¿Qué pasará con Justo & Bueno? El proceso sigue en veremos

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Mercadería S.A.S., la sociedad detrás de la cadena de almacenes Justo & Bueno, que fue admitida en reorganización por parte de la Superintendencia de Sociedades el 18 de enero de 2022, atraviesa una complicada situación financiera que se reflejó en las últimas semanas, cuando parte de sus trabajadores protestaron por la falta del pago de sus salarios.

La Superintendencia señaló que “la empresa ha debido atender de manera corriente todos los pasivos pos reorganización”, pero que la información del expediente señala “se ha evidenciado por parte de los acreedores y del promotor, una situación de incumplimiento de estas obligaciones”. Por eso citó a una audiencia pública el pasado 28 de abril.

En esa primera audiencia de casi seis horas los acreedores, entre los que se encuentran trabajadores, arrendatarios y entidades financieras, recalcaron los montos e hicieron otros reclamos frente al proceso de reorganización. El promotor de la liquidación, William Parra, presentó un informe en el que revelaba que las obligaciones pendientes de Mercadería S.A.S. ascienden a $135.000 millones. Entre ellas, $42.000 millones son obligaciones laborales y $35.000 en arriendos.

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El punto de mayor expectativa es saber si tras la compra de HD Colombia, sociedad panameña propietaria al 100% de Mercadería (dueña de Justo & Bueno), por parte de la firma china Joining Futures Capital International Limited (JFC International), la empresa podrá atender las obligaciones pendientes, cuyo plazo vence el próximo 10 de mayo.

Por esto, durante la audiencia del jueves, se le preguntó a Germán Darío Restrepo Molina, representante legal de Mercadería S.A.S. Sin embargo, el superintendente delegado de la Supersociedades que dirigió la audiencia, Santiago Londoño, concluyó que no se dio información adicional sobre si se pagarán las obligaciones de Justo & Bueno por $135.000 millones antes de la fecha establecida.

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La audiencia se retomó este lunes, pero las mismas dudas seguían sobre la mesa.

La empresa no aportó mayor información sobre los nuevos inversionistas. En la audiencia el superintendente delegado manifestó que “sorprende que una operación en los montos anunciados a los medios de comunicación no genere ninguna información oficial por parte de la compañía que sería receptora de estos recursos”.

Por otro lado, a algunos acreedores no les convence el negocio del que está hablando Justo & Bueno, incluso se puso en duda la capacidad de JFC International para saldar las deudas que tiene actualmente la empresa. Otros acreedores manifestaron inconformidad por la poca información que aporta la empresa.

Tras analizar las intervenciones, Londoño concluyó que “hay un incumplimiento en los gastos de administración en la mayoría de los ítem, incumplimiento que pone en riesgo la operatividad y la continuidad de la compañía”.

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Pero teniendo en cuenta que la empresa ha afirmado que existe una propuesta “para que a más tardar el 10 de mayo estén canceladas estas obligaciones y que, además, hay un proceso de negociación para una inyección de capital de la compañía que le permitiría salir de la situación de crisis”, ordenó que a más tardar el 6 de mayo la sociedad presente un informe sobre la estructuración del negocio y las personas que tendrían a cargo las obligaciones que asume el inversionista.

De ahí que habrá un receso a la audiencia que continuará el 12 de mayo a las 9:00. “Esta se iniciará recibiendo una información oficial por parte del representante legal sobre el pago de los gastos de administración que deben realizarse el 10 de mayo y los términos generales del acuerdo”.

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Además, sugirió que propuestas para la capitalización de pasivos y cambios en el modelo de negocio, que se escucharon durante la audiencia, se presenten directamente en la compañía.

La empresa publicó un comunicado en el que asegura que confía en que “a más tardar el 10 de mayo lleguen los recursos comprometidos por JF Capital International Limited para pagar las acreencias causadas entre el 18 de enero y el 30 de abril, así como para dar gestión a las acreencias dentro del proceso reorganización”.

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