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Desde que el presidente Gustavo Petro publicó el famoso trino el pasado 31 de diciembre de 2022 declarando cese al fuego bilateral con cinco grupos armados ilegales, incluido el Clan del Golfo o AGC, se venía cumpliendo un supuesto cese de acciones ofensivas entre la fuerza pública y ese grupo armado ilegal que se terminó, también por una decisión del primer mandatario, el pasado 20 de marzo.
¿Por qué el cese al fuego no duró ni siquiera tres meses? Fue el propio presidente el que acusó al Clan del Golfo de estar detrás del paro minero en el Bajo Cauca que durante casi tres semanas produjo 2.600 millones de pesos en pérdidas, solo en el sector del transporte de alimentos y pasajeros. “Ese grupo manipula las necesidades de una población minera, sujetándolas con su propia hambre”, dijo Petro en su visita a Caucasia esta semana, poco antes de dar por terminado el cese al fuego.
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El paro arrancó el 2 de marzo encabezado por personas que se identificaron como mineros artesanales con amplia tradición en ese territorio y tenía como objetivo protestar contra un operativo de las autoridades contra las dragas que extraen oro de manera ilegal. Con el pasar de los días la situación se fue complicando con el cierre de vías, el constreñimiento a comerciantes y pobladores para bloquear y causar desmanes, como la quema de vehículos -incluso una ambulancia- y de peajes. El primero en señalar a las AGC como la organización que instigaba actos violentos fue el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria. Luego se sumó el ministro de Defensa Iván Velásquez.
Una de las reacciones más fuertes se produjo por parte del presidente Petro cuando se informó que se había saboteado el suministro de agua potable en Tarazá: “Afectar el agua potable de una ciudad es poner en riesgo la vida de niños y niñas, de todo ser humano. El Clan del Golfo con su hostilidad contra la población ha roto el cese al fuego”, sentenció en Twitter.
Todas las acusaciones fueron emitidas por autoridades del Estado con respaldo en informaciones de organismos de seguridad del Estado que conocen en detalle la manera en que el Clan del Golfo ha consolidado su poder armado en el Bajo Cauca antioqueño, -tal como lo reseñó el Informe Final de la Comisión de la Verdad- aprovechando e incrementado la marginalidad social, los efectos de la minería artesanal y la de mediana escala, restringiendo la vida de las comunidades y produciendo desplazamientos forzados y confinamientos.
Falta de protocolos para la verificación
Pero a pesar de la gravedad de esos hechos, no se puede señalar que efectivamente esas acciones fueron una violación al cese al fuego pactado con el Gobierno. En primer lugar porque las partes nunca firmaron protocolos, ni siquiera acordaron unas reglas básicas para conocer los objetivos del cese al fuego, los actos que están prohibidos y los que están permitidos, ni las disposiciones de seguridad. Pero, sobre todo, no se puso en funcionamiento el mecanismo de monitoreo y verificación, que es el que previene que se rompa el cese y determina quién lo viola y por qué.
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El decreto 2658 del 31 de diciembre de 2022 por el cual se ordena el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo estableció un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, MVMV, integrado por representantes del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto
Comisionado para la Paz, la Fuerza Pública, el Clan del Golfo (o AGC), las organizaciones sociales y la Iglesia Católica. También se invitó al Consejo Mundial de Iglesias, a la Misión de Verificación de la ONU y a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA. Pero ese mecanismo nunca se integró.
Esos protocolos no son un mero tecnicismo, son la base para que un acuerdo de cese al fuego se pueda cumplir. En este caso, cuando no hay un proceso de paz en marcha, ni siquiera una mesa de diálogo abierta, el cese es una decisión política de las partes que permite ambientar la apertura de esa negociación. Pero, sobre todo, y es lo que buscaba el gobierno, proteger a la población civil de los efectos devastadores del conflicto armado.
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De hecho, esas fueron las motivaciones del gobierno expresadas en el mencionado decreto, en el que señalaba que “las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, luego de tres reuniones de exploración con facilitadores designados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y una reunión sostenida en presencia de delegados internacionales, reiteraron su disposición a un cese unilateral de fuego, y manifestaron su decisión de participar activamente en un mecanismo de dialogo socio jurídico, nombrando ya sus voceros y delegados”.
El decreto también explicaba que la medida se tomó escuchando los pedidos que han hecho las comunidades étnicas y campesinas “con un clamor generalizado de los pueblos indígenas, afrocolombiano y campesino en sus diversas expresiones organizativas, por un cese bilateral y el inicio de conversaciones de paz con esta agrupación armada”.
Es claro que en este caso del Clan del Golfo el cese al fuego no logró ninguno de esos objetivos, pese a que observadores como Indepaz, habían hecho un seguimiento a las acciones de ese grupo durante los dos primeros meses del año, concluyendo que fue la organización que menos acciones en contra del cese hicieron.
Las cifras muestran que en enero no se presentaron hechos violentos contra la Fuerza Pública por parte de este grupo que Indepaz denomina “narcoparamilitares”, mientras que, por ejemplo, el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco), por ejemplo, cometieron 15. En febrero, el informe registra 5 hechos violentos contra la Fuerza Pública u otros grupos por parte de las AGC, mientras que el que más registros tiene es, nuevamente, el Estado Mayor Central con 11. El informe no detalla a qué tipo de acciones se refiere.
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¿Qué debe considerar un cese al fuego?
Según la Guía para la Mediación del Cese al Fuego de Naciones Unidas, un acuerdo de este tipo debe, como mínimo, tener las siguientes características: que sea un acuerdo formal y escrito entre las partes, que establezca su propósito y sus vínculos generales con un proceso político, que especifique la fecha y la hora en que entrará en vigor, que defina las zonas geográficas en las que es aplicable, que describa las actividades militares y no militares prohibidas y permitidas, que defina las modalidades de monitoreo y verificación del cumplimiento del acuerdo o, cuando no sea posible, que estipule procedimientos para la coordinación básica, la resolución de disputas y la desescalada entre las partes.
En esa misma Guía, emitida por el departamento de asuntos políticos y de consolidación de la paz de las Naciones Unidas en septiembre de 2022, se indica que “las partes del conflicto o los
saboteadores pueden tratar de aprovechar un cese al fuego preliminar para fortalecer sus posiciones en el terreno. Los acuerdos, si se diseñan adecuadamente, pueden limitar este riesgo”.
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Por esta razón, es importante que el acuerdo de cese al fuego sea formal y tenga objetivos y reglas claras. Un mecanismo de monitoreo y verificación habría podido evitar la ruptura si se hubiera desplegado en terreno, en este caso en el Bajo Cauca antioqueño, para alertar sobre posibles conductas de las partes que fueren en contravía de lo acordado.
De hecho, eso lo preveía el decreto emitido el 31 de diciembre del año pasado por el gobierno cuando enunció en el artículo 9 que “el MVMV elaboraría, cada dos meses, una evaluación de los compromisos del cese, sus posibles incidentes, trámite y resolución de conflictos; y de todo aquello que consideren pertinente evaluar en función del cumplimiento del objetivo del cese”.
Como se constató en la realidad, eso nunca se cumplió porque el mecanismo no funcionó y por lo tanto tampoco pudo cumplir con lo que estaba previsto en el artículo 13: “El cese se podrá terminar en cualquier momento por incumplimiento grave que será determinado por la mesa de negociación, previa evaluación e informe del MVMV”.
El cese al fuego con las AGC terminó como empezó: con un decreto y no con un acuerdo consensuado y trabajado entre las partes.