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Cuando la falta de presupuesto es, en sí mismo, un problema de gran calado que ralentiza el avance de los proyectos públicos, la plata guardada completa el cuadro de frustraciones.
La Contraloría General de la República acaba de ponerle cifra a la paradoja: COP 4,84 billones de recursos públicos permanecen inmovilizados en fiducia, con corte a diciembre de 2024, pese a estar comprometidos para proyectos que ya deberían estar caminando.
Ese monto equivale a más de tres veces el presupuesto conjunto de los sectores Cultura y Ciencias durante el año pasado.
Del universo de COP 13,48 billones administrados en 787 negocios fiduciarios, más de un tercio (35,6 %) no se estaba ejecutando. Es dinero reservado para vivienda, salud, infraestructura o energía que sigue estacionado en cuentas fiduciarias, sin producir obras ni servicios.
Las fiducias públicas se crearon como una herramienta para ordenar, vigilar y agilizar el uso de recursos. No son una caja fuerte, sino un puente entre el presupuesto y la obra.
“Esta situación deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal la y pérdida de eficacia social”, subrayó la Contraloría.
Por un lado, los recursos están invertidos en portafolios de baja rentabilidad; por otro, y más importante, los proyectos se retrasan. Lo que no se construye hoy se traduce en metas incumplidas y necesidades postergadas.
¿Quiénes concentran la inmovilización?
En una muestra específica de COP 390.265 millones, la Contraloría identificó una concentración clara tanto por entidades públicas como por fiduciarias.
Entidades con más recursos inmovilizados:
- Ministerio de Vivienda: COP 165.255 millones (42 % de la muestra).
- Ministerio de Comercio: COP 109.320 millones (28 %).
- Ministerio de Salud: COP 67.792 millones (17 %).
Fiduciarias que administran más recursos quietos:
- Scotiabank Colpatria: COP 168.081 millones (43 %).
- Fiduciaria La Previsora: COP 74.440 millones.
- Fiduciaria Popular: COP 46.979 millones.
Es decir, pocos actores concentran grandes montos, lo que facilita identificar dónde están los cuellos de botella y, de ese modo, “reducir la inmovilización y mejorar la eficiencia del gasto público”, afirmó el ente de control.
Entre los motivos del congelamiento se encuentran, por ejemplo, demoras en ejecución contractual, diseños deficientes de los contratos fiduciarios, trámites lentos o mal coordinados y rigidez operativa en proyectos de gran escala.
El problema es que los sectores afectados son, precisamente, los proyectos que más impacto tienen sobre el crecimiento y el bienestar.: infraestructura, inmobiliaria, energía, transporte de hidrocarburos y servicios sociales, que requieren grandes inversiones iniciales y ejecución prolongada.
El año pasado, el presidente Gustavo Petro advirtió sobre COP 8 billones estancados en obras que no avanzan, muchas frenadas por disputas legales. En su momento planteó destinar parte de esos recursos a la atención de la fiebre amarilla, iniciativa que también quedó congelada por los posibles litigios contractuales e indemnizaciones multimillonarias, señaladas por la Contraloría, la Procuraduría y los gremios.
Uno de los casos más emblemáticos es la vía Mulaló–Loboguerrero, con COP 2,2 billones atrapados y un retraso acumulado de más de una década.
La Contraloría anunció que a partir de estos hallazgos se iniciarán actuaciones fiscales.
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