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La región del Catatumbo completa más de una semana en lo que ha sido denominada la crisis humanitaria más intensa de los últimos años a causa de los enfrentamientos entre el ELN y el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
En la región ya se ha reportado el desplazamiento de más de 48.000 personas y cerca de 80 muertes violentas en municipios como Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y San Calixto. Además, según cifras de las autoridades, cerca de 23.000 personas estarían confinadas al no poder salir de sus hogares por el miedo a quedar en medio de las confrontaciones armadas.
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En una carta de ocho puntos, firmada por 25 asociaciones de Juntas de Acción Comunal de Tibú, Teorama, San Calixto, El Tarra, Hacarí, Convención y El Carmen, las organizaciones expresaron su “profunda preocupación” por la situación de violencia en la zona norte del país.
“Exigimos a las insurgencias el respeto por la vida, la no vinculación de la población civil en el conflicto y desescalar las hostilidades”, es el primer pedido del comunicado.
En la carta, los líderes también piden al Gobierno que se retomen los diálogos con el ELN, los cuales fueron suspendidos el pasado 17 de enero por las acciones violentas de esa guerrilla en la región del Catatumbo. Así mismo, en la carta se exige al Ejecutivo mantener los diálogos que van avanzando con la disidencia del EMBF que comanda Calarcá Córdoba.
La situación de violencia en Catatumbo también llevó a que el Gobierno anunciara nuevas medidas con las que busca hacerle frente a la crisis humanitaria, junto con la declaración del estado de conmoción interior, que fue decretada por el presidente Petro el pasado lunes.
En los cinco puntos que anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se habla sobre la puesta en marcha de un “Pacto por la Transformación del Catatumbo”, mediante el cual el Gobierno trabajaría por el mejoramiento de las instituciones educativas, hospitales y puestos de salud de la región.
El jefe de la cartera también dijo que se priorizará la sustitución de cultivos en la región, avanzar en la estabilización de 400 firmantes de paz, garantizar espacios esquemas de protección extraordinarios con la UNP y mejorar la caracterización de desplazados para definir quiénes podrían retornar a las zonas de conflicto.
Y aunque los presidentes de las Juntas de Acción Comunal sí piden la firma inmediata del Pacto por el Catatumbo, han manifestado su preocupación por la declaratoria de estado de conmoción interior.
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Según sus argumentos, las comunidades temen que esta figura sea una herramienta para militarizar los municipios, lo que podría provocar efectos adversos en la salida a la crisis humanitaria.
“Las experiencias vividas han dejado estigmatización, criminalización de la población civil, falsos positivos y vulneración de los derechos humanos por parte de las FF.MM.”, se lee en el documento.
Finalmente, rechazaron los señalamientos y amenazas directas en redes sociales contra líderes sociales de la región del Catatumbo.
Esta es la carta de las asociaciones:
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