Los retos que tiene el sector energético y minero colombiano en 2026

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Foto: Getty Images

Sin duda, en 2026 continuarán los debates políticos e ideológicos sobre el sistema energético y sobre la minería en Colombia. La razón no la escondemos: estamos cambiando a gran velocidad el modelo de desarrollo del país y, claro, el modelo energético instaurado en 1994.

Sé que de nuevo cada semana seguirán apareciendo los comunicados y las entrevistas a jefes gremiales anunciando apagones inminentes y racionamientos, como anuncian los milenaristas el fin del mundo, pero nada de eso pasará. En 2025, mientras amenazaban y nada proponían, ni contestaban nuestros llamados a acordar, el Gobierno logró incorporar al Sistema Integrado Nacional (SIN) cuatro veces más energía que durante todo el cuatrienio de Duque y el doble que en el segundo gobierno de Santos.

Por eso nuestro primer reto es seguir acelerando la transición justa y terminar el Gobierno con una matriz energética en la que al menos el 20 % de la energía que generemos sea limpia.

Energía limpia democratizada, porque, junto con los grandes proyectos de granjas solares que entrarán en servicio a cargo de empresas privadas y públicas, tenemos COP 1,2 billones para instalar soluciones fotovoltaicas en hogares y en comunidades energéticas a través del programa “Colombia solar”. Además, autogenerarán energía, y allí, en donde puedan conectarse al SIN, podrán comercializarla, disminuyendo sustancialmente el costo de la factura de la luz y reduciendo la pobreza energética.

Con “Colombia solar” y la estrategia 6GW+ estamos cumpliendo el mandato popular de 2022 y el compromiso del presidente Gustavo Petro de desatar la transición justa sin dejar a nadie atrás.

Por eso la transición energética en la que estamos avanzando es justa: porque implica no destruir comunidades, no abandonar a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras a su suerte, que los procesos de cierre minero sean concertados, públicos y con enfoque de derechos. Y que la transición beneficie, en especial, a las comunidades y los territorios que por tanto tiempo fueron segregados. Avanzar hacia el segundo debate del proyecto de ley de democratización y reducción de tarifas en el Congreso es también un paso inevitable en el camino de la transición energética justa.

La transición justa no solo es con energía solar. A partir de lo que ya hemos implementado en 2025, a través de rondas, subastas y el cumplimiento de la agenda regulatoria, se iniciarán proyectos de generación de energía con geotermia, hidrógeno, proyectos eólicos costa afuera y bioenergía. Sin duda, este nuevo modelo energético en 2026 ya no tendrá vuelta atrás y permitirá que Colombia cumpla sus compromisos de reducción de emisión de gases de efecto invernadero en 51 % para 2030 y la neutralidad de carbono para 2050.

El segundo reto de nuestro sector es mantener las medidas que están permitiendo el abastecimiento de todo el gas que requiere el país y el control de precios impidiendo cualquier posible reducción de la oferta o subida de precios, especialmente para hogares y el transporte. Mantener este compromiso del presidente implica romper el monopolio en la regasificación y lograr avances en las nuevas plantas de Coveñas, Buenaventura y Ballenas -en La Guajira-, a cargo de Ecopetrol y de TGI, filial del Grupo de Energía de Bogotá. La ampliación de la oferta de regasificación y los avances hacia la explotación y comercialización de los yacimientos encontrados mejorarán sustancialmente la confiabilidad del sistema.

Nuestro tercer reto es duplicar la matrícula de vehículos eléctricos en 2026. En 2025 creció 155 % (hasta octubre). Que ingresen nuevas marcas al mercado, que se ensamblen vehículos eléctricos en Colombia y que los puntos de carga se estandaricen y se multipliquen para que se pueda recorrer todo el país en vehículos eléctricos. Que gracias a esta revolución tecnológica entren muchas unidades de transporte público, carga y se electrifiquen líneas de ferrocarril. Es es un paso esencial en descarbonización y reducción de emisiones en el que estamos empeñados.

El cuarto reto es seguir avanzando en la transformación minera y en su formalización. Por orden del presidente Petro ya la Sociedad de Activos Especiales (SAE) nos entregó dos comercializadores de oro que estaban bajo su administración. Las fusionaremos para aumentar la compra legal de oro y arrebatarle el negocio a la criminalidad. También insistiremos en la reforma de la Ley Minera y en la creación de ecominerales para avanzar en el control público de la explotación de minerales y tierras estratégicas.

Por último, el Ministerio que lidero seguirá haciendo todo lo necesario, en materia regulatoria, inversiones, diálogo social y supervisión, para lograr destrabar proyectos de generación, liberar puntos de conexión o avanzar y culminar proyectos de transmisión en curso.

Por al menos tres décadas el sector fue dirigido por tecnócratas que gobernaban no para los usuarios, la ciudadanía, sino para las grandes empresas generadoras, comercializadoras y distribuidoras, para las grandes corporaciones privadas extractivistas de combustibles fósiles y convencían a muchos de que la confiabilidad del sistema eléctrico estaba en las termoeléctricas y los grandes embalses. Hoy usan todo su poder mediático para seguir defendiendo sus intereses y ocultar sus errores. Si hoy importamos gas, si hubo déficit de generación de energía o extrema lentitud en la entrada de proyectos de energías limpias, es por su irresponsabilidad.

Esa historia es el pasado. El mundo transita, a pesar de pataleos y gritos, rápidamente hacia las energías limpias. Desde el 27 de febrero he invitado, y lo hago de nuevo, a todos los actores a construir una ruta de transición y de modernización del modelo energético. Lamentablemente, están encastillados en su ideología y en su oposición ciega al Gobierno con consecuencias económicas muy negativas para las empresas.

Es un conflicto cultural importante que no evadimos. Es positiva la deliberación pública sobre energía y minería, que antes de 2022 era escasa, por decir lo menos. Nosotros sostenemos que este es asunto político y de derechos de la ciudadanía. Lo logrado hasta ahora nos muestra que vamos por el camino correcto.

Y para los que creemos que la paz es fruto de la justicia, el acceso universal a energías limpias y baratas, o la salida de 760.000 personas de la pobreza energética son contribuciones del sector a la paz duradera y completa que nos obsesiona alcanzar.

* Ministro de Minas y Energía.

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