Lo que se viene en los diálogos y negociaciones de la Paz Total de Petro en 2024

La política de paz total sigue siendo, junto con algunas reformas en el Congreso, una de las apuestas más ambiciosas del presidente Gustavo Petro. Durante su primer año de gobierno enfiló todas las energías en sacar adelante, al menos siete procesos de paz, entre negociaciones y diálogos con miras al sometimiento a la justicia.

El balance de 2023 le deja varios puntos positivos, especialmente en los diálogos con el ELN y la disidencia de las antiguas FARC, conocidas como Estado Mayor Central, con quienes tiene mesas de diálogos instaladas, ceses al fuego bilaterales y los anuncios de parte de ambos grupos de la suspensión del secuestro con fines extorsivos.

Pero en 2024, ya ajustando su segundo año en el poder como el primer presidente de izquierda en Colombia, tendrá que resolver las tareas pendientes e ir concretando algunos resultados para la mitad de su gobierno. ¿Cuáles son las tareas pendientes para este nuevo año?

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ELN: financiación, víctimas, mesa en Colombia y otros pendientes

Para analistas, la tarea más urgente para el Gobierno es materializar el proceso con el ELN, considerada la última guerrilla del continente. Las negociaciones con esta quedaron en punta en 2023. Aunque el anuncio de la suspensión del secuestro con fines extorsivos mejoró el tenso ambiente que hubo en el último ciclo de negociaciones, las condiciones que puso a última hora Antonio García, máximo comandante del ELN -quien no es parte de la mesa de diálogo- abrieron dudas sobre si este acuerdo se respetará o no. Según García, esa suspensión solo podría hacerse si la guerrilla recibe recursos para su financiación.

Justamente ese tema de la financiación, que la guerrilla reclama para que su rebelión siga y no sea debilitada por esa vía por el Gobierno, es una de las cosas que deberá llegar a ese proceso de paz y se deberá resolver en 2024. La delegación de Petro ha dicho que no hay posibilidad de que se dé dinero para que paren las actividades ilegales, pero sí para que se empiecen a hacer algunos trabajos en pro de la paz, como la participación de la sociedad civil.

Sobre esa participación, que se hace a través del Comité Nacional de Participación, en 2024 tendrán que terminarse las sesiones que se detuvieron días antes del inicio del quinto ciclo. En total son 77 encuentros, de los cuales se han realizado 53. Aún faltan los encuentros territoriales y unos más sectoriales que irán hasta abril.

Además, se tendrá que presentar el plan nacional de participación, que reúne las principales propuestas de la sociedad para ser presentadas en la mesa de diálogos.

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Uno de los puntos más importantes en el proceso con el ELN es el de las víctimas. En la agenda que se acordó en marzo de 2023 se decía que se haría un reconocimiento de las afectaciones y se empezara a pensar en la reparación colectiva e individual. Aunque el Gobierno ha hecho varias aproximaciones en el proceso en ese sentido, aún no hay nada concreto. Varias de las propuestas de la sociedad civil reunidas hasta ahora piden ese reconocimiento de verdad y restauración, por lo que este tema sí o sí debe estar en la mesa este nuevo año.

De hecho, algunas fuentes le afirman a este diario que se ha previsto la conformación de una “Comisión de la Verdad ambiental” que trate los impactos del conflicto armado a la naturaleza y lo desarrolle más ampliamente que la reciente comisión que cerró el año pasado.

El otro tema que deberá echarse a andar es la materialización de las ocho zonas humanitarias previstas en el reciente acuerdo firmado en México. En esos lugares, que son Bajo Calima (Valle del Cauca) y Bajo San Juan (Chocó) -que fueron los dos primeros lugares donde hubo alivios humanitarios- nordeste antioqueño, Bajo Cauca, sur de Bolívar, Nariño, zonas urbanas de Buenaventura donde hay desplazamiento y la región del Naya se prevén acciones humanitarias.

En ese acuerdo de México del pasado 17 de diciembre también quedó establecido que se tomarían “medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares y de distintos grupos armados”. En entrevista con Colombia+20, Vera Grabe, jefa de la delegación de Gobierno en los diálogos con el ELN, dijo que la primera acción será la creación de un observatorio independiente para que pueda hacer análisis. Ese observatorio, según le dijeron varias fuentes a este diario, será un espacio pluralista donde estarán investigadores y académicos de distintas orillas políticas.

El último tema será que, tal como lo ha querido el Gobierno desde hace meses, la mesa de diálogos se quede siempre sesionando en Colombia. El pasado 10 de octubre se dio por primera vez una reunión plenaria y en ese momento el entonces jefe de delegación, Otty Patiño, dijo que ya era tiempo de que los ciclos se realizaran todos en el país. El ELN se mostró abierto, aunque dijo que no había aún las garantías jurídicas ni de seguridad para hacerlo.

Expertos afirman que el pasado guerrillero del presidente Petro -que militó en el desmovilizado M-19- le daría garantías al ELN en este proceso que no debe desaprovechar.

¿Qué esperar con las disidencias de las antiguas FARC?

Estado Mayor Central (EMC)

Aun con menos pesos y menos avance que el proceso con el ELN, la disidencia conocida como Estado Mayor Central ha dado algunos pasos en el proceso de paz que lleva con el Gobierno.

En el caso del Estado Mayor Central, la tarea principal será establecer una agenda clara de negociación. En el bosquejo de los ejes temáticos se asomaba una ambiciosa idea de tocar temas ya previstos en ese pacto de La Habana. Y esto es especialmente importante, porque, aunque la mayoría de los 3.200 hombres que conforman ese grupo no firmaron el Acuerdo de Paz de 2016, hay varios firmantes de ese pacto, lo que es un impedimento jurídico que el Gobierno hasta ahora no ha solucionado.

En 2024 también se empezará a medir el aceite de los cambios que hizo esa disidencia de sus negociadores en la mesa de diálogo. El pasado 3 de diciembre ese grupo armado nombró a Leopoldo Durán como su nuevo jefe negociador en reemplazo de Andrey Avendaño, quien ahora está en el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación. Aunque el nuevo equipo ya se ha reunido con la delegación del Gobierno y, de hecho, sacaron adelante el anuncio del fin del secuestro, Durán es del ala más radical de esa disidencia, por lo que se esperan negociaciones más complejas.

Además, se debe encontrar una solución al tema del Cañón del Micay, una región del suroccidente de Cauca que provocó en 2023 una pugna entre el Gobierno y esa disidencia, quienes se disputan el control territorial. Fue en ese departamento donde se desplegó gran parte de la operación Trueno, del Ejército, que buscaba restaurar la seguridad, pero también el dominio del Micay que concentra el 70 % de la hoja de coca de Cauca, no en vano es el lugar escogido por el Gobierno para llevar a cabo el plan piloto de la nueva política de drogas.

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Fue además en El Plateado, un corregimiento que también está en la zona, donde se presentaron retrasos en la entrega del material electoral en los comicios regionales del pasado 29 de octubre y en donde se realizó un polémico acuerdo entre las delegaciones del Gobierno y del EMC para que el Ejército entrara a ese punto para custodiar las elecciones, pero saliera unos días después.

Ese tema tiene otra arista, que son los niveles de compromiso con las negociaciones dentro del grupo armado. El Comando Coordinador de Occidente, que opera en Cauca, ha sido uno de los más agresivos y discrepantes de algunos puntos de la negociación. Lograr la unidad y negociar con ella será determinante para 2024. Eso les servirá a las partes para acercarse a la sociedad que tiene una opinión negativa sobre esta negociación.

Segunda Marquetalia

La principal incógnita este año, sin embargo, está puesta en el tablero de negociación con la otra disidencia de las antiguas FARC: la Segunda Marquetalia. Este grupo, liderado por “Iván Márquez”, no logró consolidar ningún avance significativo en 2023. Antes de su salida como alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda reveló que se había reunido en tres ocasiones con “Márquez” en medio de una fase exploratoria, en la que se buscaba definir una preagenda de diálogo.

Una decisión clave para este 2024 es si el presidente de la República le dará reconocimiento político a la Segunda Marquetalia, una de las principales demandas de los líderes disidentes. Para Andrés Preciado, director del área de conflicto y violencia organizada de la Fundación Ideas para la Paz, hay un elemento clave para destrabar el proceso con este grupo: “Hay que despejar las dudas jurídicas y definir qué se puede negociar y qué no con las personas que firmaron el Acuerdo de Paz y, habiéndose desmovilizado, se rearmaron en las disidencias. Hasta que eso se resuelva vamos a tener seguridad de qué alcance pueden tener estas negociaciones, y de hecho sería perjudicial avanzar sin esas certezas”.

La negociación de la paz urbana con tres bandas

Buenaventura

En Buenaventura se extendió el pacto de no agresión entre Shottas y Espartanos que ya sumaba seis meses hasta el 4 de febrero de 2024. Para monseñor Rubén Darío Jaramillo, gestor de ese proceso que reúne a unas 1.700 personas -la mayoría jóvenes-, esta es la ruta para proyectar la paz en el distrito durante el año que acaba de empezar. Con esa tregua, el puerto logró salir de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.

Además, se instaló una Misión de Paz para, según el Gobierno, “acompañar las iniciativas de comunidades afectadas por la violencia armada”. Pero el diálogo del que es considerado el “primer laboratorio de paz urbana del país”, deberá demostrar que no solo gira en torno a la tregua, sino que el proceso debe traducirse en disminución de otros delitos y en la concreción de una agenda y de un plan social y económico para los jóvenes.

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Medellín y Valle de Aburrá

La última novedad pública que las bandas de Medellín le dieron al país fue el 23 de noviembre de 2023, cuando delegados de las 14 estructuras armadas partícipes en ese espacio de la paz total le hicieron llegar al Gobierno una carta en la que le daban la bienvenida a Otty Patiño como nuevo alto comisionado para la Paz, pero lamentaron la salida de Danilo Rueda, a quien dijeron que veían como una persona que se acercó a los líderes de las bandas en la cárcel de Itagüí, intentó sentar partes y escuchar diferencias.

Entre la última semana de octubre y lo corrido de diciembre, en la penitenciaría de Itagüí, ha habido encuentros entre voceros y cabecillas de las bandas, quienes se han propuesto para 2024 frenar flujos masivos de microtráfico en la capital antioqueña -que sean o hayan sido responsabilidad de ellos-; afianzar una pacificación parcial, como la que ha logrado Buenaventura y su proceso monitoreado, y liberar tensiones entre los Pachelly y La Oficina, que siguen latentes en el norte de Medellín y Bello.

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Quibdó

Las bandas Locos Yam, Mexicanos y RPS están en diálogos con el Gobierno desde agosto de 2023. Este es el proceso urbano más joven de la política de paz total, y a corto plazo se espera la formulación de agendas y consensos concretos de una violencia que si bien se ha concentrado en esa capital, se ha extendido por los afluentes del río Atrato y el Bajo San Juan.

Hasta ahora se han realizado ocho encuentros exploratorios y, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ese espacio de diálogo ha permitido la reducción de cerca del 54 % en la tasa de homicidios. Como en Buenaventura y Valle de Aburrá, el Gobierno espera el silenciamiento de los fusiles y “brindar alternativas económicas, culturales y sociales a los jóvenes”. Por ello en 2024 se deberían concretar logros menos inmediatos.

El Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de las Sierra Nevada (ACSN)

El 2024 será determinante para el proceso que el Gobierno está intentando adelantar con las estructuras herederas del paramilitarismo, unas de las principales responsables de la violencia en la zona norte del país.

Las condiciones del sometimiento de estos grupos, que no tienen carácter político, quedarán en manos del Congreso, según determinó en noviembre la Corte Constitucional tras revisar la Ley de Paz Total. Uno de los principales retos será mantener la voluntad de paz y consolidar avances mientras el Legislativo se pronuncia.

Una fuente cercana a los acercamientos que se adelantan con el Clan del Golfo o AGC y las ACSN aseguró que en estos tableros el cambio de comisionado de Paz generó una suspensión total: “El Gobierno parece estar dedicado solo al ELN y al EMC, mientras estos diálogos quedaron desarticulados, sin avances. Se vencieron las resoluciones de los facilitadores, la Oficina de Paz no tiene funcionarios, y los miembros de los grupos están perdiendo las esperanzas”.

Para Germán Navarrete, abogado que acompaña el proceso con las ACSN, hay cuatro prioridades que deben fijarse una vez se restablezca el contacto con el Gobierno: “Primero, hay que instalar las mesas de conversación. Segundo, se necesita definir ceses al fuego debidamente vigilados y verificados por la sociedad civil y comunidad internacional”, explica.

Además, dice que hay que establecer canales de diálogo directo con esas organizaciones para acordar los mínimos legales para cesar su actividad criminal, que por cierto es rentable e impune, y eso debe tenerlo en cuenta el gobierno para ofrecer incentivos que propicien el sometimiento. “El cuarto tema es establecer una hoja de ruta para llegar a la paz de una manera seria, concertada y efectiva”, afirma.

En la administración de Danilo Rueda hubo grandes avances, pero también grandes errores, porque se hacían acuerdos, pero no se cumplían por falta de personal o reglamentación, lo que generó demoras y una falta de credibilidad por parte de los alzados en armas en las gestiones del Gobierno”, dice Navarrete.

Para el investigador de la FIP Andrés Preciado, este será un año para dar “la discusión grande de si vamos a negociar con el crimen organizado”.

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El experto explica que, más allá de las condiciones del sometimiento, se debe profundizar en cómo se entienden estas organizaciones de cara al Derecho Internacional Humanitario y los Protocolos de Palermo. “Hay que entender que el crimen organizado tiene un reciclaje incluso mayor que el que ya hemos visto con las FARC y sus disidencias. Habrá que ver en qué condiciones se da la negociación, si se va a tener un tope máximo de plata que se puede legalizar, si hay unos requisitos de delación -cosa a la que varios miembros le rehúyen-, y finalmente, cómo se abordará el tema de verdad, justicia y reparación y si va a haber un escenario transicional con el crimen organizado, que también varía según lo que se priorice y a nivel internacional es realmente atípico”.

Hasta que esos temas se definan, será difícil consolidar avances con estas estructuras, al igual que con las bandas urbanas, en los que entrará a jugar una nueva variable: no todos los nuevos mandatarios locales están de acuerdo con estos diálogos.