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Colombia crece, pero mal. Tras la pandemia, el consumo de los hogares aumentó 25 % frente a niveles prepandemia y el gasto público 16 %. La inversión, en cambio, sigue 5 % por debajo del último trimestre de 2019. El modelo actual descansa más en gasto que en acumulación de capital. Y eso, para un país con baja productividad y alta informalidad, tiene límite.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) señala que si Colombia quiere más inversión y formalización, debe ampliar el acceso al crédito formal.
En su catálogo de nueve propuestas macroeconómicas para el próximo Gobierno (2026-2030), el ajuste a la tasa de usura los préstamos es crucial. Y para ANIF, eso pasa por flexibilizar el cálculo del Interés Bancario Corriente, referencia para definir la tasa.
Si ese techo queda por debajo del riesgo real de ciertos segmentos —hogares de bajos ingresos, microempresas sin historial financiero—, el crédito simplemente no se ofrece.
En 2024, solo el 35,5 % de los adultos tenía al menos un producto de crédito vigente. Es decir, dos de cada tres adultos no acceden al crédito formal.
El presidente de ANIF, José Ignacio López, sostiene que la fórmula actual para calcular la tasa de usura en Colombia está generando el efecto contrario al que busca. En vez de proteger al consumidor, estaría excluyendo del crédito formal a los perfiles más riesgosos, afirmó en entrevista con El Espectador.
El regulador mezcla en el cálculo créditos empresariales de bajo riesgo con créditos de consumo, lo que termina arrojando un techo artificialmente bajo frente al verdadero riesgo de ciertos prestatarios.
El problema, explica, es que “no es lo mismo prestarle a Ecopetrol que prestarle a Juan, que tiene un emprendimiento muy riesgoso, que en cualquier momento tiene algún problema y puede entrar en morosidad”.
¿A dónde van entonces? Al mercado informal. Según una encuesta de ANIF, cerca del 20 % de los hogares de menores ingresos ha recurrido al “gota a gota”, que puede cobrar tasas anualizadas de 382 % para empresas y hasta 666 % para personas.
“La gente que está en el ‘gota gota’ tiene tasas tan altas que termina trabajando para el ‘gota gota’”, dijo López.
La regulación, diseñada para proteger, termina expulsando a los más riesgosos hacia esquemas más caros y violentos.
El problema, explica, es que no es lo mismo prestarle a una gran empresa con riesgo casi soberano que a un microemprendedor informal. Si el techo se fija con base en operaciones seguras, el margen para cubrir morosidad desaparece.
López describe la situación como un “sándwich” peligroso. Por un lado, el déficit fiscal mantiene altas las tasas estructurales de la economía; por el otro, el techo regulatorio se ha comprimido. Esa combinación estrecha el diferencial entre la tasa libre de riesgo y la tasa máxima permitida, dejando sin espacio a los créditos de mayor prima de riesgo.
Entonces, ¿en cuánto deberían quedar las tasas? Para López, dependerá de las condiciones de mercado. “Lo importante es saber el diferencial entre la tasa de los TES y la tasa de usura”.
De acuerdo con datos del Banco de la República y de la Superintendencia Financiera, la tasa de TES ronda el 12,89 % y el tope de usura en 25,23 % efectivo anual.
“Esa diferencia hace difícil atender esos mercados riesgosos”, subrayó. López indicó que esa diferencia debería ser quizá de 5, 10 o 15 puntos más. “En la medida en que se pueda tener tasas más flexibles, pues vamos a poder atender esos mercados más riesgosos”.
“A uno le gustaría ver que las tasas bajen”, dijo, pero para que ocurra, la estructura de todas debe bajar. “Eso permitiría cumplir el objetivo. Ahora estamos en el opuesto.
La propuesta de ANIF no es eliminar el techo, sino recalibrar el cálculo para que refleje verdaderamente el segmento que se quiere atender. De lo contrario, advierte, el crédito formal seguirá cerrándose mientras el mercado ilegal se expande.
El instrumento concreto sería modificar el Decreto 2555 de 2010 y la resolución correspondiente de la Superintendencia Financiera. Según el documento, no tendría costo fiscal directo.
Pero ahí surge la pregunta común: ¿flexibilizar el techo ampliará realmente el crédito o encarecerá el existente? El techo depende de competencia, supervisión y educación financiera. Sin esos contrapesos, el riesgo de sobreendeudamiento aumenta. Peor aún: el desistimiento y el regreso al “gota a gota”.
La flexibilización del techo es apenas una pieza. ANIF conecta el problema del crédito con otras fallas estructurales.
- Pagos digitales. Más del 75 % de las transacciones en Colombia se hacen en efectivo. Eso dificulta trazabilidad, eleva costos y limita la evaluación de riesgo. La propuesta incluye acompañar el sistema de pagos inmediatos Bre-B del Banco de la República con una reducción gradual del 4 x 1.000 y menores incentivos al uso de efectivo.
- Datos abiertos. El paso de finanzas abiertas a un esquema integral de datos abiertos implicaría usar información de telecomunicaciones, servicios públicos y entidades estatales para mejorar los modelos de evaluación crediticia. En términos simples, si un microempresario paga puntualmente su factura de energía, ese historial podría servir como señal de buen comportamiento financiero.
- Educación y mentoría con impacto crediticio. ANIF plantea actualizar el Conpes 4005 de 2020 e incorporar programas de formación productiva que reduzcan el riesgo percibido por los bancos. En el sector agropecuario, la coordinación con Finagro sería clave.
En ese sentido, si el riesgo baja o se mide mejor, el crédito se amplía. Si la información mejora, el techo de usura deja de ser una camisa de fuerza uniforme para realidades distintas.
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Mercado de capitales, el otro frente
ANIF insiste en que el mercado de capitales colombiano es poco profundo y concentrado. Pocos emisores, pocos inversionistas y regulación basada en instituciones más que en actividades.
Su hoja de rutas incluye implementar la Misión del Mercado de Capitales, permitir que las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) emitan valores, crear una licencia de asesor independiente para reducir conflictos de interés y avanzar en integración regional con Chile y Perú.
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