Discutir sobre el mercado laboral en Colombia no terminará con el hundimiento de la reforma que propuso el gobierno de Gustavo Petro. Incluso, hay quienes afirman que este ambiente que generó lo sucedido en las últimas semanas entorno a este proyecto de ley puede influir en las elecciones presidenciales de 2026. Además, se habla también de que varias de las propuestas de este proyecto de ley podrían pasar como decretos. Arranquemos.
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Tenemos que volver dos años atrás para empezar diciendo que la reforma laboral ya había sido hundida en el gobierno Petro. En 2023, antes de terminar la legislatura de ese año, el proyecto de ley se hundió, solo que esa vez sucedió en la Cámara de Representantes.
Revisando nuestro archivo, en agosto de 2023 hicimos también una entrega de El Espectador le explica sobre este tema. En esa ocasión, Edwin Bohórquez, quien habitualmente hace este boletín, nos señalaba por qué es importante una reforma laboral en el país: “Por varias razones, pero la primera es que el código que rige data de 1950, así que la realidad que hoy vivimos es diametralmente distinta a la que allí se legisló. Vivimos una pandemia y eso cambió las reglas de juego en el tema laboral. Internet modificó para siempre muchos oficios. Han nacido profesiones. La formación técnica ha venido cobrando más importancia para los empleadores. Se está valorando cada vez más la capacidad de hacer que los cartones de graduación que se puedan tener. Los jóvenes ya no quieren quedarse toda la vida en un mismo empleo. La globalización hizo cambiar las formas de producción industrial y con ello la capacidad de generar empleos locales intensivos en mano de obra. Y, la que podría resumir todos los anteriores escenarios: la informalidad que, además de ser alta, se ha convertido en un problema estructural”.
El año pasado, en el primer período legislativo, volvió a presentarse la reforma laboral en el Congreso. A diferencia de la primera versión de esta iniciativa, la segunda logró pasar la prueba en la Cámara de Representantes. Esto no era novedad, y no lo es con ninguna de las reformas presentadas por el Gobierno, pues allí son mayoría. Los “obstáculos” para sus propuestas se encuentran en el Senado, pues es aquí donde los independientes y la oposición son más que las bancadas del oficialismo.
Desde un principio se sabía que el camino no sería fácil para la reforma laboral. Entre los argumentos para rechazar la propuesta, y siendo este uno de los más frecuentes, está el del incremento de costos para la contratación, lo que podría afectar lo que muchos llaman el “tejido empresarial” del país.
Diego Ojeda, periodista económico de El Espectador, nos explicaba el año pasado algunas claves para entender el debate de la reforma y nos decía que: “Los principales incrementos se darían en el recargo nocturno, ya que esta reforma laboral propone que la mencionada jornada se inicie desde las siete de la noche (y no desde las nueve, como rige ahora); así como la remuneración en días de descanso, la cual pasará a ser del 100 % (hoy es del 75 %). Tenga en cuenta que este último ajuste se aplicaría de forma gradual, pues en julio de 2025 sería del 80 %, en el mismo mes de 2026 del 90 %, y en 2027 el alza llegaría al 100 %”.
En ese momento, datos del Dane indicaban que el 56 % de la fuerza de trabajo en Colombia labora sin las protecciones de ley que brinda un contrato formal.
Asimismo, a esta reforma laboral se le cuestionaba la falta de un impulso real a la formalidad, así como la vinculación laboral de los jóvenes (la tasa de desempleo de esta población ha sido alta los últimos años).
Sumado al reconocimiento de algunos derechos mencionados anteriormente, este proyecto de ley buscaba, entre otras cosas, promocionar el contrato a término indefinido. “Lo que propone la reforma es que los contratos a término fijo no sean superiores a los cuatro años. Si esta condición se incumple automáticamente pasará a configurarse como un contrato a término indefinido. También establece cambios positivos para los trabajadores, como ajustes en las sanciones por despidos sin justa causa y la fijación de los casos en los que aplica la estabilidad laboral reforzada”, explicaba Ojeda.
En el comienzo de la discusión también fue importante el componente sindical, pues se había propuesto un avance importante en los compromisos adquiridos ante organizaciones como la OIT, la OEA y la OCDE. Sin embargo, de los 23 artículos que se eliminaron de la ponencia original, la mayoría tenían que ver con este punto.
El 17 de octubre del año pasado, los representantes a la Cámara aprobaron la reforma laboral con varios cambios. Además de la eliminación de algunos artículos, hubo otros que se agregaron otros relacionados con medidas para la formalización de transportadores de carga y pasajeros, licencia de matrimonio, actividades productivas de personas privadas de la libertad, medidas contra la discriminación de personas reintegradas en el marco del conflicto armado, programa de primer empleo y de último empleo y formalización laboral de las personas manipuladoras de alimentos, entre otros.
Otros de los artículos eliminados tenían que ver con los contratos agropecuarios, en los que el jornal no se podía pactar por debajo del salario mínimo. En su momento, el presidente Petro dijo: “entre más se afecte el nivel de vida de los campesinos y jornaleros en el país, más crecerán las economías ilícitas y la violencia”.
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Los elementos que se extrañarán si se hunde la reforma laboral
Al momento de su aprobación en Cámara, el jefe de Estado escribió en su cuenta de X: “¡Gran noticia! La Cámara de Representantes aprobó la reforma laboral. Estamos un paso más cerca de construir un sistema laboral justo, enfocado en proteger los derechos de los trabajadores”.
“Tenemos que reconocer el gran esfuerzo que se hizo con las diferentes bancadas para llegar a acuerdos y que la reforma saliera mejorada y que pudiéramos llevar a los colombianos y colombianas la estabilidad laboral, que es una necesidad en este país, apartarnos de la precarización”, dijo Gloria Ramírez, quien en ese entonces era ministra de Trabajo, y que salió en el último remezón ministerial hace unas semanas.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, que por estos días ha estado al frente del juicio en su contra por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, ha sido uno de los férreos opositores a la reforma laboral que quiso impulsar el gobierno Petro. “Los costos de la reforma laboral y las regulaciones se oponen a la creación de empleo formal. Además, sin más empleos habrá más oferta de trabajadores y menos buenas condiciones”, mencionó el año pasado, cuando también afirmó que el proyecto de ley parece “una resaca de la vieja confrontación, del odio comunista”.
Para el también exsenador hay dos vías para mejorar las condiciones laborales: el aumento del salario mínimo y la disminución de la jornada de trabajo. ¿Este es el mismo Uribe que años atrás dijo “trabajar, trabajar y trabajar”?
En octubre del año pasado volvió a criticar la iniciativa del gobierno al decir que: “Esta reforma golpea a la pequeña empresa que tiene más dificultades para sustituir mano de obra por tecnología. Es un capricho político. Dicen acaben las leyes de Uribe, que bastante beneficios le trajo a Colombia”. En especial, en ese momento cuestionó el punto del recargo nocturno: “Le están diciendo a la pequeña empresa que cierre temprano porque no puede pagar esos costos de recargos. Hay oficios agropecuarios que no pueden parar en ningún momento. Esto es muy grave”.
Luego de la aprobación en Cámara, empezó a vaticinarse el mal futuro que le esperaba a la reforma laboral. Así nos lo mostraba la sección política de El Espectador: “Con el visto bueno de la Cámara, la reforma entra en una nueva fase, en la que enfrentará más obstáculos. A inicios del pasado abril, la misma Comisión Séptima que recibirá la iniciativa fue la que le puso el punto final al trámite de la reforma a la salud, pues nueve senadores firmaron la ponencia de archivo: Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (ambos del Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín (los dos del Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Ana Paola Agudelo (MIRA), Berenice Bedoya (ASI) y Norma Hurtado (Partido de la U), quien incluso llegó a denunciar que se había emprendido una persecución contra todas las firmas allí consignadas”.
Incluso, Efraín Cepeda, presidente del Senado, ya se mostraba en octubre del año pasado como uno de los opositores a este proyecto de ley: “Aquí está un Senado de la República de cara al país, diciendo que las cosas que convengan a los colombianos pasarán y las cosas que les hagan daño, no pasarán. Equilibrio de poderes y pensar en el pueblo en generar empleo y no destruirlo, como hace esta reforma laboral”, aseguró.
A pesar de los vientos en contra, el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se mostraba positivo ante el panorama (o al menos aparentó bien): “Esperamos que tenga el apoyo de la mayoría de los senadores, porque esta es una reforma que ha venido siendo ajustada, que ha recibido sugerencias, propuestas de los distintos partidos, que cada vez tiene mayores consensos en el país, y que eso lo hace una reforma sostenible y duradera en el tiempo”.
El año terminaba y con él el periodo legislativo. El 11 de diciembre de 2024, Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima, confirmó que no había una ponencia radicada y que sin esta no era posible hacer el debate sobre la reforma. Cinco días después, los senadores del Pacto Histórico, Ferney Silva y Wilson Neber Arias, y Ómar Olmedo Restrepo, de Comunes, radicaron la ponencia para que la iniciativa fuera debatida a principios de este año.
Veamos algunos datos que salieron al finalizar el año que sirven para nutrir el debate de una reforma en este campo. Primero, Diego Ojeda nos habló de un análisis publicado por el Observatorio Fiscal y Laboral de la Universidad Javeriana sobre el mercado laboral (perdonen el uso reiterativo de esta palabra) en la última década, en la que las mejoras no han sido sustanciales y ha habido retrocesos en algunos indicadores.
Por ejemplo, el estudio demostró que “Colombia se ha venido envejeciendo en esta década, pues en 2013 los menores de 34 años eran el 60,6 %, mientras que en 2023 fueron el 53,9 %. Esto plantea un evidente desafío para el mercado laboral y pensional; sin embargo, la situación no sería tan negativa si se logra aprovechar el bono demográfico mediante políticas que eleven los niveles de educación de la fuerza de trabajo, así como la creación de oportunidades para que la gente se emplee”, explicaba Ojeda en el artículo que pueden leer aquí.
Así mismo, se señala que “la población de 15 a 24 años está estudiando más (pasando de un 30 % a un 39 %) y trabajando menos (en 2013 eran el 44 % y en 2023 fueron el 36 %). No obstante, los denominados “ninis” (jóvenes que ni estudian ni trabajan) han venido en aumento, pues antes eran el 12 % de esta población, y ahora son el 14 %. Algo preocupante es que esta tendencia de incremento se ha extendido a todas las edades”.
También se hablaba en ese estudio de la informalidad, un tema crucial en el mercado laboral colombiano. En este campo, si bien ha habido una disminución, la población que gana menos de un salario mínimo sigue siendo alta (46 %).
“Los que ganan un salario mínimo sí han aumentado, pasando del 5 % al 11 %. Sin embargo, son menos los que ganan más de este umbral, pues en 2013 eran el 49 % y ahora son el 43 %. Esto no necesariamente significa que más personas estén ganando menos, sino que más bien el ingreso promedio de los trabajadores ha caído de cara al mínimo (antes era de 1,39 salarios, y ahora es de 1,37 salarios)”, dice en el artículo.
En el reporte que publicó el Dane sobre el mercado laboral en Colombia en 2024, podemos ver que “la tasa general de participación fue del 63,9 %; la tasa de ocupación fue del 57,4 % y la tasa de desempleo fue del 10,2 %”.
En la nota de la sección de economía veíamos que: “El resultado del desempleo fue exactamente igual al consolidado en 2023. Aunque se han registrado mejoras desde lo más duro de la pandemia, estas cifras no logran superar a las que se registraron en 2016 y 2017, cuando la tasa estaba en 9,5 % y 9,7 %, respectivamente”.
En otros indicadores, veíamos también que: “De enero a diciembre de 2024, las capitales con mayores tasas de desocupación fueron Arauca (31 %), Quibdó (27,6 %), Mocoa (26,3 %), Riohacha (17,7 %) y Puerto Carreño (17 %). Las ciudades con más bajos niveles en esta materia fueron Leticia (3,8 %), Inírida (7,1 %), Mitú (7,6 %), Medellín (8,4 %) y Bucaramanga (8,7 %)”.
“Para entender mejor estas cifras, tenga en cuenta que, en Colombia, hay 40,37 millones de personas en edad de trabajar. De estas 23,62 millones tienen empleo (756.000 más que para el mismo mes de 2023), mientras que 2,37 millones están sin trabajo (172.000 menos frente al periodo de referencia anterior). Finalmente, son 14,38 millones los que se encuentran por fuera de la fuerza de trabajo (personas que no están interesadas en trabajar por razones de estudio, realización de labores del cuidado del hogar no remuneradas, por alguna condición física, porque reciben una renta, o porque se cansaron de buscar trabajo)”, nos explicaba el equipo económico de este diario.
En febrero de este año, con la reciente salida de Gloria Inés Ramírez del Ministerio del Trabajo, la reforma laboral se alistaba para volver al Congreso. La ponencia radicada presentaba tres diferencias importantes en comparación con la que salió de la Cámara de Representantes: la inclusión del jornal campesino; el pago a los aprendices del Sena y la figura de las madres comunitarias. El congresista Ferney Silva Idrobo (Pacto Histórico) le contó a Diego Ojeda al detalle cada uno de estos temas.
Opinión:
¿Una marcha por la consulta o por el Gobierno?
Derecha demoniza la reforma laboral
Apenas unos días después, al Ministerio del Trabajo llegaba Antonio Sanguino (Alianza Verde) con el reto de defender la reforma laboral y también la Ley Pensional (que esa sigue en veremos a pesar de su aprobación). El jefe de cartera le contaba a El Espectador que destacaba que la reforma le devolvía derechos a los trabajadores que habían perdido en gobiernos anteriores, así como también lograba actualizar el marco laboral para trabajadores que se encuentran en un limbo, como es el caso de repartidores que operan mediante aplicaciones, para trabajadores domésticos y aprendices del Sena (aquí puede ver la entrevista en video con el ministro del Trabajo).
Así saltamos a las dos últimas semanas, pues la reforma laboral no alcanzó a aterrizar en la Comisión Séptima del Senado, pues ocho congresistas de esta célula legislativa presentaron una ponencia negativa que dejaba hundida la iniciativa del gobierno al ser mayoría.
“El proyecto, tal cual lo presentó el Gobierno, no genera nuevos empleos, sino que pone en riesgo los actuales”, fue uno de los argumentos de Berenice Bedoya (Alianza Social Independiente), que hizo parte de ese grupo de ocho senadores en los que también estuvieron Lorena Ríos (Colombia Justa y Libres), Ana Paola Agudelo (Mira), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal), Honorio Henriquez, Alirio Barrera (ambos del Centro Democrático) y Nadia Blel, presidenta de esta Comisión y senadora del Partido Conservador.
El presidente Gustavo Petro dijo ese día que: “Si la Comisión VII hunde las reformas que necesitan los trabajadores y el pueblo de Colombia habrá una ruptura entre el Congreso y el Gobierno. Espero que no cometan tamaña irresponsabilidad con Colombia”.
La cuerda empezó a tensarse también desde la publicidad. De un lado, la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) compartió la imagen de una valla publicitaria en Barrancabermeja con las fotos de los senadores que firmaron la ponencia negativa y en la que dice “Pretenden negar derechos a trabajadores”. Por otra parte, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) publicó una página completa en el periódico El Tiempo con las imágenes de los legisladores y en la que dice: “Ellos son los valientes senadores que están salvando el empleo y el futuro de las empresas en el país. Colombia los valora y los rodea. Ahora a votar unidos por el archivo del proyecto”.
Blel dijo en reiteradas ocasiones que la reforma no generaba empleo, no combatía la informalidad y tampoco abría el camino para una conciliación entre el bienestar de los trabajadores y la productividad del tejido empresarial. También dijo que en las mesas técnicas donde estudiaron la iniciativa, invitaron a Diego Guevara, que hasta ayer fue ministro de Hacienda, pero que este nunca asistió para revisar si el proyecto de ley contaba con aval fiscal.
Las centrales obreras presentaron ese día un comunicado en el que afirmaban: “Las organizaciones sindicales y sociales, rechazan de manera contundente el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, un hecho que demuestra, una vez más, cómo las élites políticas y económicas del país, representadas en la tecnocracia neoliberal y la extrema derecha y el uribismo, siguen atentando contra los derechos de la clase trabajadora y el pueblo. La reforma laboral es un paso fundamental para la justicia social, con medidas que dignifican el trabajo y garantizan mayor estabilidad, condiciones justas y equidad en el empleo”.
María Fernanda Carrascal, senadora del Pacto Histórico y coordinadora ponente de la reforma, aseguró que el hundimiento de este proyecto no era un golpe para el presidente, ni para el partido, sino para “los y las trabajadoras en el país, y para sus familias”.
En la noche del 11 de marzo, el presidente Petro anunció que convocará a una consulta popular para darle un nuevo oxígeno a las reformas en el Congreso, así como para medir su respaldo en las urnas. Analistas consideraban este anuncio como el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales de 2026.
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Ojito aquí porque hay antecedentes de este tipo de jugadas en la política. En 2018, la excaldadesa Claudia López lideró una consulta que llamó “anticorrupción”; el plebiscito por la paz de Juan Manuel Santos en 2016; y el referendo constitucional que realizó en 2003 el expresidente Álvaro Uribe son algunos ejemplos que nos recuerdan que de tanto en tanto nuestros gobernantes acuden a esta figura.
Ahora, ustedes se preguntarán (yo también lo hice): ¿qué debe pasar para que se dé la consulta popular? El equipo político de El Espectador nos explicaba que: “Lo que dicen las normas es que después de surtir el trámite legislativo de llamada a consulta, el cual depende de la plenaria en el Senado, se debe convocar a urnas en un tiempo no mayor a cuatro meses después de que se le dé visto bueno en el Capitolio. Y para que esta sea avalada, se necesitan más de 13 millones de votos”. Algo que parece difícil, pues Petro llegó a la presidencia -con varias alianzas de por medio- con 11,2 millones de sufragios.
Mencionábamos renglones más arriba a Blel para tocar un punto que es importante y es el costo fiscal de la reforma laboral. En otra nota hecha por el equipo económico de este diario se habló de esto. Marta Juanita Villaveces, viceministra técnica del Ministerio de Hacienda, envió un concepto fiscal sobre los impactos por cuenta de 20 de los 88 artículos de la iniciativa. En su concepto, dijo que: “los costos fiscales de la presente iniciativa, en la medida que se sujeten a las disponibilidades presupuestales de cada sector y entidad ejecutora cumplen con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003″ y añadió que los beneficios económicos derivados de una mejora en las condiciones laborales “compensarían los costos fiscales potenciales”.
En la nota se aclaraba que el impacto fiscal más representativo tenía que ver con la ampliación gradual de la licencia de paternidad. “La razón es que son las EPS las que deben cubrir el 100 % del salario del trabajador durante dicho periodo. Ellas se financiarían con recursos provenientes de la ADRES que, a su vez, se deberían cubrir con el Presupuesto General de la Nación”.
También generaban dudas “Los artículos 21, 52 y 59, buscan incentivar la contratación de aprendices y personas en formación. Para ello, establecen que el Gobierno Nacional podrá destinar recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) hasta en un 25 % del SMLMV en los contratos de aprendizaje de micros y pequeñas empresas”.
Ayer, en el preámbulo de la caída de la reforma laboral, hablamos de la propuesta que presentó la Universidad Javeriana por medio de sus Observatorios Fiscal y Laboral. La propuesta presentada por esta institución educativa señala cuatro puntos esenciales para la reforma: diferenciar el salario mínimo; tener en cuenta la seguridad social para más personas; garantizar el seguro de desempleo y los derechos sindicales.
Sobre el primer punto, se propone que el pago del salario mínimo dependa del tamaño de la empresa y la región. “Este modelo garantizaría aumentos salariales progresivos y adecuados a la productividad y el costo de vida de cada zona, sin afectar la competitividad ni restringir la contratación”, destacan.
Sobre el segundo punto, proponen garantizar la protección de los trabajadores atípicos y universalizar la seguridad social, independientemente de la modalidad contractual. “De esta manera, quienes trabajan de manera independiente podrán acceder a salud, pensión y riesgos laborales, sin que la flexibilidad implique precarización”, dicen los observatorios.
Frente al seguro del desempleo, esta propuesta le apunta a ofrecer una estabilidad económica a trabajadores tanto formales como informales en caso de perder su empleo. El seguro sería de afiliación voluntaria y se financiaría con un aporte del 0,5 % del valor total de la nómina mensual de cada trabajador.
Finalmente, con respecto a los derechos sindicales, la Javeriana resalta la importancia de fortalecerlos, pues esto permitiría que trabajadores independientes y formales tengan “derecho a organizarse colectivamente, negociar mejores condiciones y acceder a mecanismos de protección ante conflictos laborales. Esto implica el reconocimiento legal de sindicatos de trabajadores no asalariados”.
Llegamos así al día de ayer, y vamos terminando este boletín (les juro que siempre intento que quede más corto, pero resulta imposible por la cantidad de información que es importante agregar para que no haya fisuras).
“Cuando se confirmó lo que ya se sabía —el hundimiento de la segunda reforma laboral del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la Comisión Séptima del Senado—, cientos de manifestantes aún permanecían en la Plaza de Bolívar. A través de tres pantallas gigantes que transmitían en tiempo real la sesión legislativa, vieron uno a uno los votos de los senadores y, minutos después, el fracaso del articulado. Para entonces, la plaza estaba menos concurrida que dos horas antes, cuando el presidente tomó la palabra, pero en la zona norte aún se concentraba una multitud que reaccionó con abucheos y gritos a la noticia”, así comienza la crónica que escribieron Daniela Cristancho y Daniel Mariño sobre la jornada de ayer. En Bogotá, la Plaza se llenó. En otras ciudades se reportaron movilizaciones, pero no fueron tan masivas como la de la capital.
Por ser la reforma laboral, fueron en gran parte las centrales obreras quienes convocaron a respaldar las marchas del martes 18 de marzo. En un comunicado, la Confederación General del Trabajo manifestó: “La CGT desde ya moviliza todas sus bases obreras en todo el país de cara a la movilización social. Llevamos toda la vida luchando por estas reformas. Le llegó el momento al pueblo, al soberano, al poder constituyente. No más falsos intermediarios de la voz popular”.
En imágenes: así transcurrió la jornada de marchas del 18M en Bogotá
Como estaba programado, a las 10:00 en punto empezó el debate en la Comisión Séptima. Debido a las movilizaciones, que muchos consideraron como una presión del Gobierno para cambiar el resultado de la discusión, la jornada se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad: el acceso al Capitolio estuvo restringido solo a congresistas, funcionarios, contratistas y medios acreditados. Asimismo, en la parte trasera del Congreso estuvo la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes conocida como Esmad).
Pasadas las 12:00 del mediodía, el presidente Gustavo Petro apareció en la tarima de la Plaza de Bolívar. En el escenario, el jefe de Estado estuvo acompañado por parte de su gabinete, como los ministros del Interior y de Educación, Armando Benedetti y Daniel Rojas, respectivamente, así como representantes sindicales y congresistas afines, como León Fredy Muñoz (Alianza Verde).
El mandatario colombiano arremetió contra el Congreso, así como también le tiró pullas a los alcaldes que no avalaron el día cívico este martes. “El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo. No entienden a Colombia, están en contra de la realidad misma. Viven en una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven, no le sirven al pueblo”, dijo el presidente Petro en un discurso que tuvo pocos tintes democráticos.
“Alcalduchos pisoteando la Constitución que hizo el pueblo, pasándosela por la faja y queriendo ensuciarla (...) Hemos tenido mucho sacrificio para que nos gobiernen monarcas y tiranos”, señaló el jefe de Estado, quien no solo instó a sus simpatizantes a defender la consulta popular, sino a empezar a mirar las elecciones de 2026: Quedan convocados, arranca la consulta popular. La movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo no el día de hoy, de los votos que ya vendieron su corazón en la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo y que debe obedecerlo”, afirmó Petro.
Horas más tarde, pero como era de esperarse, la reforma laboral se cayó en la Comisión Séptima del Senado con ocho votos a favor y seis en contra de la ponencia negativa, lo que obliga a este proyecto de ley a ser archivado nuevamente.
Varios sectores juzgaron que la reforma se cayó sin ser debatida. A este argumento, Nadia Blel, presidenta de la Comisión Séptima, defendió el trabajo de los senadores y aseguró que el proyecto se debatió en cerca de 10 audiencias públicas en las que también estuvo el Gobierno Nacional.
¿Qué viene entonces tras el hundimiento de la reforma laboral?
Con esta pregunta cerramos este boletín. Además de la ya mencionada consulta popular, hay congresistas que señalan que muchas de las propuestas de la reforma podrían adoptarse mediante otros mecanismos. Así, por ejemplo, Sanguino, ministro de Trabajo, aseguró que preparará ocho decretos reglamentarios para adoptar parte de lo que planteaba el proyecto de ley.
Puede leer: Radiografía del hundimiento de la reforma laboral
Se espera que para la próxima legislatura se radiquen nuevas reformas laborales, pero también se habla de que es momento de apostarle a un estatuto del trabajo, pues recordemos que esta es una orden incumplida que se consagra en el artículo 53 de la Constitución.
Esperamos que hayan llegado hasta aquí y que la información que aquí les compartimos les permita entender todo lo que dejó la reforma laboral. Esperamos sus comentarios y les agradecemos por haber confiado nuevamente en nuestra cobertura. Los invitamos a seguir este tema visitando nuestra página web y leyendo nuestro periódico impreso, así como a inscribirse a nuestros boletines.
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