Emergencia económica, impuestos y un pulso que apenas comienza: estas son las reacciones

Imagen de referencia.

Foto: Getty Images - Getty Images

El Gobierno decidió cruzar una línea excepcional para corregir un problema que muchos advierten desde hace años. Y eso, más que los nuevos impuestos, es lo que hoy tiene encendido el debate económico y jurídico del país.

Tal como lo había anticipado el Ministerio de Hacienda, el presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica, una figura contemplada en el artículo 215 de la Constitución que permite al Ejecutivo legislar de manera temporal para enfrentar hechos graves, imprevistos e inminentes. El objetivo es recaudar COP 16,3 billones para cerrar el hueco de financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026.

El jefe de la cartera de Hacienda, Germán Ávila, ha insistido en que la falta de recursos pone en riesgo pagos clave del Estado: desde el sistema de salud hasta los subsidios de energía, pasando por vigencias futuras y sentencias judiciales. A ese cuadro fiscal, el Ejecutivo sumó un argumento adicional: el deterioro de la seguridad, con ataques recientes a la fuerza pública y el uso de drones por parte de organizaciones criminales.

Ahí es cuando empieza la controversia.

Expertos constitucionalistas, centros de estudio y gremios coinciden en un punto central: la desfinanciación del presupuesto no es un hecho sobreviniente. Es decir, no ocurrió de manera súbita ni imprevisible, como exige la Constitución para activar un estado de excepción.

El Consejo Gremial Nacional, que agrupa a más de 30 asociaciones empresariales, fue enfático al señalar que el problema fiscal viene siendo advertido desde 2024 y 2025, durante la discusión de los presupuestos.

“Desconocer las normas de la emergencia tendría efectos perjudiciales sobre la economía y el ordenamiento institucional”, señaló el gremio, con el fin de “prevenir perjuicios irremediables a la economía”.

Una postura similar expresó Fedesarrollo. Su director, Luis Fernando Mejía, recordó que los COP 16 billones que busca recaudar el Gobierno representan menos del 3 % del presupuesto de 2026, una magnitud que, a su juicio, no puede calificarse como una amenaza grave e inminente al orden económico y social.

Más duro fue el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien calificó el decreto como “pobre” y advirtió que “el gobierno ‘fabrica’ una emergencia económica y luego la ‘decreta’”.

Los impuestos: qué se sabe y qué no

Aunque el decreto que crea nuevos tributos aún no se ha expedido, el debate se aceleró por la circulación de borradores y versiones preliminares. Uno de los puntos más sensibles fue la posibilidad de subir el gravamen a los movimientos financieros del 4 x 1.000 al 5 x 1.000, un impuesto que los colombianos sienten directamente cada vez que mueven su dinero.

Sobre ese punto, el ministro de Hacienda salió a apagar el incendio. En entrevista con La W, Germán Ávila aseguró que esa información es “absolutamente falsa” y que el Gobierno no ha considerado, ni considera, establecer un impuesto del 5 x 1.000 dentro de las medidas de la emergencia económica.

Donde sí habrá cambios, según el propio ministro, es en el impuesto al patrimonio, con un esquema que el Gobierno presenta como progresivo:

• Patrimonios entre COP 3.600 y 6.000 millones pagarían una tarifa del 1 %.
• Entre COP 6.000 y 12.000 millones, la tarifa subiría al 2 %.
• Entre COP 12.000 y 100.000 millones, llegaría al 3 %.
• Patrimonios superiores a COP 100.000 millones enfrentarían una tarifa del 5 %.

Además, Hacienda propone una sobretasa al sector financiero, sumando 10 puntos adicionales a la tarifa actual del impuesto de renta, con el argumento de equilibrar la carga tributaria frente a las necesidades fiscales del Estado.

El sector productivo prende las alarmas

Para los gremios, más allá de la discusión técnica sobre impuestos, el problema es el precedente.

La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) rechazó la declaratoria por considerar que introduce incertidumbre jurídica y afecta la confianza, un insumo clave para sectores intensivos en inversión y empleo. En su visión, acudir a estados de excepción para resolver problemas estructurales debilita el equilibrio institucional.

Desde la ANDI, Bruce Mac Master fue más allá y cuestionó la eficacia misma de la medida. Recordó que la deuda pública pasó de COP 804 billones en 2022 a más de COP 1.180 billones en 2025, un crecimiento cercano al 46 %, y se preguntó qué tanto pueden aportar COP 16 billones frente a ese tamaño del problema.

Frente a esto, el presidente Gustavo Petro respondió que la deuda actual se debe al pago de la deuda de los gobiernos pasados. “En el caso de la deuda interna hecha con nacionales, se eleva, pero solo por el efecto de la tasa de interés del Banco de la República”.

Señaló que la deuda se vuelve insostenible cuando el país gasta más de lo que ingresa en impuestos, o cuando la tasa de interés real de la economía es superior al crecimiento real.

También el sector minero advirtió que el uso reiterado de estados de excepción rompe precedentes y tensiona los límites del poder Ejecutivo.

La última palabra no la tiene el Gobierno

Todos los decretos expedidos bajo la emergencia económica tendrán revisión automática de la Corte Constitucional. El análisis podría tardar entre dos y cuatro meses, tiempo durante el cual las medidas fiscales empezarían a producir efectos reales en la economía.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.