desplazado de sus viviendas por miedo a quedar en medio de las confrontaciones armadas. Según el gobernador del departamento, William Villamizar, las cifras son más altas: al menos 80 muertos y 5.000 desplazados.
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La violenta arremetida de la semana pasada ha tenido como característica la persecución contra firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, quienes temen por sus vidas tras ser declarados objetivo militar de los grupos armados que están en disputa.
El primer homicidio fue reportado en el municipio de El Tarra, cuando hombres armados llegaron hasta la vereda Buenos Aires y sacaron de su vivienda a la víctima, identificada como Pedro Rodríguez Mejía. Por esas mismas horas, miembros de grupos armados llegaron hasta la vereda La Libertad, a 15 minutos del municipio de Convención, y asesinaron a un firmante de paz identificado como Jhan Carlos Carvajalino Quintero. En esa misma vereda se reportó el homicidio de Jhon Freddy Carrascal García.
Otro de los asesinatos tuvo lugar en el municipio de Teorama. La víctima fue identificada como Albeiro Díaz Franco, quien fue asesinado por hombres armados en el corregimiento de San Pablo.
Las autoridades también indagan si en ese mismo punto del país fue asesinado Yurgen Martínez Delgado, ya que inicialmente fue reportado entre los casos de homicidio, pero aún no se tiene confirmación. Fuentes cercanas al Acuerdo de Paz también han dicho que tres firmantes más habrían sido asesinados durante estos días.
Estos cuatro excombatientes de paz habían hecho su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Caño Indio, en el municipio de Tibú, y trabajaban en los municipios de El Tarra, Convención y Teorama.
Ante el complejo panorama de seguridad, los firmantes de paz y comunidades del núcleo veredal de ese ETCR se declararon en “asamblea permanente en defensa de la vida” ante la crisis humanitaria en Catatumbo. “Hacemos un llamado al ELN y a las disidencias del frente 33 que están presentes en el Catatumbo a buscar el diálogo y una salida a la grave situación humanitaria. Exigimos el respeto a nuestra población firmante de paz que habita el ETCR Caño Indio y la región del Catatumbo”, se lee en una carta compartida el sábado.
Por su parte, Pastor Alape, coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz por parte de los ex-FARC y del componente Comunes, dijo a Colombia+20 que la decisión del ELN de mostrar la fuerza en los territorios tiene un costo grave. “Esta acción del ELN lo que refleja es que no hay una concepción política en su accionar que hoy responde a otras dinámicas de ese control de las economías que funcionan en esos territorios”, dijo el firmante, quien también se refirió a la petición de Rodrigo Londoño, en voz del Partido Comunes, quienes hicieron un llamado al presidente Petro para frenar el “genocidio” contra los firmantes de paz. “Esa es una exigencia no solo al Gobierno, sino al Estado, porque aquí, más allá del Ejecutivo, también están instituciones permanentes que deben actuar, como es el caso de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Nuestra posición, y en eso estamos trabajando, es poder generar una movilización de acompañamiento presencial en el territorio”, dijo el coordinador.
La jornada cruenta contra excombatientes de FARC ocurre días antes de la presentación del informe sobre cómo va la implementación del Acuerdo de Paz frente al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En esa sesión, que se realizará el miércoles 22 de enero, participará el canciller, Luis Gilberto Murillo, quien ya adelantó que hablará de los “crimines de guerra“ del ELN en Catatumbo.
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“Los crímenes de guerra perpetrados por el ELN en el Catatumbo son un golpe al anhelo de paz de la sociedad colombiana que este gobierno ha interpretado plenamente y trabajado de manera incansable por lograrlo. Desafortunadamente, esta organización armada tampoco escuchó el llamado de la comunidad internacional en cabeza del Consejo de Seguridad y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas”, dijo Murillo.
También participará de nuevo el firmante de paz Diego Tovar, conocido en la guerra como Federico Montes. Según Alape, también pondrá sobre la mesa la reciente situación de los firmantes. Camilo González, jefe del Gobierno en la mesa de diálogos con la disidencia de Calarcá Córdoba, le dijo a este diario que las acciones violentas del ELN son un atentado contra la mesa de paz y que había una orden de aniquilamiento contra los excombatientes de las FARC.
“Nos han dicho es que la instrucción que se le dio al ELN es sacarlos y matarlos a todos (los excombatientes) porque, afirman, que son informantes, aliados del Gobierno y que hay que sacarlos del territorio. Hay una orden de aniquilamiento a los firmantes, que consideran un estorbo. Y la decisión es que el firmante se alinea con ellos o fuera. El asesinato de firmantes en una sola jornada es lo más grave que ha pasado. Y los que están en la mesa están declarados objetivos militares por el ELN”, aseguró.
Sobre el objetivo de los enfrenamiento del ELN y la disidencia de Calarcá —y con ello el fin de la tregua que por años tuvieron en esa zona los dos grupos armados—, González Posso dijo que todo era parte de una “estrategia de control de la frontera”.
Los asesinatos contra firmantes de paz en esa región del país podrían estar asociados a un fenómeno de estigmatización, ya que grupos armados los han relacionado con la disidencia de Calarcá Córdoba. “Mejor dicho, líderes que no estén con el ELN son declarados objetivo militar”, agregó un firmante de paz.
“En este momento los asesinatos son solo por parte del ELN. El Estado Mayor de Bloques hizo un compromiso en la mesa de diálogo de respetar la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz. Se han ratificado varias veces en el respeto a la población firmante y lo han cumplido. Hace tiempo no tenemos noticia de que ellos maten, desplacen o amenacen algún firmante de paz en Catatumbo”, manifestó un excombatiente de las antiguas FARC.
La principal petición de los firmantes en este momento es que el Gobierno nacional adelante los protocolos urgentes para evacuar el territorio y que los ayude a encontrar un espacio en donde puedan hacer su proceso de reincorporación con la garantía de que no los van a asesinar.
“Hay que buscar predios donde se pueda ofrecer la seguridad para que se reubiquen y puedan seguir los compañeros y compañeras sus actividades productivas o económicas, haciendo lo que han venido haciendo en Catatumbo ,donde ya no hay garantías para permanecer”, manifestó un excombatiente.
ELN admite asesinato a firmantes del Acuerdo de Paz
Este domingo, el Frente de Guerra Nororiental del ELN aseguró a través de un comunicado que asesinó a firmantes del Acuerdo de Paz.
La guerrilla -sin pruebas- aseguró que los reincorporados eran parte de las disidencia de las FARC conocidas como Estado Mayor de los Bloques y Frente.
“El objetivo de nuestras acciones son el grupo armado del frente 33 de las ex-Farc, sus milicias armadas y su estructura económica, por tanto, los llamados “firmantes de paz” que han sido dados de baja en las operaciones realizadas, no eran civiles, sino activos jefes de milicias y responsables de finanzas del 33″, dice el comunicado.
Además, Antonio García, máximo comandante del ELN, dijo que la muerte de firmantes de paz “no era política” de ese grupo armado, pero una vez más -sin justificar sus afirmaciones-, dijo que desmovilizados estarían alzados en armas.
También hay firmantes desaparecidos
Durante la jornada violenta de esta semana también se ha reportado el secuestro de tres firmantes de paz en los municipios de Convención y Teorama, según información compartida por la Defensoría del Pueblo, pero esta cifra podría ser mayor, pues, según la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), ocho firmantes habrían sido retenidos y aún no se sabe de su paradero.
El Observatorio de Paz PAZES ha señalado que entre los desaparecidos estarían José Enrique Urbina, Willington Alfonso Durán y Yovany Plata.
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Según Alejandra Miller, directora de la entidad, otros 45 firmantes de paz han solicitado ser evacuados de sus territorios, por lo que el Gobierno estaría preparando un resguardo en Cúcuta para poder atender a los excombatientes y sus familias. Se estima que por lo menos 100 personas saldrían desplazadas de sus viviendas.
“Exigimos a los grupos armados, especialmente al ELN, que respete la vida de la población civil, entre los que se encuentran firmantes del Acuerdo que desde hace ocho años están construyendo la paz en sus territorios”, dijo Miller a Colombia+20.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), asegura que la escalada violenta contra firmantes de paz en Catatumbo puede replicar un modelo similar al que fue impuesto en Arauca, cuando los excombatientes de paz fueron declarados objetivos militares por los grupos armados.
“Cuando el ELN y las disidencias empiezan a confrontarse, pues no hay una cancha delimitada y lo que más pasa es que empiezan a asesinar a población civil o liderazgos sociales que ellos estigmatizan como alianzas hacia los otros grupos. Los grupos armados los convierten en objetivo militar porque ellos se convierten en un actor incómodo ante el control territorial”, explicó la experta a Colombia +20.
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El comienzo de este año también ha dejado una preocupación intensa entre los excombatientes de las FARC, pues siete firmantes han sido asesinados según el monitoreo hecho por Indepaz (faltan tres por confirmar). Para este mismo período de tiempo el año pasado se habían reportado cuatro asesinatos. Uno de los excombatientes, identificado como William Alvarado Guzmán, fue asesinado el 1.° de enero en Garzón, Huila. La segunda víctima fue asesinada el 5 de enero por hombres armados que le dispararon en varias ocasiones cuando estaba con su pareja sentimental en San Vicente del Caguán (Caquetá).
Entre tanto, los habitantes del Catatumbo han enviado sendas alertas urgentes para que se pare con la crisis humanitaria, que ya deja cientos de afectaciones a los derechos humanos de sus habitantes.
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