La propuesta de acabar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no es nueva, pero se ha convertido en el caballo de batalla de cada elección en Colombia y esta campaña no fue la excepción. La idea, de hecho, está siendo determinante en la escogencia de la fórmula vicepresidencial de la candidata por el Centro Democrático, Paloma Valencia, una de las aspirantes que promueven tumbar con ese tribunal de paz.
Una reunión este martes entre Valencia y Juan Daniel Oviedo -quien obtuvo el segundo lugar en esa misma coalición- y donde se buscaba definir una posible fórmula vicepresidencial terminó sin una oferta formal porque la defensa del Acuerdo de Paz y la permanencia de la JEP es una de las líneas rojas de Oviedo.
“Yo no hago acuerdos sobre la base de volverme lo que no soy (…) yo no creo en la política que convierte a la gente en lo que está de moda”, dijo al término del encuentro la candidata Valencia.
Oviedo ha insistido en que el Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia debe respetarse, mientras que Valencia ha sido una de las voces que desde hace años propone desmontar el tribunal creado para juzgar los crímenes más graves del conflicto armado y, de hecho, en octubre del año pasado presentó un proyecto de ley que busca reformar ese tribunal de paz.
A eso se suma las declaraciones del abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, quien calificó al tribunal de paz como “una farsa” y aseguró a Caracol Radio que, si dependiera de él, lo sacaría “con un plumazo”.
“La JEP es una farsa, no ha habido proceso de paz. Desmovilizaron a unos bandidos, a los que les dieron curules regaladas en el Congreso de la república, y esa FARC, que desmovilizaron entre comillas, se convirtió en cinco FARC. Eso es una farsa, no ha producido paz de nada, impunidad total. La JEP es un tribunal para lavarle las manos sucias de sangre a los miembros de las FARC y perseguir a los héroes de la patria, que pusieron el pecho para defender la constitución, la ley, la vida y honra, la integridad de los ciudadanos”, dijo el candidato presidencial que este martes anunció que su fórmula vicepresidencial sería el economista y exministro de Hacienda José Manuel Restrepo.
La propuesta, sin embargo, se enfrenta a un obstáculo mayor: jurídicamente desmontar la JEP es extremadamente complejo y tendría implicaciones constitucionales e internacionales para Colombia.
Existen tres dimensiones del “candado jurídico” que hacen impensable su derogatoria.
Uno de ellos es el punto de justicia para la paz y sus desarrollos legales que fueron incorporados mediante reformas constitucionales y leyes estatutarias, lo que los convierte hoy en parte del ordenamiento jurídico colombiano y del bloque de constitucionalidad.
En segundo lugar, el Acto Legislativo 02 de 2017, aprobado por el Congreso, estableció que las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz —como la JEP— tienen carácter obligatorio, y que las autoridades del Estado deben cumplir de buena fe lo pactado en el Acuerdo Final.
En tercer lugar, Colombia es Estado parte del Estatuto de Roma, lo que implica que, si no garantiza la investigación y sanción de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional (CPI) puede intervenir. La JEP existe precisamente para que Colombia ejerza su propia justicia.
El blindaje de la Constitución y de la comunidad internacional
La Jurisdicción, que funcionará inicialmente por 10 años -hasta 2029-, y cuyo periodo podría extenderse hasta cinco o 10 años más, no es una entidad ordinaria del Estado. Fue incorporada al ordenamiento constitucional y es parte del bloque de constitucionalidad mediante una reforma aprobada en 2017 para implementar el Acuerdo de Paz. Esto significa que su eliminación requeriría otra reforma constitucional larga y profunda.
Su función es administrar justicia transicional y esclarecer, juzgar y sancionar a las personas responsables de graves violaciones a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto armado y antes del 1 de diciembre de 2016.
Su desmonte también afectaría al sistema de justicia transicional del acuerdo —conocido como Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición— que no solo incluye a la JEP, sino también a la Comisión de la Verdad -cuyo mandato ya terminó- y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Modificar o desmantelar ese esquema implicaría alterar el corazón jurídico del Acuerdo de Paz.
Otro elemento clave es que el Acuerdo de Paz fue depositado como compromiso internacional ante organismos como la Organización de Naciones Unidas. De hecho, ante la ONU, Colombia hizo una declaración unilateral de Estado en la que se asumía la responsabilidad de su implementación.
Eso incluye que el Estado colombiano tiene obligaciones frente a la comunidad internacional para investigar y sancionar crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Expertos en justicia transicional advierten que eliminar la JEP podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI), que vigila desde hace años la situación colombiana.
Las críticas a la JEP también se han centrado en su lentitud o en la percepción de que ha sido más dura con militares que con exguerrilleros, un argumento frecuente en sectores políticos de derecha.
Sus defensores, en cambio, sostienen que el tribunal es la única instancia que está investigando las responsabilidades más altas en el conflicto armado, incluidas las cadenas de mando.
De hecho, el exnegociador de la jurisdicción Diego Martínez advirtió este martes en su cuenta de X que debilitar la figura de responsabilidad de mando —una de las bases del sistema— podría terminar protegiendo a quienes tomaron decisiones estratégicas durante la guerra.
“Como lo manifesté en el debate con la senadora Paloma Valencia, su cruzada contra el Acuerdo de Paz y la JEP tiene un fin inconfesable: romper las cadenas de mando para proteger a los responsables políticos de la guerra. Lo advertí hace meses y lo reitero hoy como negociador de la JEP: eliminar la responsabilidad de mando no es defender a los soldados, es blindar a los de arriba y exponer a Colombia ante la justicia penal internacional. La paz no puede ser un capricho electoral”, dijo.
Seguridad jurídica y víctimas
El tribunal también procesa a exguerrilleros, militares y terceros civiles que participaron en el conflicto armado. Eliminar la jurisdicción en medio de los procesos abriría un vacío jurídico porque miles de casos quedarían en el aire y las víctimas perderían el mecanismo creado para obtener verdad, reparación y reconocimiento de responsabilidades.
Además, muchos comparecientes —incluidos miembros de la Fuerza Pública— aceptaron someterse a la JEP precisamente bajo las reglas de ese sistema. Cambiarlo radicalmente podría afectar la seguridad jurídica de esos procesos.
La idea de acabar con la JEP ha sido una bandera recurrente en sectores del uribismo desde la firma del acuerdo con la antigua guerrilla de las FARC. El mismo expresidente Álvaro Uribe ha expresado en múltiples veces que debería tumbarse ese tribunal. En cada ciclo electoral reaparece como propuesta política, aunque nunca se ha concretado.
A través de las investigaciones de la JEP se han conocidos varias verdades y hechos del conflicto armado como la magnitud real de las ejecuciones extrajudicial, también llamados “falsos positivos” cometidos por militares; los antiguos comandantes de las extintas FARC han asumido responsabilidad por caso de secuestro.
En septiembre de 2025, la JEP dio sus primeras sentencias por ambos casos. También se ha reconocido reclutamiento forzado de menores y se han abierto líneas de investigación sobre la participación de terceros civiles.
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