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El ataque del ELN a una unidad militar en la vereda Villanueva del municipio de El Carmen (Norte de Santander) que dejó nueve uniformados muertos y nueve heridos, produjo no solo el rechazo generalizado de la sociedad y de los líderes políticos, sino que motivó una exigencia del propio Gobierno y de las comunidades para pactar cuanto antes un cese al fuego bilateral.
Más allá de ser un pedido natural (dejar de matar a la contraparte mientras se negocia) lo que puede producir este hecho violento es precipitar y agilizar la negociación de ese punto en la mesa de diálogo que espera iniciar el tercer ciclo el 1 de mayo en La Habana, Cuba.
Antes de este ataque, se venía hablando de la posibilidad de realizar un preciclo o reunión previa -se especuló que podría ser en Venezuela- para “alistar” insumos con miras al abordaje del cese al fuego bilateral. Esa opción había quedado descartada por las partes y se planteó llegar al ciclo el primer día de mayo.
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Pero es factible que esta posibilidad reviva, sobre todo después de las declaraciones del jefe del equipo negociador de Gobierno, Otty Patiño cuando señaló que le propondría al presidente “hacer prioritaria la exigencia del cese al fuego y de hostilidades como condición necesaria para adelantar la participación de la sociedad civil en este proceso”.
El problema de hacer estas exigencias unilaterales -por bien intencionadas que estén- es que pueden generar ruido en la mesa de diálogo. No se puede olvidar que en la crisis que ocasionó el anuncio del presidente Petro de un acuerdo inexistente de cese al fuego bilateral, ELN fue enfático en reclamar que las decisiones sobre la negociación deben tomarse de común acuerdo entre las partes.
Y justamente al final del segundo ciclo que se desarrolló en Ciudad de México, se acordó que en La Habana se abordarían los temas de participación -primer punto de la agenda- y del cese al fuego bilateral, sin que uno fuera precondición del otro. Puede sonar inaceptable políticamente, pero las partes habían acordado negociar en medio del conflicto y el ataque del ELN a los militares, por repudiable que sea, no incumple ningún acuerdo.
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Por otro lado, Otty Patiño dijo que además de este ataque, “en los últimos días el ELN ha incrementado el hostigamiento contra la población civil en Cauca, Arauca, Chocó y Nariño, con una violación flagrante a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que dicen acatar”. Esa dura realidad que están viviendo las comunidades tampoco transgrede lo acordado en la mesa.
Lo que sí afecta, y lo advirtió el jefe del equipo negociador, es la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en la voluntad de paz del ELN y “lacera profundamente la cordialidad en las conversaciones y en la implementación de los acuerdos”, dijo Patiño.
Hasta ahora, el ELN ha guardado silencio sobre su autoría y las motivaciones del ataque, hecho que pondrá a prueba la eficacia de los protocolos que acordaron en México y que establecieron la manera en que las partes se pueden comunicar cuando no hay ciclo para superar desencuentros, como el que claramente se está gestando en este momento.
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La reunión que convocó el presidente Petro el próximo lunes en Bogotá, pero que se adelantó para este viernes, servirá para analizar el paso siguiente en la mesa de negociación. Y, con preciclo o sin él, sin duda la exigencia de acelerar el cese al fuego bilateral será el principal objetivo. La pregunta es cómo hacerlo, sin alterar las reglas que las partes ya pactaron.
Más allá de las frases descalificatorias pronunciadas por el presidente Petro sobre el ELN: “están absolutamente alejados de la paz y del pueblo” o por el ministro de Defensa Iván Velásquez quien dijo este tipo de acciones muy poco contribuyen a la paz y parecen “una contradicción con los propósitos de paz”, la delegación del gobierno deberá ser creativa para llevar a su contraparte al lugar que necesita: a negociar con prioridad el cese al fuego.
Y en ese propósito debe servir la presión de las comunidades que el ELN aspira a que participen en este proceso. Según la agenda acordada, la participación de la sociedad civil debe ser “un camino para la construcción de una alianza política y social hacia un gran acuerdo nacional”. Pretender que se consolide un consenso alrededor de este proceso, en medio de este tipo de ataques resulta casi imposible.
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Se supone que la forma de hacer atractivo este proceso participativo es la posibilidad de identificar las causas de los problemas fundamentales del país, y de proponer iniciativas que lleven a las transformaciones para la paz, pero un ejercicio democrático de este tipo no es viable si esas mismas comunidades se sienten intimidadas por las acciones en su contra como las que se han denunciado en diferentes territorios.
Lo que se sabe es que los militares -activos y en retiro- que participan en la mesa como negociadores, asesores u observadores, han modelado ya varias opciones de protocolos para proponerle a la delegación del ELN en el próximo encuentro. De hecho, las partes ya anunciaron que para avanzar en este punto tendrán en cuenta los aprendizajes del cese al fuego bilateral de 101 días que estuvo vigente entre septiembre de 2017 y enero de 2018.
Este viernes 31 de marzo está prevista la visita de la vicepresidenta Francia Márquez al Chocó, con delegados de la mesa, tanto del gobierno como del ELN, para empezar a ejecutar los planes de choque que se acordaron después de la caravana humanitaria que recorrió el bajo Calima y el Alto San Juan. Ya se han escuchado voces de líderes de las comunidades afros que no se sienten muy cómodos con la presencia de los delegados del grupo armado en una visita que pretende aliviar su situación humanitaria.
Y ese temor e incomodidad se acrecientan cuando se acaba de conocer un comunicado del Frente de Guerra Occidental expresando duras criticas a la política de Paz Total del gobierno Petro. “No vemos con buenos ojos este proceso de paz y cada día tenemos más interrogantes e incertidumbres”, dice el documento que circuló ayer justo en la misma zona a donde pretende llegar la mesa -con voceros del ELN incluidos- a dialogar con las comunidades.
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El reto para el Gobierno es llevarle a su contraparte una propuesta que permita recoger estos temores y reclamos de las comunidades y agilice la discusión del cese al fuego bilateral. El del ELN será explicarle a la sociedad, a las familias de los uniformados muertos y heridos, cómo poder confiar en que ellos quieren avanzar hacia la construcción de paz, sin armas.