Militares en retiro abandonan mesa con disidencia de Mendoza por exclusión de su delegado

El coronel (r) Ariza estuvo en la mesa de paz con la disidencia desde junio de 2024.

Foto: El Espectador

La mesa de negociación entre el Gobierno Nacional y la disidencia conocida como la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), encabezada por Wálter Mendoza, enfrenta una nueva polémica. La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), en representación de unas 80 organizaciones de veteranos agrupadas en la denominada Fuerza Púrpura, anunció su retiro del proceso tras la exclusión de su delegado, el coronel (r) Jaime Ariza Girón.

Según el comunicado divulgado este 22 de diciembre, la participación del coronel Ariza había sido acordada con el consejero comisionado para la paz, Otty Patiño. No obstante, la organización denuncia que su representante fue desconocido y finalmente excluido por el jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, tras expresar desacuerdos de fondo dentro de la mesa.

“Iniciando con un sentido reclamo expresando formalmente por el intento de homicidio e incineración a miembros del Ejército Nacional en el departamento de Putumayo, zonas de influencia y control armado de esta organización criminal”, dice Acore en el comunicado.

En diálogo con Colombia+20, Novoa afirma que no lo apartó del cargo

“No aparté al coronel, yo lo que dije es que tenía unas posiciones tan diferentes de las que hemos defendido hace año y medio que me parece que al momento de tomar decisiones que, tal vez, no resultaban convenientes para su continuidad”, dijo.

Novoa también afirmó que sabía del retiro del coronel Novoa mucho antes de esta carta de Acore porque él mismo pidió que no se renovara su contrato que termina el próximo 31 de diciembre.

De acuerdo con el documento, el otro tema que ha generado choques es el freno a la extradición de Geovani Andrés Rojas, conocido como Araña firmada el pasado 12 de diciembre por el presidente Gustavo Petro. “(Los desacuerdos incluyen) la reciente recomendación presentada por nuestra Asociación como concepto responsable e institucional relacionado a la extradición del cabecilla Andrés Rojas (alias “Araña”) y a que esta estuviera condicionada a la desmovilización perentoria de su estructura ilegal. Según Acore, esa posición “riño con la del jefe negociador y el resto del equipo”, dice el documento.

La salida de Acore se convierte en la tercera renuncia registrada en esta mesa de diálogos. La primera fue la renuncia de Gabriel Bustamante, entonces subdirector de la Unidad de Restitución de Tierras.

Luego se fue María Camila Moreno, directora del International Center for Transitional Justice (ICTJ), un antecedente que ya había dejado en evidencia tensiones internas sobre el rumbo de la negociación.

De hecho, fuentes cercanas han afirmado que la salida de Moreno también se debió a disputas con Novoa.

Novoa dijo a este diario que Bustamante se había ido por disputas con la directora Moreno y que ella había salido porque presentó una carta de renuncia que él aceptó.

Más allá del episodio puntual, Acore expuso una lista detallada de preocupaciones estructurales sobre el proceso de negociación con la CNEB. En primer lugar, alertó sobre el riesgo de que las llamadas “transformaciones territoriales” terminen legitimando el sometimiento de la población civil a estructuras armadas ilegales, formalizando economías ilícitas y consolidando formas de gobernanza de facto que debiliten o suplanten la autoridad del Estado.

En segundo término, advirtió sobre la ausencia de un marco legal claro para cerca del 40 % de los integrantes de ese grupo armado, una situación que, a su juicio, genera inseguridad jurídica y pone en entredicho la viabilidad del proceso.

La carta también señala el riesgo de interferencia electoral en 2026, mediante prácticas de coacción, control territorial y proselitismo armado en zonas de influencia de la CNEB, lo que podría afectar de manera directa la contienda democrática.

Hay varias denuncias sobre una posible intervención en los comicios de varias estructuras de esa disidencia, especialmente de Comandos de Frontera, de la que es jefe Araña, y cuya operación se da en Putumayo.

Un hecho similar se había presentando en las elecciones atípicas de gobernador de ese departamento en febrero pasado. Sectores señalaron que se está cooptando a la población para votar por Jhon Gabriel Molina, quien resultó ganador en esas votaciones.

Otra de las preocupaciones centrales es la falta de garantías reales de no repetición, así como la inexistencia de compromisos verificables de desarme y desmovilización total. Acore cuestiona que los planes piloto o las llamadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) puedan convertirse en espacios de impunidad y no en escenarios irreversibles de fin del conflicto.

El pasado 6 de diciembre arrancó plan piloto de las dos Zonas de Ubicación Temporal para esa disidencia que iría por 10 meses y empezaría en Putumayo.

El comunicado también alerta sobre un alto riesgo de nuevas disidencias internas, impulsadas por disputas por el control de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, en un contexto que describen como carente de una motivación ideológica clara y dominado por intereses criminales.

Finalmente, la organización expresa su rechazo a lo que considera escenarios de impunidad frente a crímenes graves, incluidos hechos cometidos durante la negociación o bajo el cese al fuego, como el reciente intento de asesinato por incineración de dos soldados en Putumayo.

Pese a su retiro, Acore reafirmó su disposición a respaldar iniciativas de paz, pero advirtió que solo acompañará procesos que se conduzcan dentro del marco constitucional, con respeto a la institucionalidad y sin concesiones que —en su criterio— vulneren el Estado de derecho o la dignidad de la Fuerza Pública. Con esta nueva salida, la mesa con la disidencia de Calarcá queda marcada por dos rupturas significativas, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la solidez y los límites de la política de paz total.

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