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La Comisión Legal de Paz de la Cámara de Representantes emitió un comunicado para exigirle al gobierno de Gustavo Petro que se atienda de manera urgente y oportuna la crisis humanitaria que actualmente se acentúa en la región del Catatumbo, Norte de Santander
En los últimos días, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha protagonizado varios ataques violentos en contra de población civil, firmantes de paz y contra el proceso de diálogo que se adelanta en esa zona con la disidencia de las extintas FARC, Estado Mayor de Bloques Y Frente (EMBF).
La ola de violencia inició con la masacre de tres miembros de una familia, entre ellos un bebé de nueve meses. Posteriormente, el asesinato de cuatro firmantes de paz en un mismo día encendió aún más las alarmas, al punto de que el proceso de paz con el ELN fue suspendido por el presidente Petro.
A partir de ese momento, centenares de familias se han desplazado de las zonas rurales de esa región hasta el casco urbano de Tibú, también hacia Cúcuta y Venezuela, escapando de la violencia que amenaza con llegar hasta sus casas.
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Según información de las comunidades y de la Defensoría, miembros del ELN estarían visitando casa por casa y finca por finca para asesinar a firmantes del Acuerdo y líderes sociales.
Sin embargo, las organizaciones sociales ya habían advertido desde el año pasado que ese tipo de confrontaciones o hechos violentos se podrían presentar.
Asimismo, la Defensoría emitió alertas tempranas para que el Gobierno se hiciera cargo de la situación, pero no hubo respuesta y varios líderes del Catatumbo aseguran que hubo omisión del Estado.
Las cifras dan cuenta de la magnitud de lo que está ocurriendo en esa región. Hasta el momento, según la defensora Iris Marín, se han registrado 60 asesinatos, 450 familias desplazadas, tres firmantes del Acuerdo secuestrados. Sin embargo, las cifras podrían ser más altas.
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A eso se le suma la suspensión del comercio, el transporte y las escuelas.
“Esta situación humanitaria se agrava como consecuencia del histórico abandono del Estado con la región del Catatumbo”, dice el comunicado de la Comisión de Paz.
Dentro de las principales exigencias de esa comisión está:
- Implementar medidas inmediatas de protección para la población civil.
- Garantizar corredores humanitarios para la evacuación segura de la población.
- Cumplir con los principios de subsidiariedad y corresponsabilidad en la asistencia y atención integral para las víctimas del conflicto.
- Tomar el control del territorio.
- Buscar mecanismos humanitarios para desescalar el conflicto.
- Acelerar la firma e implementación del Pacto por la Transformación Territorial del Catatumbo.
“Exigimos al ELN y al EMB - FARC respetar el Derecho Internacional Humanitario y cesar hostilidades contra la población civil”, concluye el comunicado.
Las cifras que ha dejado la crisis humanitaria en Catatumbo
No solo los hostigamientos de los últimos días tienen a esa región de Norte de Santander azotada, en todo lo que va de enero hasta este lunes, Catatumbo reporta más de 60 personas muertas, 30 heridas, 40 retenidas y más 450 familias desplazadas. A eso se suma el asesinato de al menos siete firmantes de paz.
Además, cerca de ocho municipios afectados por eventos violentos, entre ellos: Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, Tibú, El Tarra, Sardinata y El Carmen.
Según Vivamos Humanos, en 2024 la región tuvo registro de más de 162 eventos violentos y fue uno de los 5 primeros territorios más violentos del país.
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