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El balance de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) muestra que el sector continúa recibiendo reclamaciones y que una parte de los recursos ya empezó a llegar a los afectados. También evidencia la distancia entre el valor de los daños que las compañías calculan atender y el dinero que efectivamente han desembolsado.
Desde el terremoto del 10 de agosto, las aseguradoras han recibido 85.496 reclamaciones. En el reporte anterior, con corte a la semana previa, se registraban 84.534. Esto significa que en los últimos días ingresaron 962 nuevos casos.
El valor de los pagos creció con mayor rapidez. Las compañías reportaron COP 89.820 millones adicionales en indemnizaciones frente al balance anterior, lo que representa un incremento del 48 %. En total, los desembolsos suman COP 274.590 millones, equivalentes a cerca del 5 % de los COP 5,5 billones que las aseguradoras calculan que deberán pagar por los daños reportados. La comparación no significa que el porcentaje restante corresponda automáticamente a dinero pendiente de giro: los casos deben pasar por procesos de evaluación, revisión de cobertura y determinación de la pérdida indemnizable.
Del aviso de siniestro a la indemnización
La distancia entre una reclamación y un pago se explica, en parte, por el proceso técnico que debe realizarse antes de establecer cuánto cubre cada póliza.
Fasecolda informó que las aseguradoras se encuentran en la etapa de evaluación de los bienes afectados, con prioridad en los inmuebles colapsados y aquellos declarados pérdida total. Para esa tarea participan más de 140 firmas de ajustadores.
Los ajustadores son profesionales encargados de inspeccionar los bienes afectados, documentar los daños y estimar económicamente las pérdidas. Su análisis también permite establecer si los daños guardan relación con el evento reportado y determinar qué parte puede ser indemnizada según las condiciones de la póliza.
El trabajo puede incluir visitas a viviendas, edificios, comercios, industrias, maquinaria e infraestructura asegurada. Los profesionales recopilan fotografías, informes estructurales, inventarios, facturas y presupuestos, entre otros documentos que sirven para valorar la pérdida.
La evaluación también debe distinguir entre los daños ocasionados por el terremoto, los preexistentes y aquellos que puedan tener otra causa. El valor de una reparación o reconstrucción, por sí solo, no determina cuánto pagará una aseguradora. También deben considerarse la cobertura contratada, la suma asegurada, los deducibles y las demás condiciones del contrato.
“Tras un terremoto, los ajustadores cumplen una labor fundamental: recorren las zonas afectadas, evalúan los daños y cuantifican las pérdidas”, afirmó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.
De manera que el desembolso no depende solamente del número de reclamaciones recibidas, sino que está condicionado por la capacidad de inspeccionar los bienes, revisar la documentación y establecer el alcance de cada obligación contractual, en un escenario donde miles de casos pueden presentarse al mismo tiempo.
¿Dónde se concentra el valor de los siniestros?
El nuevo reporte distribuye los casos entre distintos ramos de seguros. La mayor concentración corresponde a incendio y terremoto, con 61.250 siniestros y un valor estimado de COP 4 billones.
El ramo de hogar registra 18.755 reclamaciones y un valor estimado de COP 541.000 millones. Automóviles suma 1.252 siniestros por COP 21.000 millones, mientras que riesgos laborales registra 1.137 casos por COP 18.000 millones. Los otros ramos reúnen 3.102 reclamaciones y un valor estimado de COP 69.000 millones.
¿Cómo ha cambiado la respuesta del sector?
Los reportes anteriores muestran la velocidad con la que aumentaron tanto las reclamaciones como los pagos.
En el primer balance, divulgado el 14 de agosto, las aseguradoras registraban COP 82 millones en pagos. Una semana después, la cifra había subido a COP 11.104 millones. Para el 28 de agosto, el valor alcanzó COP 42.992 millones, con 66.370 reclamaciones y un monto estimado de COP 2,71 billones para atender los siniestros.
En ese momento, los pagos representaban una proporción reducida frente al valor estimado de los daños. El sector explicó que muchas reclamaciones todavía no habían completado las evaluaciones necesarias para establecer la cobertura y el valor de la indemnización.
El reporte del 18 de septiembre confirma que el proceso ha continuado. Los pagos aumentaron hasta COP 274.590 millones y el valor estimado de los siniestros se duplicó aproximadamente frente al balance del 28 de agosto. Las cifras, de todas formas, no corresponden a una factura definitiva: las compañías siguen recibiendo avisos y evaluando los casos reportados.
El acuerdo con el Gobierno y las prioridades de pago
Tras la reunión del sector asegurador con el gobierno el 19 de agosto, se anunció que las compañías priorizarían los pagos a los hogares de estratos 1, 2 y 3 y a las viviendas de interés social. También se planteó cruzar la información de las aseguradoras con la del Gobierno para coordinar la entrega de subsidios y ayudas.
Otro de los acuerdos anunciados consistía en que las aseguradoras coordinarían los trámites cuando un mismo inmueble estuviera protegido por más de una compañía. La intención declarada era evitar que los afectados tuvieran que asumir las gestiones entre distintas entidades en medio de la emergencia.
El Gobierno también afirmó que habría ayudas para las personas que no contaran con seguros. Esa medida es relevante porque el seguro privado no cubre a todos los hogares afectados y el pago de una póliza depende de que exista una cobertura aplicable.
Según la información divulgada por Fasecolda el 19 de agosto, solo el 9,3 % de las viviendas que podrían estar aseguradas contaba con una póliza, con corte a marzo de 2026. El gremio reportó entonces 1,65 millones de viviendas aseguradas y un valor asegurado de $361 billones para ese segmento.
Ese dato establece un límite para el papel que puede cumplir la industria aseguradora en la reconstrucción. Aunque los pagos movilicen recursos para reparar viviendas, comercios y otros bienes, una parte de los afectados no cuenta con una póliza que permita activar ese mecanismo de indemnización.
¿Qué sigue?
La distribución del más reciente informe muestra que la mayor parte del valor estimado se encuentra en las coberturas relacionadas con daños a inmuebles y bienes afectados por incendio o terremoto. Ahora bien, la cifra no permite establecer por sí sola cuánto dinero recibirá cada grupo de asegurados, porque la indemnización final depende de las condiciones particulares de cada póliza y de los resultados de la evaluación.
Para las familias, empresas y comunidades que cuentan con un seguro, el siguiente paso es que los daños documentados se traduzcan en decisiones de cobertura y pagos. Para las autoridades y los actores encargados de la reconstrucción, el desafío es coordinar esos recursos con las ayudas públicas y las necesidades de quienes no están asegurados.
Fasecolda sostiene que la industria continúa avanzando en la atención de las reclamaciones y en la movilización de recursos para la recuperación. Por ahora, el balance registra un aumento de los pagos, pero también un volumen de daños estimados que sigue creciendo y un proceso técnico que todavía no ha terminado.
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