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Podríamos decir que cero y van dos, pero en realidad cero y van decenas las veces que el Gobierno colombiano ha intentado encauzar en más de 60 años las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La segunda suspensión en menos de cuatro meses de los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN que se dio el viernes -la primera fue en septiembre tras un atentado contra una base militar en Puerto Jordán- marca un momento crítico para esa mesa de negociación y la política de “paz total” del mandatario que, sin embargo, parece ser solo una amenaza de punto final a un proceso de paz que desde hace más de un año está quieto.
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La decisión fue anunciada a través de la cuenta de X del mandatario luego de una serie de ataques en la región del Catatumbo y enfrentamientos entre el ELN y la disidencia de las antiguas FARC comandadas por “Calarcá Córdoba” -algo infrecuente en una región que tácitamente ha tenido una tregua entre las estructuras presentes-. “Lo que ha cometido el ELN en el Catatumbo son crímenes de guerra”, dijo Petro, que se trasladó ese mismo viernes y llevó a cabo un consejo de seguridad y paz en Tibú.
En el encuentro se analizaron las estrategias para recuperar el control de la región y, por ahora, el Gobierno no descarta la declaración de estado de conmoción interior para hacerle frente a la oleada de violencia.
Según afirmaron las autoridades, los hechos dejaron al menos unas 50 personas muertas, entre ellas una pareja con su bebé de solo nueve meses de nacido y siete firmantes del Acuerdo de Paz de 2016.
La intensidad de la violencia no solo complejiza el panorama de ese diálogo de paz, sino la situación de la población de esa región, que desde hace meses viene dando muestras de una guerra que se vive de a poco y en silencio. Catatumbo, una región estratégica en el noreste de Colombia, ha sido un punto neurálgico para diversos grupos armados debido a su ubicación fronteriza con Venezuela y su importancia para el narcotráfico.
Los enfrentamientos, que sobre todo han afectado a los municipios de Tibú, El Tarra y Teorama, se recrudecieron en la noche del viernes y dejaron escenas como la de una treintena de profesores abandonando de forma masiva el territorio a bordo de motocicletas y banderas blancas. Y otras como la del rescate del líder campesino José del Carmen Abril, conocido como “Carmito”.
En esa travesía por buscar un refugio, “Carmito” solo pudo grabar videos con su celular para pedir auxilio, mientras tanto, los hombres armados visitaron por lo menos en cuatro ocasiones su casa, la orden era asesinarlo. El líder, reconocido por su trabajo en el Catatumbo, permaneció más de 24 horas escondido hasta que sus llamados surtieron efecto y en la tarde del 17 de enero fue rescatado junto con otro grupo de 19 líderes sociales, también amenazados de muerte, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo.
“Ole compañeros, compañeras. Estamos a salvo. Ya nos libramos de las manos de los sanguinarios. A esta hora no hemos almorzado, pero estamos con vida. Así que quiero agradecer a todos y a todas el esfuerzo que hicieron por mí y por todos los que estamos acá. Iban a matarnos. Muchas gracias”, dice “Carmito” mientras va en un helicóptero de la Fuerza Pública.
Una política de paz y proceso en jaque
La suspensión de los diálogos no solo pone en riesgo la relación con el ELN, sino también afecta directamente una de las banderas del gobierno Petro: la política de “paz total”. Los hechos recientes subrayan los desafíos de implementar esta estrategia en un contexto de fragmentación de actores armados y desconfianza mutua.
Es que la última semana ha sido agónica para ese proceso. A los ataques en Catatumbo y los enfrentamientos con la disidencia de “Calarcá” se suman la denuncia del comisionado de paz, Otty Patiño, quien afirmó en una dura carta dada a conocer el miércoles que el ELN tenía un plan para asesinar a Álvaro Jiménez, su principal asesor y actual negociador del Gobierno en los diálogos con el Clan del Golfo.
Toda esta escena se da apenas unos días antes de la reunión extraordinaria que tenía prevista el Gobierno con esa guerrilla para, justamente, intentar descongelar el proceso. Y hay otro factor más: la reciente posesión de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Durante años se han denunciado presuntos vínculos entre el régimen venezolano y el grupo guerrillero, incluyendo acusaciones de colaboración en actividades de contrabando y tráfico de drogas. Con la “tregua” tácita que había entre los grupos armados en Catatumbo rota, este tema no será menor.
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“Hay que tener en cuenta que si bien hubo una tregua, durante el último año las tensiones en Catatumbo han venido aumentando por cuenta de la crisis de la economía cocalera (...) no descartaría que la situación en Venezuela vaya a ser muy importante en lo que vaya a pasar a continuación. Sabemos que el ELN tiene estrechas relaciones con elementos del régimen venezolano con elementos militares alrededor de la frontera, entonces esto será importante para los cursos humanitarios el desenlace de esta confrontación”, dijo a Colombia+20 Jorge Mantilla, experto en temas de crimen y seguridad.
Y agregó: “Toda esta frontera está interconectada por el lado venezolano en las llanuras y creo que tiene que ver con esto. Además no descartaría que la situación en Venezuela vaya a ser muy importante en lo que vaya a pasar a continuación. Sabemos que el ELN tiene estrechas relaciones con elementos del régimen venezolano con elementos militares alrededor de la frontera, entonces esto será importante para los cursos humanitarios el desenlace de esta confrontación”
La decisión de Petro podría tener implicaciones políticas significativas. Sectores críticos de su gobierno podrían usar esta suspensión para argumentar que la paz total es inviable o que las concesiones a los grupos armados han sido excesivas.
Algunas de esas voces ya se han escuchado, como la del excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien dijo que la paz total se convirtió en un “caos total”. La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, también se pronunció. “Este Gobierno está convencido de que la paz es el único camino para Colombia, ahora se requiere que estas organizaciones decidan si la paz es su destino, mucho más cuando este Gobierno trabaja en superar las causas del conflicto armado”, precisó Pizarro.
Organizaciones sociales también afirmaron que esta decisión podría ser una oportunidad para replantear las condiciones de los diálogos y exigir compromisos más claros de parte del ELN. “El ELN no ha querido aceptar las oportunidades que este Gobierno ha generado para llegar a la solución negociada del conflicto armado. Por otra parte, el Gobierno ha cometido una serie de errores en estos procesos de diálogos, entre ellos la ausencia de una estrategia y hoja de ruta clara para avanzar”, dijo la Coordinación Regional del Pacífico colombiano.
Júnior Maldonado, parte de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), dijo que estaban ante una tragedia humanitaria. “Solo la movilización de las comunidades hará posible la construcción de la paz en el territorio, somos más los que queremos la paz para el Catatumbo”.
Con estas acciones empieza a cerrarse cada vez más la posibilidad de que se concrete un acuerdo de paz antes de que el presidente Petro abandone la Casa de Nariño, en 2026. El mismo Pablo Beltrán, jefe negociador de esa guerrilla, dijo a finales de noviembre que la meta de ese grupo armado era avanzar “lo máximo posible, hasta 2026, cuando concluye el presente Gobierno” y “dejar este proceso lo más avanzado posible para que próximos gobiernos le den continuidad”.
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La falta de una unidad de mando sobre los frentes, las tensiones con el Gobierno y la necesidad de preservar su control territorial y sus economías ilícitas han sido uno de los principales obstáculos en las negociaciones.
“El ELN está pensando más en 2026. Este proceso de paz está condenado al fracaso, independientemente de que se mantengan las conversaciones. El ELN ya ha dicho que hará la paz con el otro gobierno y de alguna manera lo que se puede esperar es un posicionamiento más agresivo del ELN de cara a las elecciones de 2026”, afirma Mantilla.
El Gobierno enfrenta el desafío de mantener la legitimidad de su apuesta por la paz en un contexto de escalada de violencia, pero también de dar resultados más eficaces en el tema de seguridad que hoy es la principal demanda de la ciudadanía. Esto requiere no solo reconfigurar las estrategias de negociación, sino también reforzar las medidas de seguridad para proteger a las comunidades afectadas y a los firmantes de paz.
En los últimos días, la violencia en esta zona ha escalado de manera alarmante, dejando un saldo de civiles muertos, incluidos firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y líderes sociales.
El ELN y las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC se han enfrentado por el control territorial, lo que ha generado una crisis humanitaria y de seguridad. Las acciones del ELN, que incluyen ataques directos a la población civil, han sido interpretadas como una estrategia para consolidar su poder en la región y aumentar su capital de negociación en las mesas de diálogo.
El grito de auxilio de las comunidades catatumberas
La ola de violencia que se desató en esa región del Norte de Santander ha golpeado con fuerza tanto a líderes sociales como a firmantes de paz, quienes han denunciado haber sido declarados objetivo militar por la guerrilla del ELN. Así como José del Carmen Abril, otra cantidad de líderes sociales del Catatumbo están amenazados y resguardados a la expectativa de lo que suceda en adelante. Saben que el riesgo es latente y que sus vidas están expuestas.
“Una organización al margen de la ley hizo una declaración donde los líderes de la región son declarados objetivo militar. Hemos decidido sacar nuestras familias hacia otras partes, nos ha tocado pedir refugio. Nuestros líderes están confinados por la situación de que el ELN está arremetiendo contra la población civil y contra la dirigencia social del Catatumbo”, relató a Colombia+20 un líder del Movimiento Comunal del Catatumbo que solicitó reservar su identidad por motivos de seguridad.
La situación ha puesto en alerta máxima a la población civil, que teme quedar en medio de posibles enfrentamientos entre el ELN y la disidencia en los próximos días. Además, la preocupación crece a raíz de las retenciones, los ataques y el bloqueo de vías.
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“Las estructuras armadas han rotado mensajes por Whatsapp en la región, donde les recomiendan a las personas que se desplacen a los cascos urbanos para que no queden en medio del fuego cruzado. Es una situación que nos alerta a todos y nos preocupa. Por eso estamos buscando la manera de frenar la confrontación”, añadió el líder.
Sin embargo, aunque existe una alerta para salir de las zonas rurales hacia ciudades principales, los habitantes de zonas del Catatumbo, como Tibú, han denunciado que no han podido salir de sus casas. “Todos están pensando en migrar, pero no hay garantías en las vías. Se habla de que las tienen con minas antipersonas, hay comunicados donde dicen que están prohibiendo el paso de carros. Todo el mundo está en la zozobra”, dijo un habitante de Tibú.
Las amenazas contra firmantes y líderes
De acuerdo con un líder consultado por este diario, las amenazas y la persecución que se han presentado recientemente contra el liderazgo social en Catatumbo se deben en parte a las constantes denuncias que han realizado alertando sobre posibles enfrentamientos entre ambas estructuras armadas. Eso incluye los comunicados y las movilizaciones donde señalan los constantes ataques por parte del ELN en la región contra el movimiento social.
Lo cierto es que el recrudecimiento de la violencia en esa zona del país en los recientes días, según líderes sociales, no es algo desconocido, pues desde antes del mes de noviembre varias organizaciones de derechos humanos de la región lanzaron alertas por posibles ataques violentos, e incluso el pasado 7 de diciembre realizaron una asamblea por la paz, donde manifestaron lo que podría ocurrir .
“Nunca tuvimos respuesta por parte de las entidades del Estado, incluso algunos integrantes del Gobierno nos decían que en Catatumbo no iba a haber conflicto, que eso era generado como un clima de politización política por parte de la dirigencia social buscando protagonismos. Nosotros rechazamos tajantemente ese señalamiento, y el día de ayer fue una clara evidencia de que eso iba a pasar”, dijo un líder de esa región.
En ese llamado de atención el movimiento social en Catatumbo también les pidió respuestas a los grupos armados de la zona. Por parte de la disidencia de Calarcá, según señaló el líder social, los comandantes del bloque Magdalena Medio y del frente 33, “John Mechas” y “Andrey Avendaño”, respondieron que tenían una buena comunicación para dirimir los problemas, pero por parte del ELN no obtuvieron respuesta, hasta que esta semana se desató la escalada violenta contra líderes, población civil y firmantes de paz.
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“Aquí hubo omisión del Estado. La oficina del comisionado tenía conocimiento de la situación, el Gobierno tenía conocimiento. Nosotros lo advertimos y se hubiera podido evitar. Estamos hablando de vidas. No es una cuestión simple, porque estamos hablando de un territorio que abarca muchas dinámicas sociales. Es algo que se hubiera podido hablar en las mesas de diálogo”, afirmó una lideresa del territorio que pidió reserva de su nombre. Y añadió: “Ya hemos puesto los suficientes muertos desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, casi 1.700 líderes asesinados, y no podemos seguir volviendo eso una cifra normalizada”, dijo.
Los firmantes de paz también han sido directamente atacados por el ELN. Solo en un día, el pasado 16 de enero, Indepaz reportó el asesinato de cinco ex-FARC identificados como Pedro Rodríguez, Jhan Carlos Carvajalino, Albeiro Díaz, Yurgen Martínez y Jhon Freddy Carrascal. Todos fueron sacados de sus casas en zona rural del Catatumbo y asesinados.
“Los firmantes tenemos el alma rota (...) Lo que hay detrás de los ataques es el afán por perpetuar el rol hegemónico en un territorio estratégico de frontera con Venezuela. Una segunda razón es que están golpeando el Acuerdo de Paz porque están matando firmantes. Están muy dolidos por el ejercicio que hemos venido haciendo en el territorio con el diálogo con líderes sociales, donde ha venido participando también el EMBF, en el marco de la definición de unos objetivos de transformación territorial. Esta guerra también va dirigida a sabotear los diálogos de paz con el Estado Mayor de Bloques”, explicó el firmante de paz consultado por este diario. El principal pedido de los ex-FARC es que el Gobierno los ayude con la reubicación urgente.
El llamado urgente al Gobierno Nacional
El pedido principal de las comunidades es claro. Más allá de una militarización, el reclamo es a que se abran corredores humanitarios para lograr evacuar a las poblaciones que podrían quedar en medio de los enfrentamientos. “Nosotros lo que menos queremos es que Catatumbo sea un escenario de conflicto nuevamente. La respuesta ante estas situaciones no es una militarización por parte del Estado a la región. Eso lo que haría es recrudecer aún más la violencia, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas, lo dicen las cifras y las realidades del país”, señaló un líder social en referencia a lo que se vive hoy en el Cauca.
En ese sentido, las organizaciones sociales piden que el Gobierno cumpla con un papel de intermediario para que las acciones violentas cesen y se logre al menos una conciliación. A esa petición se le suma la necesidad de que las voces de los líderes sean escuchadas como una posible resolución, puesto que son ellos quienes conocen su propio territorio.
“Hemos solicitado a gritos desde la dirigencia social del Catatumbo que se nos escuche y que se nos atienda. Estamos solicitando al Gobierno corredores humanitarios y refugios humanitarios para brindarle las garantías a las personas. Necesitamos que se nos escuche, que los líderes sociales del Catatumbo y las organizaciones defensoras de derechos humanos tenemos la solución en las manos, sin embargo necesitamos articular acciones con el Gobierno Nacional”, dijo un líder del Movimiento Comunal del Catatumbo.
En el caso de los firmantes de paz, el principal pedido de esa población es que el Gobierno los ayude con la reubicación urgente de las comunidades de ex-FARC que han sido desplazadas con la ayuda de la Agencia Nacional de Tierras para determinar nuevos asentamientos con garantías, además de la protección de la vida de aquellos que han sido amenazados. “La comunidad del Catatumbo tiene la esperanza de que los gobiernos de Cuba y Venezuela ayuden a detener este genocidio. Necesitamos que sean solidarios con las comunidades del Catatumbo”, dijo un firmante de paz.
La segunda suspensión de los diálogos entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN representa un momento de inflexión para la paz en Colombia. Si bien la decisión subraya las dificultades inherentes a negociar con actores armados, también abre la posibilidad de reevaluar las estrategias y las prioridades de la paz total. La cuestión ahora es si ambas partes estarán dispuestas a retomar el camino del diálogo bajo nuevas condiciones o si el país se enfrentará a una prolongación del conflicto armado.
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