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“Estoy padeciendo lo que documenté”: Andrés Celis, investigador de CEV amenazado

El investigador de la Comisión de la Verdad Andrés Celis habló con Colombia+20 sobre las amenazas y hostigamientos que ha recibido tras la entrevista que en febrero pasado le hizo a ‘Otoniel’, al exjefe del Clan del Golfo, y que lo obligaron a salir del país para proteger su vida.

Silvia Corredor Rodríguez
07 de octubre de 2022 - 06:30 p. m.
Exinvestigador de la Comisión de la Verdad, quien trabajó con la entidad desde su inicio en 2018.
Exinvestigador de la Comisión de la Verdad, quien trabajó con la entidad desde su inicio en 2018.
Foto: Archivo personal

El seguimiento y las acciones en contra del exinvestigador Andrés Celis iniciaron el 18 de febrero de este año cuando ingresaron a su casa a robarle grabadoras y un computador donde se alojaba el material recopilado en la entrevista realizada dos días antes a Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’, exjefe del Clan del Golfo.

En julio pasado, cinco meses después de esa entrevista que era parte de la construcción del Informe Final de la Comisión de la Verdad, Celis comenzó a recibir amenazas de muerte en contra de él y de su familia, que hasta ahora no han cesado, y que lo llevaron a salir del país bajo un programa de protección de defensores de derechos humanos.

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Este jueves, Celis volvió a denunciar en su cuenta de Twitter sobre este hostigamiento y detalló que le hacen llamadas donde lo insulta y amenazan. “Me han dicho que me van a asesinar que no les importa el cómo hacerlo. Han dicho que me han seguido durante días y ni cuenta me he dado. ¿Qué buscan?”, dijo en su publicación.

Colombia +20 habló con el exinvestigador de la Comisión de la Verdad para conocer más detalles sobre el proceso de investigación que llevan los entes correspondientes frente a su caso y las afectaciones que estos hechos han generado en su vida.

Después del asalto a su apartamento en febrero de este año en Bogotá, ¿qué otras acciones han ocurrido?

Me fui para Santa Marta, estuve allá un tiempo y allí volví a ser atracado. Eso está denunciado también ante la Fiscalía. En esa oportunidad me quitaron un documento del trabajo, plata, los papeles que había alcanzado a sacar nuevamente y el celular del trabajo. Esa investigación la Fiscalía la cerró y dijeron que había sido un hurto normal. Sin embargo, para mí no fue así porque específicamente ese día las personas que me abordaron solo me pidieron los celulares y se me llevaron un libro.

Después de eso regresé a Bogotá y ahí fue cuando comenzó el calvario porque como medida de autoprotección, me comencé a mover de casa, a no residir en la misma y ahí fue cuando volvieron las amenazas al celular. Esto también está en conocimiento de la Fiscalía. En total fueron 11 llamadas en distintos momentos, y todas tuvieron un mismo patrón: me insultaban, me decían que sabían yo quién era, qué había hecho y que me cuidara.

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Después de las llamadas, estuve angustiado por no saber de dónde provenían las amenazas porque en el trabajo que se hizo en la Comisión se investigó a agentes del Estado, se habló con gente que está prófuga de la justicia, con exmilitares retirados, pero a mí me inquietaba que no se identificaran, que no dijeran quiénes eran ni qué querían.

Con la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, ¿las amenazas y hostigamientos cesaron o aumentaron?

Con la entrega del Informe no estaba tranquilo porque todavía no había pasado la coyuntura, mi familia ni yo habíamos podido tener tranquilidad, la Fiscalía no había dicho nada sobre el hurto a mi apartamento. No volví a recibir absolutamente nada, pensé que el tema había quedado como ahí, obviamente que no había pasado pero no recibí llamadas, mensajes ni nada. Luego vienen los mensajes y llamadas recientes.

¿Cómo fueron las últimas llamadas que recibió desde el pasado 3 de octubre?

No llevando más de ocho días por fuera, nuevamente vuelvo a ser amenazado en tres oportunidades. Me escribieron al celular el lunes 3 de octubre: “Buen día”. No contesté. El martes me escribieron: “Estoy llamando” (como se lee en los chats del tweet).

Ahí me llamaron, contesté y la persona se identificó como parte de las Agc (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo). Después recibí otra llamada de un número privado y esta vez se identificaron como Auc (Autodefensas Unidas de Colombia). Por último, me llaman de otro número y las personas dicen que a ellos les ofrecieron plata por asesinarme, que conocen mi trabajo y a mi familia, que no me quieren matar, que cuánta plata les iba a mandar para que ellos me revelaran la identidad de las personas que me mandaron a matar y no hacerme nada mí. Esa última llamada sí se entiende como extorsión.

La preocupación mía es que quedó expuesta mi familia, a pesar de que traté de tener todas las medidas de autocuidado.

¿Por qué cree que las amenazas continúan?

El ejercicio que realicé en mi equipo con el comisionado Alejandro Valencia y en su momento con Alfredo Molano, fue un ejercicio riguroso de esclarecimiento, donde se entrevistaron a grandes artífices o patrones de la guerra. Obviamente se recopiló mucha información, pero estoy perdido porque no dicen qué quieren en las llamadas porque a mi modo de ver son ganas de infundir miedo.

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Pero lo que me pregunto internamente es ¿miedo hacia qué? o ¿miedo de qué? Cuando a uno lo amenazan es para que uno diga algo o para que uno no diga nada, pero qué tengo que decir si lo que se dijo está en el informe. Estoy perdido y eso es lo que más jode la cabeza estar confundido sobre quiénes serán, qué hice, qué es lo que quieren.

¿En qué momento decidió salir del país para proteger su vida?

Después del hurto del apartamento que salí y volví, esperé que las cosas se calmaran pero después de las llamadas, que empezaron a amenazarme en julio dije ‘no, hay que salir un rato para que las cosas se calmen’. Comencé solo a mirar qué hacía, a dónde me iban y también pensando en salir para estudiar. Lo hice pensando en que las cosas se iban a calmar pero ha sido lo contrario.

¿En qué va el proceso de investigación por parte de la Fiscalía?

Puse todo a disposición de la Fiscalía para que se investigara pero no ha avanzado en nada. La investigación la tiene ahora un fiscal del grupo de amenazas a líderes y lideresas. Hemos llevado el proceso normal de entrevistas y también hice una ampliación de la denuncia porque esto viene desde febrero.

Cuando uno hace una ampliación de la denuncia, ellos tienen que recopilar todo lo que ha pasado anteriormente. Como aporté las pruebas que son los pantallazos y las grabaciones de las llamadas, lo que hacen ahí es pasarlo a Policía Judicial, es decir, el CTI para que investiguen. Hay un número telefónico y unos pantallazos de WhatsApp eso le da a ellos materiales suficientes para investigar.

La comunicación con la Fiscalía esta semana ha sido constante para entregar información de las llamadas y ampliar la denuncia con lo nuevo que pasó.

¿Cuáles han sido las afectaciones para usted y su familia?

Las afectaciones más que todo son psicosociales. Lo que generan ese tipo de amenazas y lo que me ha tenido a mí más consternado es que haciendo las investigaciones para la Comisión de la Verdad y hablando con algunas víctimas, cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, estoy padeciendo parte de lo que documenté, eso en particular es lo que a mí me tiene en descolocado, vivir en carne propia lo que uno ha documentado.

En mi caso particular, uno aguanta y aguanta mucho y genera cosas como aislarse, no frecuentar las mismas personas, estar muy solo y con una cantidad de interrogantes. Me pregunto, ¿por qué uno haciendo un ejercicio de esclarecimiento termina metido en una situación tan difícil? Una de las cosas más difíciles para mi es la afectación a los seres queridos, a la familia. Las mamás y los papás no suelen decir mucho pero es un sufrimiento en silencio, lo ven a uno mal, no dicen nada pero uno sabe que eso también les ha afectado a ellos. El simple hecho de tener que salir del país así es duro.

No hay ningún acompañamiento psicosocial, lo he gestionado por mi cuenta pero sí es algo que he visto mucho. Como no hay apoyo psicosocial de nada, la gente se vuelve alcohólica, se chifla y hay gente que está muy mal.

¿Qué instituciones u organizaciones lo han apoyado en este proceso?

Institucionalmente el respaldo se ha reflejado en los comunicados que han publicado. Gestioné mi salida del país buscando qué hacer y a dónde ir pero en el proceso tuve apoyo de la Comisión de la Verdad y las Embajadas de España y Noruega, esta última me financió la maestría. Pero al llegar, las cosas no fueron como las esperaba.

Desde el principio recibí mucho acompañamiento de la oficina de Derechos Humanos de la ONU. Ellos han estado muy pendientes del caso, incluso ahora con esta última coyuntura, ellos se comunicaron directamente con Fiscalía y con la Subdirección de la Unidad Nacional de Protección. Esto se debe a que le pedí a la Fiscalía que oficiara a la UNP para ver si es posible que el esquema que yo tenía de seguridad fuera extensivo para la familia pero por ahora, de eso si no se ha dicho nada.

Por ejemplo, aún no tengo resolución de la UNP desde el Cerrem (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas), que es el que me cobija a mi. Eso sería chévere preguntar: ¿por qué si hace tanto tiempo pasó nunca salió?

¿Qué dice el Comité de Seguimiento y Monitoreo del Informe Final?

El mismo jueves, el llamado Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad publicó un comunicado rechazando las amenazas que aún continúan contra el exinvestigador. “El ejercicio de investigación para el esclarecimiento de la verdad no debe poner en riesgo la vida de quienes ejercen esta labor, por ello, (el comité) hace un llamado la comunidad nacional e internacional y las instituciones garantes de la seguridad (...) para que implementen las acciones tendientes a la protección de la vida e integridad de Andrés Celis y su familia”, dice parte del documento.

Además, en el texto se pide celeridad a la Fiscalía en las investigaciones para que se “identifiquen a los responsables, se judicialicen y, así, poder desactivar definitamente el riesgo al que se enfrenta el investigador y su familia”.

Marina Gallego, integrante de este Comité, le dijo a este diario que ninguna de las instituciones mencionadas en el comunicado han respondido y que el papel del Comité en este caso ha sido más de denuncia y de visibilizar estos hechos.

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