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En Colombia, el aguardiente es más que una bebida: es un símbolo cultural y, para muchos departamentos, una fuente clave de ingresos. Sin embargo, la reciente decisión de la Corte Constitucional ha reconfigurado las reglas del juego. Desde ahora, los gobernadores no podrán restringir la entrada de otras marcas de aguardiente a sus territorios.
La libre competencia regirá en un mercado históricamente cerrado y altamente lucrativo. Para algunos, se trata de un triunfo de los derechos de los consumidores; para otros, de un riesgo fiscal para las arcas departamentales.
Este cambio se empezó a sentir de inmediato. La Industria Licorera de Caldas (ILC), una de las más beneficiadas, fue la primera en anunciar la expansión de su portafolio tras el fallo. Hoy jueves, la licorera confirmó que Nariño se convirtió en el primer departamento en permitir oficialmente la comercialización del Aguardiente Amarillo de Manzanares y el Aguardiente Cristal, marcas insignia de la casa caldense.
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Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC, no dudó en calificar el avance como un “hito histórico”. Según dijo, el equipo de la licorera había trabajado con anticipación en la planeación de esta contingencia, asegurando que la empresa estaba lista para aprovechar la apertura del mercado.
En términos prácticos, el anuncio significa que los nariñenses podrán acceder a estos productos en bares, restaurantes y supermercados en las próximas semanas. Para Quiceno, es también un triunfo del derecho de los consumidores a elegir libremente el aguardiente de su preferencia, “sin que un gobernador les diga que deben consumir”, puntualizó.
El editorial y el antieditorial: dos visiones de la misma copa
En su editorial del pasado 8 de febrero, este diario celebró la decisión de la Corte, pero no sin advertencias. “La libertad de venta del aguardiente en Colombia nos recuerda que el sistema fiscal de las entidades territoriales es endeble y está plagado de contradicciones”, se lee en el texto.
El editorial reconoce que los monopolios licoreros eran una de las pocas fuentes confiables de financiación para los sistemas de salud de los departamentos, pero también señala la contradicción ética de depender del consumo de alcohol para financiar derechos fundamentales.
El punto es concreto: entre 2017 y 2023, gracias al monopolio, las ventas de aguardiente en el Valle del Cauca aumentaron de 4,3 millones a 10,8 millones de botellas, lo que significó un aumento de 151 %, según cifras de la gobernadora Dilian Francisca Toro. Esos recursos, argumentan los defensores del monopolio, fueron clave para mejorar la infraestructura en salud y el pago de profesionales médicos.
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Sin embargo, el antieditorial del 10 de marzo puso en duda esa narrativa. En su respuesta al editorial, el autor afirmó que la caída del monopolio no implicará la reducción de los ingresos para los departamentos. Al contrario: la libre competencia, dijo, puede incluso aumentar los recursos a través del impuesto al consumo, el cual se aplica a todos los aguardientes por igual, sin importar su origen.
Más aún, se expuso cómo algunos departamentos sin licoreras propias, como Risaralda, Bolívar y Córdoba, han logrado recibir altas sumas gracias al consumo de aguardientes fabricados en otros lugares. Además, el contrabando (facilitado por el monopolio) hizo que los aguardientes “prohibidos” ya circularan en muchos departamentos sin aportar recursos por concepto de estampillas o impuestos.
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Lo que está en juego es una cifra nada despreciable. Según la columna en este diario del abogado José David Riveros Namen, el mercado de los aguardientes mueve cerca de $1,3 billones al año. Solo la Licorera de Antioquia factura aproximadamente $350.000 millones por sus productos, mientras que Cundinamarca obtiene cerca de $200.000 millones.
Frente a estos números, el desafío es garantizar que las rentas no se diluyan. La Corte fue clara en que los departamentos seguirán recibiendo los impuestos al consumo, pero deberán competir por la preferencia de los consumidores.
“No tendrán la competencia para prohibir que diferentes aguardientes (así no sean producidos por sus propias empresas departamentales) se comercialicen y, por lo tanto, compitan en su territorio”, explicó Riveros.
En términos de mercado, la entrada del Aguardiente Amarillo de Manzanares a Bogotá y Cundinamarca podría redefinir el liderazgo de marcas tradicionales como Néctar o Antioqueño. Para los consumidores, es una ampliación del portafolio de opciones. Para los departamentos, un reto para mantener la rentabilidad de sus licoreras públicas.
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