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El cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) cumple hoy el primero de sus seis meses de vigencia con un balance positivo en medio del caos con el que fue instalado.
Aún no se conoce el primer informe oficial del Mecanismo de Verificación y Monitoreo (MMV) sobre posibles incumplimientos de las partes en el cese al fuego -que debe producirse cada mes-, pero el documento podría conocerse mañana en el cierre del cuarto ciclo de negociaciones en Caracas.
Pese a que no existe ese conteo oficial, algunas organizaciones han realizado registros de hechos violentos por parte de esa guerrilla.
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De acuerdo con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Indepaz y la Coordinadora Humanitaria –que difundirá un informe el próximo miércoles–, se han presentado entre seis y 16 incidentes que podrían catalogarse como presuntas violaciones al cese al fuego. Se trata de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y, por tanto, constituirían acciones prohibidas, según los protocolos.
Entre los registros de las tres organizaciones hay hechos sobre confinamiento, desplazamiento y secuestro en zonas como Chocó, Nariño, Antioquia y Arauca, entre otras.
“Dentro de las conclusiones de nuestro informe sí está que el cese ha significado una disminución notable de las confrontaciones, pero también que es necesario seguir buscando ceses al fuego con otros actores armados, como la disidencia de las antiguas FARC autodenominada como el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo, porque finalmente eso terminó teniendo repercusión en los que se tienen con el Gobierno”, explicó a Colombia+20 Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos de la Corporación Vivamos Humanos, acompañantes de la Coordinadora Humanitaria.
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Según el registro de la Fundación Pares, durante agosto se presentaron dos enfrentamientos, un hostigamiento a la fuerza pública, un hecho de confinamiento y un hecho de desplazamiento.
Para Laura Bonilla, subdirectora de esa fundación, se evidencia una disminución en las acciones armadas, especialmente porque durante julio, según las cifras de la organización, se perpetraron al menos 34 hechos violentos.
“Evidentemente las confrontaciones con la fuerza pública son las que están mas a la baja, aunque se debe señalar que en algunas regiones pueden persistir los confinamientos más enfocados en garantizar el control territorial. Es decir, más que desobedecer el cese al fuego, para esa guerrilla se trata de no dejarse sacar de los territorios que están en disputa con los otros grupos”, explica Bonilla.
El registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es el más alto, con 16 posibles incidentes. Según la entidad, se trataría, entre otros, de siete enfrentamientos con otros grupos armados, dos amenazas y un atentado contra civiles.
Tanto para Indepaz como para la Coordinadora Humanitaria, al menos dos incidentes del cese al fuego son atribuibles a la fuerza pública.
Estos registros no constituyen pruebas de posibles incumplimientos. Según los protocolos, el Mecanismo de Verificación y Monitoreo –compuesto por delegados del ELN, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Conferencia Episcopal y la Misión de la ONU en Colombia– es el único encargado de determinar si esos incidente podrían ser violaciones al cese.
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“En general el balance es positivo, teniendo en cuenta que el cese bilateral no es solo un asunto de emitir órdenes y esperar que estas se cumplan de manera automática. Se necesita de una implementación en la que las órdenes deben acompañarse con un trabajo de pedagogía, seguimiento y control. Además, aún no se ha completado el despliegue del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Lo anterior no justifica los incidentes ocurridos, pero sí explica el contexto en que se desarrolla el cese”, dice a Colombia+20 Carlos Velandia, investigador en temas de paz y conflicto y quien ha acompañados los diálogos con al menos tres gobiernos.
En efecto, aún faltan algunas instancias por activarse. Apenas el pasado 25 de agosto se convocó a las organizaciones sociales, étnicas y defensoras de los derechos humanos del país a sumarse a una “veeduría social” que debe apoyar las labores de monitoreo al cese al fuego.
Esta veeduría social fue pactada entre ambas partes en el cuarto protocolo del cese al fuego y su objetivo es “contribuir con información objetiva, pertinente y rigurosa, con el propósito de fortalecer el monitoreo dirigido a prevenir incidentes armados entre las partes”, se lee en el comunicado. Sobre las instancias regionales que tendrá el mecanismo, ya se instalaron siete de las nueve. Se trata de Pasto, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín Soacha y Valledupar. Aún quedan pendientes Arauca y Quibdó.
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Este mecanismo tiene, además de esas sedes regionales, una instancia nacional en Bogotá y 22 locales, que funcionarán en parroquias o en oficinas de la Misión de la ONU, para mantener contacto con las poblaciones y cumplir la veeduría social del proceso. Estás últimas aún no se han instalado.
La función de cada instancia es contribuir con información objetiva, pertinente y rigurosa, con el propósito de fortalecer el monitoreo dirigido a prevenir incidentes armados entre las Partes, reportar y dar alerta de presencia y de acciones armadas contra la vida y la seguridad de las comunidades que pueda ocasionar cualquier actor armado.
El difícil arranque del cese
El cese al fuego entre la fuerza pública y esa guerrilla, el avance más importante en 30 años de negociación con el grupo armado, tuvo el peor de los inicios: primero porque se dio el mismo día en que Nicolás Petro, hijo del presidente, confesó que a la campaña electoral habían entrado dineros de manera irregular.
Y luego porque, apenas seis días después de su inicio, otra tormenta política lo sacudió cuando la Fiscalía alertó de un supuesto plan del ELN –que se estaría fraguando desde Venezuela– para atentar contra la vida del fiscal Francisco Barbosa. La amenaza también habría cobijado a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal –esposa de José Félix Lafaurie, uno de los negociadores del Gobierno con esa guerrilla– y al excomandante del Ejército, general (r) Eduardo Zapateiro.
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El hecho, aunque rechazado por todos los sectores, incluido el presidente Gustavo Petro, el Ministerio de Defensa, el alto comisionado de Paz y las dos delegaciones de la negociación, volvió a agitar la tensa relación entre la rama Ejecutiva y la Judicial. El fiscal, que en varias ocasiones se ha mostrado contrario a la política de Paz Total, lanzaba una alerta que podía hacer tambalear la negociación más avanzada de Petro, y en el Gobierno algunos se aventuraron a decir que se trataba de un saboteo a los diálogos y que se debía investigar a fondo esa amenaza.
“Quedan dudas e hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances de paz con el ELN”, dijo entonces el alto comisionado de Paz, Danilo Rueda.
El 23 de agosto de 2023 el Ministerio de Defensa concluyó que ningún organismo de inteligencia tuvo conocimiento de las intenciones señaladas por la Fiscalía.
“Se pudo comprobar que ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia, en desarrollo de sus labores propias, manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista”, afirmó entonces el Mindefensa.
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Petro también reaccionó al informe de esa cartera y dijo que “el origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes”. Velandia, que fue comandante del frente Domingo Laín del ELN y exjefe de la dirección nacional de esa guerrilla, dice que la alerta de la Fiscalía provocó una polémica “que pudo ser evitada”.
“La mala relación entre el Gobierno y la Fiscalía se sobrepuso por encima del deber de cooperación de estas altas instancias, sobre todo en momentos de vulnerabilidad de la seguridad nacional (…) Esta situación generó tensiones innecesarias en la mesa de diálogos, toda vez que al menos uno de los miembros de la delegación del Gobierno aparecía como potencial afectado. Creo que en este caso se demostró, voluntad, temple y prudencia”, dijo.
Además, agregó que esa experiencia obliga a las instancias del Gobierno y el Estado “a la serenidad y manejo cauto de los medios de comunicación”. Bonilla, de Pares, coincide con Velandia y afirma que esa alerta, el mayor hecho que ocurrió durante este primer mes del cese, careció de verificación por parte de la Fiscalía General.
El anuncio del ente investigativo se dio apenas unos días antes del inicio del cuarto ciclo de negociaciones, justamente en Venezuela. Fuentes de ambas delegaciones le dijeron a Colombia+20 que aunque el tema tuvo discusión, los diálogos estaban tan sólidos que no se paró nunca ninguna labor.
Eso sí, ambas partes advirtieron que el hecho hubiera podido afectar la confianza. “Este grave hecho y la forma en que fue comunicado a la opinión pública hubiese podido afectar la confianza entre las partes y de la sociedad colombiana con relación al cese al fuego acordado”, dijeron en un comunicado conjunto publicado ese día.
Las delegaciones remitieron el caso al Mecanismo de Monitoreo y Verificación “con el fin de que emita su concepto sobre el caso”. El MMV se pronunció sobre el tema con un escueto comunicado publicado el pasado 11 de agosto en el que afirmó que analizará de “forma rigurosa” las denuncias contra el fiscal Barbosa.
“El Mecanismo está monitoreando y realizando análisis técnicos sobre informaciones que ha recibido. Toda la información es analizada de forma rigurosa, de acuerdo con los protocolos establecidos para el cumplimiento del cese al fuego; desde aquella que afecta el día a día de las comunidades, hasta denuncias públicas, como la presentada por el fiscal general de la Nación”, dice el documento.
Los casos a verificar
Al margen de la noticia sobre el presunto atentado contra el fiscal Barbosa, se presentaron otros casos que involucran al ELN y que podrían ir en contra de lo estipulado en las acciones prohibidas dentro de los protocolos firmados por las partes.
Uno de ellos fue el secuestro por parte del Frente de Guerra Oriental del ELN del soldado Ariel Oswaldo Ríos en Fortul (Arauca) el pasado 20 de agosto.
Según el frente, Ríos –de 21 años– se encontraba haciendo inteligencia y por tanto violando las condiciones de ese cese. Sin embargo, el Protocolo de Acciones Específicas firmado por ambas delegaciones señala que las partes se comprometen a “no realizar acciones ofensivas entre las Fuerzas Militares, Policía y de seguridad y las estructuras del ELN incluidas las acciones de inteligencia. Esa suspensión solo se refiere a la inteligencia para realizar acciones ofensivas, no para las defensivas.
A inicios de esta semana y tras ocho días secuestrado, el soldado fue liberado y entregado por miembros de esa guerrilla a una comisión de la Defensoría y la Iglesia católica.
El 16 de agosto también circularon informaciones de un paro armado de la guerrilla que estaría en curso en Chocó y que fue denunciado por la Defensoría. Fuentes en el terreno le dijeron a Colombia+20 que se trató de una restricción para el movimiento de embarcaciones por el río San Juan debido a combates entre las AGC o Clan del Golfo y guerrilleros del ELN que tienen presencia en la zona.
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También se presentó un desplazamiento forzado de cerca de 450 familias campesinas e indígenas y el confinamiento de otras 150 en diferentes veredas de Nariño. Los hechos fueron producto de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las antiguas FARC autodenominadas como Estado Mayor Central (EMC). El cese aún no está contemplado con otros grupos armados.
Hace unos días la Misión de Verificación de la ONU dijo que se han presentado al menos 20 posibles casos de diferente índole de violación del cese, pero hace énfasis en que son susceptibles a la definición, resolución y verificación de si hubo o no incumplimiento.
La Misión de la ONU es parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación compuesto por miembros de la delegación del ELN y la Iglesia Católica. La vocería del MMV quedó en cabeza de la Misión de la ONU en Colombia, que a su vez designó como portavoz a Jennifer Wright. Será solo el documento que entregue ese mecanismo el que muestre si hubo o no violaciones del cese al fuego.
La participación de la sociedad también tuvo avances en agosto
El arranque del cese al fuego y la instalación del Comité Nacional de Participación (CNP) –la instancia para la participación de la sociedad civil en el proceso de paz– a principios de agosto también significó echar a andar toda una infraestructura a nivel nacional para las diferentes instancias.
El primer avance se dio el pasado 12 de agosto, cuando se definieron las cinco comisiones que habrá dentro del Comité Nacional de Participación.
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Además, el pasado 25 de agosto se convocó a las organizaciones sociales, étnicas y defensoras de los derechos humanos de todo el país a sumarse a una “veeduría social”. Sobre las instancias regionales que tendrá el mecanismo, ya se instalaron siete de las nueve. Se trata de Pasto, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín Soacha y Valledupar. Aún quedan pendientes Arauca y Quibdó.
Este mecanismo tiene, además de esas sedes regionales, una instancia nacional en Bogotá y 22 locales. Estas últimas aún no se han instalado.
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