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Una de las navieras que transporta el 60% de la carga por el río Magdalena anunció que “suspende sus operaciones” hasta que haya garantías para la vida de sus empleados, las comunidades ribereñas y la carga que transportan.
La decisión de esa naviera ha sido motivada por el deterioro de orden público que se presenta a lo largo del río Magdalena donde varias tripulaciones han sido atacadas con armas de fuego.
En un pronunciamiento, los directivos de la empresa señalaron que para el lunes está prevista una reunión con la Armada para ver qué acciones implementará la Fuerza Pública, pero aún no han dado señales de tomar acciones contundentes.
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Previo a la decisión de la importante naviera, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) había rechazado las amenazas y ataques que grupos al margen de la ley han realizado en contra de empresas que transportan hidrocarburos por el río Magdalena y que en particular contribuyen al buen funcionamiento de la Refinería de Barrancabermeja. Este transporte es importante para mantener el abastecimiento nacional de combustibles.
Dice el gremio de la industria petrolera que “dichos hechos violentos han puesto en riesgo la vida no solo de las personas que trabajan en esta actividad fundamental para garantizar el abastecimiento de los energéticos en el país, sino también de las comunidades aledañas, en una violación contundente a los derechos humanos”.
La ACP destaca la importancia que se considere al transporte de hidrocarburos como una actividad que “redunda en bienestar social y económico para el país y las regiones por la dinámica económica que genera, contexto en el que el río Magdalena es un importante corredor para desarrollar esta actividad que, entre otros beneficios, contribuye a la reducción de emisiones al medio ambiente”.
El gremio condenó “la extorsión y el terrorismo en contra de empresas que operan de manera legal en el país, y hace un llamado a las autoridades competentes para que se garantice la seguridad e integridad de quienes trabajan en estas operaciones y de las comunidades vecinas, así como la viabilidad de las operaciones de estas compañías que le apuestan a Colombia como país de destino de inversión y que están comprometidas con la seguridad energética y el bienestar de los colombianos”.
Recuerda el gremio petrolero que en lo corrido de 2023, también se ha registrado la toma a las instalaciones de un campo en Caquetá; el secuestro de un contratista de una empresa prestadora de bienes y servicios del sector en Puerto Gaitán; la circulación de panfletos y extorsiones en Arauca, Meta y Casanare por parte de grupos armados ilegales.
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Estas acciones terroristas no solo afectan a la industria, sino también a las comunidades cuya vida e integridad se pone en riesgo y se les vulneran otros derechos; también las regiones y el país también se ven considerablemente afectados en razón a que sus ingresos fiscales por cuenta de la inversión del sector y sus regalías se ven mermados, entre otros impactos.
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