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Mañana 15 de septiembre vence el plazo para que el presidente Donald Trump decida si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas. La respuesta no solo marcará un pulso diplomático con la Casa Blanca, también puede golpear de lleno a la economía nacional en un momento de alta fragilidad fiscal.
Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, Colombia concentra el 67 % de los cultivos de coca en el mundo, un dato que ha elevado las dudas en Washington pese a los operativos recientes: 500 toneladas de cocaína incautadas y 183 capturas para extradición en lo corrido del año, según la Policía.
La Casa Blanca tiene tres opciones: certificar sin reparos, certificar con observaciones o descertificar. Aunque en el pasado Colombia siempre logró al menos el “visto bueno condicionado”, la tensión actual por el aumento de los cultivos ilícitos y la estrategia de sustitución abre la puerta a un desenlace menos cómodo.
La certificación no es solo un mecanismo técnico. Es, en forma y fondo, un instrumento político que EE. UU. ha usado históricamente para presionar a sus socios. Basta recordar a Bolivia (2008) o Venezuela (2017), que tras su descertificación quedaron en un escenario de aislamiento económico y sanciones graduales.
El golpe potencial al comercio exterior
Lo económico es lo que más preocupa. Cabe recordar que EE.UU. sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, concentrando poco más de 31 % de las exportaciones nacionales entre enero y julio de este año. Una descertificación podría traducirse en:
- Revisión de beneficios comerciales bajo el TLC con EE. UU., en particular para productos como flores, café, banano y textiles, que dependen fuertemente de ese mercado.
- Advertencias en turismo, con la posible inclusión de Colombia en listas de riesgo del Departamento de Estado, lo que afectaría la llegada de visitantes internacionales.
- Dificultades para inversión extranjera directa, en un país que ya vio cómo su prima de riesgo (EMBI) se movió al alza tras anuncios de reformas.
- Acceso limitado a créditos multilaterales, pues la descertificación suele ser leída como un deterioro en la gobernanza institucional.
La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham) ya advirtió que un mal resultado impactaría directamente en la confianza de los inversionistas.
Contexto: Las consecuencias económicas de una descertificación por parte de EE. UU.
Además, según lo investigado por AmCham, el sector del turismo puede ser uno de los impactados, pues es posible que Colombia suba en la escala de precauciones al momento de viajar, pasando de ser un país que se encuentra en el nivel 3 (es decir que se puede viajar con precaución) a un nivel cuatro (que representa la no posibilidad de viaje).
Un efecto contrario a lo que necesita un sector que ha crecido como espuma en 2025, ocasionando de entre US$450 millones y US$600 millones.
El momento no puede ser más delicado. Colombia discute el Presupuesto General de 2026, que depende de una reforma tributaria aún en veremos. Con un déficit proyectado superior al 7 % del PIB, cualquier señal de deterioro externo aumenta la presión sobre el gasto público.
Una descertificación, además de su efecto político, puede encarecer el crédito internacional para el país. El costo de endeudarse ya sube con las tasas globales, y perder respaldo de EE. UU. pondría a los mercados en alerta. El margen para financiar inversión pública se estrecharía, justo cuando el Gobierno busca cumplir con promesas sociales y de infraestructura.
A la postre, coronaría la narrativa de Hacienda de que el alto servicio de la deuda de Colombia ahoga las finanzas públicas, obligándolas a reducir inversiones sociales en el afán de cumplir deudas con tasas altas.
Otro ángulo es el “doble rasero” que Colombia ha reclamado durante años: mientras se critica la producción local de coca, en Estados Unidos el consumo de cocaína crece y no recibe la misma presión política. Este cruce no es menor en un momento en que Donald Trump, en campaña, ha endurecido su discurso antidrogas y podría usar la certificación como carta electoral.
“Podemos señalar que el consumo de cocaína en este país se ha mantenido estable, no ha subido, como sí ha subido en Europa, en Asia y en otras partes; pero aunque se ha mantenido estable, sigue siendo de lejos el mercado predilecto del narcotráfico y, por lo tanto, hay una parte fundamental en la corresponsabilidad en la que Estados Unidos debe jugar un papel mayor”, dijo a este diario el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña.
Para Colombia, entonces, la decisión no depende solo de cifras técnicas de erradicación o interdicción, sino de cómo se mueva la política interna en Washington.
Contexto: “Estados Unidos sigue siendo el mercado predilecto del narcotráfico”: García-Peña
¿Qué sigue?
Si la certificación es positiva, el Gobierno Petro ganará un respiro político y económico, aunque bajo observaciones. Si es negativa, el país enfrentará un escenario de riesgos comerciales y financieros que se sumarían a su ya estrecho margen fiscal.
El desenlace de este fin de semana marcará si Colombia mantiene su posición histórica como “aliado confiable” en la lucha antidrogas o si entra en un terreno inédito en dos décadas: el de la descertificación, con todas las implicaciones que eso tendría para su economía y su gobernabilidad.
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