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La Sala Plena de la Corte Constitucional suspendió este 6 de febrero los efectos del Decreto Legislativo 0044 de 2026, con el que el Gobierno había impuesto una contribución del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos a las empresas generadoras de energía y la entrega obligatoria del 12 % de la energía hidráulica vendida en bolsa.
A cambio, el generador recibía un descuento tributario del 50 % sobre la base gravable del impuesto de renta, calculado a partir del valor de la energía entregada.
La medida queda en pausa mientras el alto tribunal decide de fondo sobre su constitucionalidad.
La decisión llegó una semana después de que la Corte suspendiera el decreto madre de la emergencia económica, expedido en diciembre de 2025. Sin ese soporte, los decretos derivados quedaron jurídicamente en el aire. En el Auto 101 de 2026, el tribunal ordenó que el Decreto 0044 no produzca efectos hasta que haya fallo definitivo.
El decreto buscaba recaudar cerca de COP 300.000 millones para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos y aliviar la crisis financiera de Air-e, la comercializadora intervenida que opera en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La empresa arrastra una deuda que supera los COP 2,5 billones con generadores y transmisores.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial y de Acolgen, sostuvo que las decisiones que afectan sectores estratégicos deben ajustarse al marco constitucional y a criterios técnicos. Recordó que el sistema eléctrico requiere inversiones anuales de entre COP 10 y 13 billones para sostener el suministro y que, según datos de XM, el país enfrenta un déficit de energía firme del 1,6 % en 2025, con proyecciones más ajustadas hacia 2027.
“La seguridad jurídica es una condición básica para garantizar inversión, confiabilidad de los sistemas, sostenibilidad financiera y protección efectiva de los consumidores y usuarios. Sin reglas claras y estables, todos los sistemas se debilitan”, dijo en X.
En un pronunciamiento posterior, Gutiérrez añadió que el sector eléctrico ha invertido más de COP 140 billones en los últimos 30 años y que tiene que hacer entre COP 10 y COP 13 billones anuales para atender la demanda futura que viene en los próximos años.
“Cambiar las reglas de manera abrupta debilita la confianza para invertir. Ese es el mayor cuello de botella que tenemos en este momento”, agregó la presidenta del Consejo Gremial.
Gutiérrez agregó que esta discusión se da en un momento en el que el país ya enfrenta escasez de energía en firme, de acuerdo con reportes de XM (administrador del mercado mayorista), y que el déficit podría cerrar este año en 1,6 % y el próximo llegar a 3,5 %.
1/6 Desde @Acolgen y el @ConsejoGremial respetamos y acatamos las decisiones de la @CConstitucional. La suspensión provisional del Decreto 1390 reafirma el Estado de Derecho y recuerda que incluso en coyunturas complejas, la Constitución no se suspende. Abro hilo 🧵
— Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) February 6, 2026
Desde los gremios, la preocupación se concentró en la estabilidad regulatoria. El sector eléctrico ha invertido más de COP 140 billones en tres décadas y opera con esquemas de financiación de largo plazo, donde cualquier alteración normativa se traduce en mayores costos de capital y retrasos en nuevos proyectos.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que las empresas asumen que la contribución quedó suspendida desde el momento en que la Corte frenó la emergencia económica. El decreto 0044 se publicó después de esa decisión, lo que abrió un vacío jurídico inmediato.
El directivo de Andeg explicó que el cobro del impuesto nunca se activó. Según indicó, la Superintendencia de Servicios Públicos no alcanzó a liquidar la contribución, por lo que los generadores no realizaron pagos, pese a que el decreto contemplaba un primer desembolso para el 2 de febrero.
En cualquier caso, Castañeda advirtió que el cobro afectaba directamente la rentabilidad de los generadores y añadía obligaciones no previstas en los contratos originales del mercado eléctrico.
También señaló que la contraprestación en energía introducía tensiones operativas en el mercado mayorista, al forzar entregas en especie en un sistema diseñado para transacciones monetarias y despacho económico centralizado.
Para los generadores, el problema de fondo sigue siendo la fragilidad financiera en el Caribe. La deuda de Air-e, el bajo recaudo y las pérdidas técnicas acumuladas mantienen bajo presión a toda la cadena. El riesgo, advierten, es que la iliquidez se traslade al sistema financiero y encarezca el crédito para nuevas inversiones.
¿Qué prometía el decreto que iba a evitar?
- No afectar tarifas.
- No alterar el despacho económico.
- No distorsionar precios.
- No ser permanente.
¿Qué sí iba a suceder?
- Reducir las utilidades netas de los generadores.
- Introducir obligaciones no previstas en contratos originales.
- Para inversionistas, aumenta el riesgo regulatorio.
- Reparto de cargas dentro del sistema.
Antes del Decreto 044, el Ejecutivo había puesto a consideración un cobro transitorio —COP 8 por kWh— a nivel nacional para aliviar esa carga, mediante un borrador de resolución. La resistencia gremial y el impacto tarifario aceleraron el giro hacia un mecanismo fiscal y en especie, trasladando parte del ajuste a los agentes con mayor capacidad financiera dentro del sistema.
La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) fue una de las primeras en rechazar la medida. Para el gremio, el cobro propuesto tiene naturaleza tributaria, lo que lo haría “inconstitucional” al no pasar por el Congreso.
El Decreto 0044 formaba parte del paquete de medidas con el que el Gobierno buscaba recaudar hasta COP 16,3 billones tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. Hasta ahora, el recaudo por la vía de la emergencia económica es limitado frente al tamaño del ajuste fiscal pendiente.
Con la suspensión, el Gobierno pierde una fuente inmediata de recursos y el sector eléctrico gana tiempo, aunque no certidumbre. La Corte aún debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de fondo del decreto y del estado de emergencia.
Mientras tanto, el sistema queda en una pausa incómoda. Air-e sigue intervenida, la deuda permanece intacta y la discusión sobre quién asume el costo de la crisis energética vuelve al terreno donde las decisiones tardan más, pesan más y dejan menos margen para improvisar.
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