Consejo Gremial y ANDI cuestionan alcance de la SIC en fijación de precios

Crece la tensión entre vigilancia estatal y libertad empresarial.

Foto: Getty Images

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió un frente de tensión con el sector empresarial al solicitar información detallada sobre los mecanismos internos que usan las compañías para fijar precios, definir descuentos y establecer márgenes de ganancia. El requerimiento, revelado por Última Hora Caracol, activó una discusión de fondo con los gremios sobre los límites entre la vigilancia estatal.

El documento enviado por la SIC pide a las empresas explicar, con detalle jurídico, técnico y comercial, cómo estructuran sus decisiones de precios. La solicitud incluye la forma en que se definen los márgenes mínimos de ganancia, cómo se incorporan variables como costos logísticos, importaciones y tasa de cambio, y de qué manera influyen factores como inventarios, promociones y disponibilidad de productos en el valor final que paga el consumidor.

También se pregunta por la duración de los precios —si varían de manera diaria o se mantienen estables—, por la definición de precios de referencia en ofertas comerciales y por el uso de sistemas automatizados o algoritmos de fijación de precios, con una explicación técnica de su funcionamiento, fuentes de datos y controles.

En términos prácticos, el Estado está pidiendo acceso a la arquitectura interna de las decisiones comerciales. Para el empresariado, ese nivel de detalle toca información estratégica protegida por la reserva comercial.

La presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, reaccionó en X con un mensaje centrado en el marco constitucional. Recordó que el artículo 333 protege la libertad económica y que la reserva comercial es una garantía, no un privilegio. En su pronunciamiento señaló que “inspeccionar y vigilar no es acosar”, y agregó que no se puede pedir precios masivos como “como si todas las empresas fueran sospechosas”.

Gutiérrez advirtió que exigir de manera generalizada la lógica interna de precios, márgenes y algoritmos introduce un nivel de intervención que afecta la confianza empresarial. “El problema de Colombia no es que las empresas ganen. Es que el Estado no ejecute. Cuando el gobierno deja de corregir sus fallas y empieza a disciplinar al mercado, pierden el empleo, la inversión y el crecimiento”, dijo en X.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) profundizó esa preocupación desde el derecho administrativo. En un comunicado, el gremio señaló que la SIC tiene facultades para solicitar información, pero únicamente cuando esa información resulte pertinente y conducente para el ejercicio de competencias expresamente asignadas por la ley.

“Excede las facultades de la Superintendencia solicitar información sobre la estructura de costos, el margen de ganancia”, señaló la ANDI. El gremio sugiere que esta competencia no es propia de la SIC, y por lo tanto, “puede vulnerar el derecho a la libre empresa, la protección de los secretos industriales y la confidencialidad de las estrategias comerciales”.

El comunicado recuerda que el artículo 6 de la Constitución limita el actuar de los servidores públicos a las funciones que les han sido atribuidas de forma expresa.

“En este caso, no resulta claro cómo las preguntas formuladas corresponden al ejercicio de competencias asignadas a la SIC”, subrayó.

Sin embargo, cuando el precio está en la lupa y el impacto en el bolsillo del consumidor, la SIC activa su modelo de vigilancia. Cada requerimiento estatal se lee como una señal. Cada señal, como una anticipación de rumbo. ¿En qué momento se fija el límite entre sus competencias y el exceso?

El debate empresarial, justamente, ocurre en un marco de sensibilidad económica y baja confianza en el sector, de modo que la relación entre regulación y mercado se volvió más estrecha.

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