Al menos cinco Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) pactadas para el tránsito a la vida civil de integrantes de grupos armados ilegales –en el marco de la política de paz total– quedaron en vilo tras los más recientes tropiezos en dos mesas de diálogo del Gobierno de Gustavo Petro, atravesados por tensiones alrededor de órdenes de captura y solicitudes de extradición.
Se trata, por un lado, de las dos zonas previstas en Putumayo y Nariño para la disidencia de Walter Mendoza –la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)–, que este 16 de febrero anunció la pausa de la mesa. Por otro, de los tres espacios pactados para el Clan del Golfo en Chocó y Córdoba, cuyo arranque, previsto para el pasado 1 de marzo, quedó frenado.
Además, a eso se suma la crisis con Ecuador tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que el vecino estaba bombardeando a Colombia.
“Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, expresó el presidente: “Ha aparecido una bomba tirada desde un avión. Se van a investigar bien los modos, muy en la frontera con Ecuador, ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien”.
Su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, descalificó su denuncia y en redes sociales y dijo que las declaraciones de Petro eran falsas. “Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas (...). Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos, que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera”, afirmó Noboa.
Con estos hechos también queda en vilo una de las fórmulas que había encontrado el Gobierno para proyectar las negociaciones más allá de su mandato, que ya entra en su tramo final. Las ZUT no buscan solo concentrar a los combatientes, sino dejar encaminados procesos que puedan sostenerse en el tiempo.
¿Qué pasó con la mesa de Walter Mendoza?
Una carta conocida este 16 de marzo por parte de la disidencia CNEB evidenció, una vez más, el desgaste que atraviesan los tableros de la paz total.
En el comunicado, la estructura anunció que deja “en pausa” la mesa de negociación que adelanta con el Gobierno, tras la muerte de Alexander Rondón, conocido como “Machaco”, quien, según el grupo, falleció en medio de un operativo del Ejército. El Ministerio de Defensa, sin embargo, aseguró que es “falso que la Fuerza Pública haya desarrollado operaciones en la zona, en la fecha señalada, contra esa estructura”.
Fuentes cercanas al proceso le explicaron a Colombia+20 que detrás de la decisión habría otro factor: el futuro de Geovanny Andrés Rojas, conocido como “Araña”, comandante de Comandos de Frontera, quien tiene una orden de extradición avalada por la Corte Suprema de Justicia. Según indicaron, el Gobierno se habría comprometido a trasladarlo una vez iniciara la ZUT, pero recientemente habría señalado que no está en condiciones de cumplir ese acuerdo.
Sobre la mesa también se habrían planteado alternativas como trasladar a 99 de los 100 integrantes previstos –sin incluir a “Araña”– a la zona de Putumayo, o incluso continuar el diálogo sin la ZUT. Ese escenario habría llevado a la disidencia a frenar la negociación.
Aunque en el comunicado no se habla de esa extradición, la CNEB sí cuestiona la captura de “Araña”, ocurrida en febrero de 2024.
“No les fue suficiente con capturar ilegalmente a uno de nuestros comandantes mientras dialogaba con el estado en búsqueda de la tan anhelada paz para nuestros pueblos. Exigimos al señor Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, a su ministro de defensa, a la mesa de paz por parte de gobierno, investiguen sobre la orden y su procedencia”, se lee en el mensaje.
El panorama para esta mesa podría agravarse, en medio del ataque contra un campamento de los Comandos de Frontera en la frontera con Ecuador, que el Gobierno Petro ha atribuido al Ejército de ese país.
Clan del Golfo: entre retrasos y revocatorias
Tanto en el proceso de la disidencia de Mendoza como en el del Clan del Golfo, el alcance de las ZUT ha estado definido por resoluciones del Gobierno que contemplan un punto clave: la suspensión de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para los integrantes que ingresen a estas zonas.
En el caso de la CNEB, la resolución firmada el pasado 26 de febrero por el Gobierno de Gustavo Petro establece que “quedan suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.
En la resolución del 22 de diciembre que dio luz verde a las ZUT del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) se precisa que esa suspensión aplica también durante el desplazamiento hacia esas zonas de los integrantes incluidos en los listados avalados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, ese marco para ambas parece tambalea.
El pasado 9 de marzo, el alto comisionado de paz, Otty Patiño, firmó una resolución que revocó la suspensión de las órdenes de captura contra varios miembros del EGC, entre ellos su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Chiquito Malo”. La medida se había adoptado en diciembre para facilitar su ingreso a las ZUT, previsto inicialmente para el 1 de marzo, que no se concretó.
“El 24 de diciembre el EGC entregó un listado preliminar de un grupo de personas y ese listado tiene una fecha de ingreso a la ZUT que indica la resolución: el 1 de marzo. Entonces, en la medida en que la fecha pasó y no se dio el ingreso, tenemos que hacer un acto administrativo que suspenda esa fecha y dejar abierto a ver cuándo definimos”, dijo Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno Petro en los diálogos con el Clan del Golfo, a este diario.
Aunque tanto la resolución como Jiménez argumentan que la revocatoria responde a ese incumplimiento, la decisión abrió interrogantes sobre si también obedece a tensiones más profundas dentro del proceso. Sobre todo porque el 27 de febrero, el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV) –integrado por el Gobierno, el EGC y la MAPP-OEA– ya había advertido que el ingreso se aplazaría por tres factores: las fuertes lluvias en Chocó y Córdoba, la muerte de “Gonzalito” en medio del traslado a la ZUT y la suspensión que había tenido la mesa de negociación en febrero.
Por ahora no se ha definido la nueva fecha en la que los integrantes del Clan del Golfo –la mayor estructura armada del país– ingresarán a las ZUT. Ante la pregunta de si una vez se defina la fecha se volvería a suspender las órdenes de captura de Chiquito Malo, Jiménez señaló que se harán las “actuaciones que, de acuerdo con la ley, corresponden”.
En ese contexto, las Zonas de Ubicación Temporal quedan hoy atravesadas por tensiones y sin mucho tiempo para resolverlas.
Las ZUT pactadas para Comuneros del Sur y el frente 33 de la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente tampoco muestran avances.
Lo que está en juego no es solo la entrada o no de combatientes a estos espacios, sino la viabilidad de una fórmula que buscaba extender las negociaciones más allá del gobierno de Gustavo Petro. Con varias de estas zonas en suspenso, también se abre la pregunta sobre qué tanto la paz total logrará sobrevivir al cambio de administración si llega un Gobierno que no la respalde.
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