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Este lunes se esperan varias movilizaciones a escala nacional, convocadas por centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Confederación General del Trabajo (CGT). Las razones para salir a marchar incluyen un menú variado de descontento económico y social, este último relacionado notablemente con la violencia policial. La convocatoria de los sindicatos incluye la exigencia de que se retomen las conversaciones con el Comité del Paro Nacional, que surgió a su vez de las marchas y cacerolazos de noviembre del año pasado.
Más allá de esta petición puntual de las centrales obreras, resulta inevitable no enmarcar de cierta forma esta nueva ronda de movilizaciones en el movimiento de protesta nacional, que sacudió el país en noviembre del año pasado. Las razones en ese entonces también incluían un malestar económico (relacionado con el desempleo y perspectivas de reformas laboral y pensional) y social, con el añadido de violencia que en ese momento estaba vinculado a las masacres de indígenas en Tacueyó y Toribío, ambos municipios del Cauca.
“En principio teníamos previsto un paro para el mes de abril, que no se pudo llevar a cabo, porque la pandemia paralizó el país y uno cómo le hace un paro al paro. Yo quiero decirlo categóricamente: nosotros estamos convocando a la caravana nacional de protesta, que significa que la gente puede ir en taxis, buses, busetas, carros particulares, motos, bicicleta, en lo que quieran, pero de manera pacífica. Desautorizamos cualquier acto de violencia y si se producen inmediatamente se disolverán las caravanas, porque no es posible que grupos de oportunistas hagan de las suyas en momentos en que se adelantan protestas pacíficas”, dice Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT.
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Hablar de paro nacional, tanto en noviembre como ahora, implica tener una conversación sobre la economía y, particularmente, sobre el empleo. Ambos son temas con perspectivas aterradoras. Por cuenta de la pandemia, este podría ser el peor año en la historia económica del país, con una contracción anual que podría estar entre 5,5 % y 10 %, dependiendo de qué entidad esté haciendo las estimaciones y qué tan malo es el escenario que tiene en cuenta. Aunque el número importa, claramente, lo que resulta evidente es que el golpe será memorablemente malo.
Y el impacto en el PIB está relacionado, de forma inexorable, con el empleo en el país. El DANE lleva por lo menos tres meses publicando las peores mediciones con variación anual desde que lleva el registro. En julio, la tasa nacional de desempleo se ubicó en 20,2 %, variable que tiene un impacto especial en las mujeres, cuyo indicador se elevó a 26,2 % para ese mes, frente al 16,2 % de los hombres para el mismo período. El desempleo es, en opinión de analistas y académicos, uno de los mayores problemas económicos que ha enfrentado la administración del presidente Iván Duque: en 2019, con excepción de junio, el indicador registró cifras de dos dígitos en ocho de 12 meses y en el acumulado del año se ubicó en 10,5 %; desde 2012, la tasa nacional no superaba el umbral de 10 %.
Para el pasado paro nacional se hablaba de una paradoja llamativa: había una expansión económica que resaltaba en la región (3,3 % fue el PIB de 2019). Sin embargo, el empleo no subía. En su momento, muchos recordaron esta célebre frase para describir el momento: la economía va bien, pero el país va mal. Antes de la entrada de la pandemia, el desempleo para 2020 no presentaba un panorama alentador: 13 % para enero, 12,2 para febrero y 12,6 % para marzo. Y, bueno, ahí entró el COVID-19 en el escenario y se llevó por delante casi todo.
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“El tema del desempleo es brutal, de la informalidad en la economía en unas condiciones absolutamente inaceptables. Tenemos doce millones de campesinos sometidos a situaciones de miseria y abandono, y realmente no tienen sentido ni presentación”, dice Gómez.
Gómez asegura que las centrales obreras le presentaron al Gobierno un pliego de emergencia con seis puntos. “Han transcurrido ya más de dos meses y el Gobierno ni siquiera se ha dignado a acusar recibo de ese pliego. No vemos políticas encaminadas a proteger como corresponde a la pequeña y mediana empresa; ver cómo garantizamos la renta básica por lo menos para tres millones de hogares, que sumarían cerca de 18 millones de personas. Ese pliego incluye el tema de la salud, de la educación: estamos pidiendo matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas y privadas.
“¿Qué vamos a hacer para resolver el tema del empleo para los sectores más empobrecidos? Eso es lo urgente. No estamos diciendo que nos den todo, pero por lo menos que se siente el Presidente de la República con el Comité Nacional del Paro. Pero es que no hay ninguna voluntad política y más bien el país sigue siendo gobernado con base en decretos que permanentemente se están cayendo por vicios de carácter legal o porque son inconstitucionales”.
Conectando con el sistema laboral, uno de los reclamos de las centrales obreras que motiva la movilización es la expedición del Decreto 1174, que reglamentó el llamado “piso de protección social” y que los sindicatos han calificado como “la más agresiva reforma pensional y laboral de los últimos treinta años”. Dato al margen: otro de los puntos que alimentaron las marchas y cacerolazos de noviembre eran las perspectivas de reformas en estos dos temas, que, por cierto, no han progresado. Actualmente, hay en marcha una Misión de Empleo para entregar recomendaciones de fondo para una futura reforma.
En pocas palabras, el Decreto 1174 crea un mecanismo que, según el Gobierno, permite a las personas que mensualmente ganan menos del salario mínimo (porque trabajan a tiempo parcial) acceder a protección social. Es decir: salud, en el régimen subsidiado; un seguro que cubre riesgos laborales y ahorro para la vejez, en el marco de los Beneficios Económicos Periódicos (BEP).
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Esta no es una idea enteramente nueva, pues estaba planteada en el Plan Nacional de Desarrollo y, bajo la narrativa del Gobierno, les ofrece protecciones sociales a quienes ganan menos del mínimo y que, en muchos casos, son trabajadores por horas.
El piso mínimo es obligatorio para quienes, a través de uno o más contratos, al final del mes ganan menos del mínimo, porque trabajan a tiempo parcial. En ningún caso se puede contratar jornada completa por menos del mínimo.
¿Cuál es el problema con el decreto? En opinión de las centrales, la norma tiende a precarizar a los trabajadores y, según ellos, formaliza por lo bajo.
Además de esto, algunos ven potenciales abusos por parte de los empleadores que, a la larga, terminan debilitando la posición de los trabajadores. Si antes contrataban a una persona por ocho horas, afiliada a seguridad social, ¿ahora la contratarán por menos horas? ¿O contratarán a dos para que cada una esté en el piso mínimo?
Diego Guevara, profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y colaborador de este diario, asegura que “al contribuir a punta de horas va a ser muy difícil que una persona se pensione, pues aunque cotice pensión, nunca va a alcanzar las semanas y, tal vez, sus contribuciones a la salud serán medianas. Mucha gente que tiene que pagar la planilla por un proyecto free lance sobre el salario mínimo por un día de trabajo seguramente podrá pagar menos y pensará que es conveniente, pero para un sistema de protección social es completamente lo contrario”.
“Lo inteligente sería que se derogara el Decreto 1174, porque es un acto de provocación contra la clase trabajadora colombiana, no solamente contra las centrales y las confederaciones de pensionados, sino contra toda la clase trabajadora”, asegura Gómez.
Y añade que se “debe nombrar una comisión para que nos sentemos a negociar el pliego de emergencia. No importa si solo hay acuerdo en cuatro o tres puntos de los seis, es que todo en la vida es un proceso. No se puede llegar al décimo piso de un brinco, hay que subir de escalón en escalón y así es que lo queremos hacer; pero necesitamos que el Gobierno se baje de esa nube de arrogancia”.