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La discusión por el arroz tiene dos frentes abiertos. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, sostiene que en La Guajira hay cultivos que no deberían seguir sembrándose porque los rendimientos no compensan los costos. Fedearroz, mientras tanto, defiende el trabajo que ha hecho durante décadas y cuestiona que se ponga en duda el uso de los recursos que han financiado investigación, tecnología e infraestructura para el sector.
Entre ambas posiciones están los productores, que vienen de un año de bajos precios, endeudamiento y problemas climáticos.
Dangond volvió a precisar sus declaraciones después de que circulara un video en el que decía: “El arroz ya no es negocio. No siembren arroz; no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua”.
Su aclaración fue más específica: “El arroz que no se puede seguir sembrando es el de La Guajira porque es ineficiente”, dijo, y señaló particularmente a los productores de Fonseca, de quienes aseguró que llevan “más de cinco quiebras seguidas”.
El Gobierno pide resultados; Fedearroz defiende lo que ha hecho
La discusión llega pocos días después de que el Ministerio de Agricultura anunciara una revisión de los recursos parafiscales del arroz. Dangond señaló que las subastas de importación de arroz estadounidense realizadas durante los últimos 15 años habrían generado cerca de COP 292.867 millones y que la cuota parafiscal habría recaudado más de COP 259.000 millones.
El Ministerio quiere determinar qué resultados han producido esos recursos en productividad, reducción de costos, infraestructura, comercialización y manejo del riesgo.
Fedearroz respondió el 2 de octubre. Su presidente de junta directiva, César Augusto Saavedra, sostuvo que los recursos han sido auditados y que las inversiones cuentan con aprobación del Gobierno. La Federación también defendió que el dinero no se ha destinado a financiar a la organización como tal, sino a generar capacidades para los productores.
“Es importante, además, destacar que estos recursos no han tenido como finalidad financiar a la Federación como institución, sino generar bienes, servicios y capacidades para los productores arroceros del país”, señaló Saavedra. Entre las inversiones mencionó investigación, transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades productivas, infraestructura y plantas de procesamiento.
La Federación agregó que la Contraloría y la Procuraduría han realizado revisiones periódicas y que los proyectos financiados con la Cuota de Fomento Arrocero pasan por una comisión en la que participa el Ministerio de Agricultura, además de Hacienda, Comercio, Planeación y representantes de los productores. Los índices de transparencia, dijo Saavedra, superan el 95 %.
"Pregúntele a los agricultores de Puerto López; pregúntele a los agricultores de Tolima, a los de Casanare, a los de aquí del Valle para ver si se han beneficiado y cuál ha sido el servicio grande que se les ha prestado", señaló Saavedra.
La posición del gremio no consiste en rechazar una revisión. Pide que la evaluación se haga sobre resultados en el campo: cuánto aumentó la productividad, cuánto se redujeron los costos y qué tan útiles han sido las inversiones para los agricultores.
Ahí está uno de los puntos centrales de la disputa. Gobierno y Federación hablan de medir resultados, pero llegan a esa discusión desde diagnósticos distintos sobre lo que está funcionando en el sector.
¿Cuánto está produciendo una hectárea?
Los datos nacionales no muestran una caída general del rendimiento del arroz en 2026.
Según la Encuesta Nacional de Arroz del DANE y Fedearroz, durante el primer semestre se produjeron 876.400 toneladas, frente a 998.837 en el mismo periodo de 2025. La producción cayó 12,3 %. Pero el área cosechada bajó todavía más: pasó de 178.086 a 146.380 hectáreas, una reducción de 17,8 %.
Al dividir la producción entre el área cosechada, el rendimiento promedio pasa de unas 5,61 a 5,99 toneladas por hectárea. Es un aumento cercano al 7 %.
El resultado cambia cuando se separan los sistemas productivos. El arroz irrigado alcanzó 6,50 toneladas por hectárea, frente a 6,22 un año antes. En el arroz de secano mecanizado, el rendimiento bajó de 4,28 a 4,02 toneladas.
Acá entran en la ecuación el área sembrada y la importación del grano. En el primer semestre de 2026 se sembraron 324.554 hectáreas, frente a 417.556 un año atrás: son 93.002 hectáreas menos, una reducción de 22,3 %. La caída ocurrió mientras las importaciones de arroz, según cifras de Fedearroz, llegaron a 168.984 toneladas de arroz equivalentes a paddy seco, frente a 126.911 toneladas en todo 2025. En términos de arroz blanco, el volumen pasó de 87.778 a 119.234 toneladas. Es decir, las importaciones de ambos segmentos aumentaron 33,2 % y 35,8 %, respectivamente.
La cifra pone en perspectiva una de las afirmaciones de Dangond. “Si no somos capaces, si el clima no nos permite tener más de ocho o nueve toneladas por hectárea de arroz con riego, con unos costos que superan los 10 millones, no sembremos arroz porque el precio no da para compensar esos costos y esos bajos rendimientos”, dijo.
Ese rango es el umbral de rentabilidad que plantea para las condiciones que está describiendo, no el rendimiento promedio que esté obteniendo hoy el país.
Por eso, que el rendimiento nacional haya mejorado no resuelve la discusión sobre rentabilidad. Una hectárea puede producir más arroz y dejar menos dinero si el precio recibido por el productor no cubre los costos.
De manera que florece la pregunta: ¿qué ocurre con la producción nacional cuando los agricultores reducen la superficie cultivada mientras el mercado sigue recibiendo grano del exterior?
El propio Dangond ya había planteado un diagnóstico parecido hace un año. En una columna publicada en El Espectador en octubre de 2025, antes de llegar al Ministerio, escribió que en la región Caribe el rendimiento del arroz era de 4,5 toneladas por hectárea “cuando debería ser 8 toneladas”, y atribuyó los bajos resultados a problemas de planeación, conocimiento y adopción de tecnología.
En ese texto también defendió que la elección del cultivo debía partir de las condiciones del suelo, el agua, el clima y la demanda, y mencionó al marañón entre las alternativas que consideraba más rentables para la región.
Casanare muestra el golpe del clima
Casanare ofrece otro ejemplo de la dificultad para leer el problema con una sola cifra.
Las inundaciones de julio afectaron la cosecha y llevaron al Ministerio a intervenir con un plan de alivio y reperfilamiento de deuda. El departamento acumuló obligaciones por unos COP 471.000 millones: COP 250.000 millones con bancos y entidades financieras, COP 150.000 millones con la industria molinera y COP 71.000 millones con establecimientos de agroinsumos.
El Gobierno anunció ajustes en los plazos de esas obligaciones y recursos para ampliar y fortalecer las plantas locales de secamiento, con el propósito de que los productores puedan volver a sembrar.
La situación de Casanare también muestra que producción y productividad no son la misma cosa. En el primer semestre de 2026, el departamento produjo 57.721 toneladas, 44,8 % menos que las 104.521 de 2025. El área cosechada cayó 45,4 %.
El rendimiento, en cambio, pasó de 5,52 a 5,58 toneladas por hectárea.
La inundación golpeó la cantidad de arroz obtenida y la superficie que llegó a cosecha, pero no provocó una caída equivalente en el rendimiento de las hectáreas cosechadas.
El problema viene de antes de la polémica
La crisis arrocera comenzó antes de las declaraciones de Dangond.
Durante 2025, los productores protagonizaron dos paros por los bajos precios. Fedearroz ha señalado problemas de comercialización, sobreoferta, importaciones, contrabando y precios internacionales. En algunas regiones hubo dificultades para vender la cosecha y el gremio llegó a pedir apoyo para retirar unas 250.000 toneladas de inventarios.
En agosto de 2025, el Gobierno estableció un régimen de libertad regulada para el arroz paddy verde y fijó precios mínimos por región. En los Llanos, el valor de referencia quedó en COP 1.457.387 por tonelada y en la región Centro en COP 1.589.489.
Durante 2026 también se aprobaron alivios financieros por COP 35.000 millones a través del Fondo de Solidaridad Agropecuaria (Fonsa), con plazos de hasta diez años y tres años de gracia para determinados productores, además de COP 17.900 millones para proyectos de diversificación productiva.
Esos antecedentes explican por qué la discusión sobre productividad no puede separarse de los precios. El agricultor no decide únicamente qué cultivo produce más por hectárea. También necesita saber cuánto cuesta producirlo, cuánto recibirá por la cosecha y qué posibilidades tiene de venderla.
Marañón, cacao y la apuesta por cambiar la producción
En La Guajira, Dangond propone que parte de esa respuesta pase por cambiar la vocación productiva de algunas zonas.
El Gobierno presentó el 2 de octubre una estrategia de desarrollo agropecuario para nueve municipios del sur del departamento, con una inversión estimada de COP 37.000 millones para unas 3.000 familias. Incluye café, cacao, sistemas diversificados y actividades orientadas a fortalecer la comercialización y la transformación.
El cacao es uno de los cultivos señalados por el Ministerio. La cartera calcula que existen unas 96.652 hectáreas con potencial para este producto, aunque actualmente solo hay alrededor de 762 hectáreas sembradas. La propuesta parte de una premisa que el propio Ministerio resume así: “primero el mercado, después la siembra”.
El marañón también fue presentado por Dangond como alternativa. En su primera intervención dijo que puede ofrecer una rentabilidad superior al 24 %. Sin embargo, la cifra corresponde a una estimación oficial que no llegó acompañada de los costos, tiempos de entrada en producción o condiciones de mercado.
Ese detalle resulta relevante para comparar cultivos. Cambiar arroz por otro producto no consiste únicamente en sustituir una semilla por otra: requiere infraestructura, compradores, crédito, asistencia técnica, agua cuando sea necesaria y un mercado capaz de absorber la nueva oferta.
La discusión ha tenido eco entre usuarios de redes sociales. Santiago Flórez Gómez resumió en X una de las críticas a la propuesta del ministro: “Si el Ministro quiere que los arroceros de La Guajira siembren marañón, mejore el acceso a financiación, la genética y acceso a los mercados”. Su planteamiento apunta a una dificultad práctica de la sustitución de cultivos: cambiar de producto también exige capital, conocimiento técnico y compradores.
Cristian López, por su parte, señaló que "retrocede la siembra nacional, entra arroz importado a borbotones y la única respuesta del Gobierno es decirles a nuestros productores que siembren otra cosa".
El punto que queda abierto es cómo demostrar que una actividad agrícola dejó de ser viable y, al mismo tiempo, qué condiciones existen para que otra pueda convertirse en una alternativa real para los productores.
Para el Gobierno, la respuesta pasa por producir más donde las condiciones lo permitan, reducir costos y orientar la tierra hacia actividades con mejores perspectivas de mercado.
Para Fedearroz, la discusión también obliga a mirar qué resultados han producido décadas de investigación, infraestructura y asistencia financiadas con recursos parafiscales.
Y para los agricultores, ambas discusiones terminan encontrándose en una cuenta mucho más sencilla: cuánto cuesta sembrar, cuánto produce una hectárea y cuánto dinero queda después de vender la cosecha.
La revisión anunciada por el Ministerio y la decisión de los productores enmarcará qué tanto continuará en caída el área sembrada de arroz, el aumento de las importaciones del grano y qué tanto beneficio deja, finalmente, uno de los últimos granos de producción masiva a nivel nacional.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
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