CRC insiste en los riesgos para la competencia si se integra Claro y Azteca

Precisamente, por los riesgos que esto implica para el mercado, es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) analizar la solicitud de integración y tomar una de estas tres decisiones: aceptarla, rechazarla, o aceptarla con condicionamientos.

Con el ánimo de aportar insumos técnicos para que la SIC tome la decisión más acertada, la CRC ha radicado conceptos técnicos. Recientemente presentó uno nuevo.

Para el regulador, la discusión no es si debe preservarse la infraestructura, pues la integración puede contribuir a ese objetivo. La cuestión de fondo es si, después de la integración, los operadores que utilizan la red podrán contratar, ampliar, reparar y renovar sus servicios mayoristas en condiciones equivalentes a las de las operaciones propias de COMCEL (Claro).

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Lo anterior es importante, pues la red de fibra óptica de Azteca abarca cerca del 80 % del territorio nacional. Si Claro se queda con esa red, en teoría tendría una ventaja competitiva al controlar una infraestructura de la que dependen otros operadores para prestar sus servicios, mientras compite con ellos en el mercado por captar usuarios.

En distintas oportunidades El Espectador ha consultado a Claro sobre este asunto, pero el operador prefiere reservar sus declaraciones para cuando la SIC comunique su decisión.

Las alertas de la CRC

Son cinco las alertas que ha emitido el regulador:

• Cumplir lo que ya existe no es un remedio nuevo. Las obligaciones del Proyecto Nacional de Fibra Óptica y la regulación sobre RAN y OMV ya son exigibles.

• Tres años no hacen desaparecer el riesgo. Mientras el controlante de la infraestructura compita en los mercados minoristas con los que utilizan la infraestructura, el riesgo puede persistir.

• La verificación no puede depender solo del operador. Las certificaciones deben contratarse con información primaria y auditorías independientes.

• Las expresiones abiertas no se pueden exigir. Expresiones como “condiciones comercialmente razonables” o “en la medida en que las condiciones técnicas lo permitan” no definen un estándar verificable.

• Estabilizar las condiciones de la red no elimina los riesgos. El plan de estabilización de 30 meses puede ordenar una mejora progresiva, pero no convertirse en un periodo de excepción frente a las obligaciones de calidad, continuidad y no discriminación.

Las implicaciones del Negocio

La CRC recuerda que, con la integración, Claro incorporaría cerca de 32.000 kilómetros de fibra óptica, presentes en 893 municipios: 8 de cada 10 del país.

“En casi 9 de cada 10 de sus rutas no hay otro proveedor de fibra, y en otras 33 la única alternativa es la red de COMCEL. El análisis territorial de la CRC identifica 582 municipios en los que quedaría un único prestador en la red de transporte y otros 104 con una oferta limitada. El riesgo no está concentrado en unas pocas rutas. El control de esta infraestructura puede afectar tanto los servicios mayoristas que utilizan otros operadores como la competencia en internet fijo y servicios móviles, mercados en los que COMCEL participa”, detalla.

Para la CRC, la SIC debe tomarse esto con el mayor rigor técnico. Argumenta que un operador (haciendo referencia a Claro) no necesita negar formalmente el acceso para poner en desventaja a sus competidores. Es palabras simples, no es que, por ser el dueño del balón, se lo vaya a llevar para que sus competidores no puedan jugar.

Lo que sí podría hacer es marcar una desventaja mediante una factibilidad más lenta, una ampliación tardía, una ruta menos favorable, menor capacidad de respaldo o una reparación posterior. Siguiendo con el ejemplo, es como si les diera el balón, pero pinchado.

Para evitar estos escenarios, el regulador recomienda comparar, con datos verificables, el tratamiento que COMCEL otorgue a sus propias operaciones, a sus vinculadas y a terceros en circunstancias comparables. La comparación debe incluir los tiempos de factibilidad, provisión y ampliación; la capacidad asignada y reservada; la disponibilidad; la latencia; la pérdida de paquetes; los tiempos de reparación y restauración; las rutas de respaldo; las tasas de rechazo y las razones documentadas de cada decisión. Es decir, verificar que el balón se entregue a los otros jugadores en las mismas condiciones con las que juega Claro.

“La CRC reconoce que preservar la infraestructura puede generar eficiencias y favorecer la conectividad. Pero esa posible eficiencia no elimina el riesgo competitivo que surge cuando un operador controla una red de transporte y, al mismo tiempo, compite con quienes dependen de ella. Por eso, las condiciones deben proteger no solo el acceso formal, sino también la capacidad disponible, la provisión, las ampliaciones, el mantenimiento, la reparación, la información comercialmente sensible y la calidad del servicio”, puntualiza.

Las recomendaciones de la CRC

Si la SIC determina autorizar la integración, para el regulador es necesario que los condicionamientos (reglas de juego para que la competencia sea justa) que se adopten:

• Preserven las condiciones efectivas existentes, incluida la capacidad, las rutas, la disponibilidad, los niveles de servicio, los tiempos de reparación, los precios y los descuentos, según corresponda
• Cubran toda la infraestructura relevante: la red del Proyecto Nacional de Fibra Óptica, la red propia de ACC y los segmentos en los que ambas infraestructuras funcionen conjuntamente
• Garanticen un trato equivalente a COMCEL y a sus competidores en factibilidad, provisión, ampliación, mantenimiento, reparación y restauración Cualquier diferencia debe tener una justificación objetiva y verificable
• Aseguren capacidad efectiva y técnicamente provisionable, definida ruta por ruta, especialmente donde no exista una alternativa viable
• Obliguen a publicar una oferta mayorista verificable, con información sobre rutas, nodos, capacidad, condiciones económicas, plazos, ampliaciones, niveles de servicio, reparación y causales de rechazo
• Protejan la información de los competidores mediante controles de acceso, trazabilidad y prohibiciones de uso de información mayorista para decisiones comerciales
• Permitan auditorías independientes basadas en datos reales y eviten que las medidas terminen automáticamente por el simple transcurso del tiempo.

“La infraestructura de Azteca no es un activo más. Es la troncal que soporta la conectividad del país, por ella pasa el servicio de más de 250 operadores habilitadores de la conectividad regional. Prometer acceso no es garantizarlo. Un competidor no necesita que le cierren la puerta para perder, puede bastar con que le asignen una ruta menos favorable, le aprueben una ampliación más tarde o lo reparen de último. Si la operación se autoriza, las condiciones deben verificarse ruta por ruta y con datos reales. Preservar la red debe significar más conectividad y más competencia, no nuevas barreras de acceso.”, concluyó Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la CRC.

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