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Datos del DANE muestran que, este año, unos 2,4 millones de trabajadores ganan exactamente un salario mínimo, una proporción menor frente a años anteriores.
Aun así, el incremento del 23 % decretado por el Gobierno para 2026 (que llevará este ingreso a COP 1.750.905 a partir del 1 de enero) tiene efectos que van más allá de quienes lo reciben directamente, al trasladarse a algunos precios y cobros del día a día, sobre todo en vivienda, cuotas de administración y servicios del hogar.
La razón es que, aunque en los últimos años más de 200 cobros se han desligado del salario mínimo, todavía existen pagos y referencias que siguen indexados a este ingreso, mientras que otros se ajustan con base en la inflación (IPC) o tienen sus propias reglas de incrementos.
Todo esto suele generar confusión entre los hogares, que no siempre tienen claro qué puede subir con el aumento del salario mínimo y qué no.
Le explicamos cuáles servicios y productos podrían encarecerse en 2026, cuáles continúan atados al IPC y por qué el salario mínimo, aun cuando solo lo gana uno de cada diez trabajadores en Colombia, sigue teniendo un impacto amplio en el costo de vida.
Vivienda de Interés Social y subsidios
Uno de los puntos donde el aumento del salario mínimo sí tiene un efecto directo es en la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP).
En Colombia, los precios máximos de este tipo de inmuebles están definidos en salarios mínimos, por lo que cualquier ajuste en este ingreso se traduce automáticamente en un cambio en los topes expresados en pesos.
- En el caso de la vivienda VIS, el valor máximo permitido es de hasta 150 salarios mínimos, lo que con el salario mínimo de 2026 equivale a COP 262.635.750.
- Para la vivienda de interés prioritario (VIP), cuyo tope es de hasta 90 salarios mínimos, el precio máximo en 2026 se ubica en COP 157.581.450.
Esto no significa que todas las viviendas de estas categorías se encarezcan de inmediato, pero sí implica que el techo legal al que pueden venderse aumenta con el nuevo salario mínimo.
Es habitual que algunos contratos de compraventa no fijen un precio en pesos desde el inicio, sino que establezcan que el valor final del inmueble será el equivalente, al momento de la entrega, a un número determinado de salarios mínimos.
En esos casos, un incremento elevado del salario mínimo puede traducirse en un mayor valor a pagar, incluso si la vivienda se separó meses atrás.
El mismo efecto se observa en los subsidios de vivienda por parte de las cajas de compensación, muchos de los cuales también se calculan en salarios mínimos.
A la fecha, los hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos pueden acceder a un subsidio de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), lo que en 2026 equivale a COP 52.527.150.
En tanto, los hogares cuyos ingresos están entre dos y cuatro salarios mínimos pueden recibir un subsidio de hasta 20 SMLMV, es decir, COP 35.018.100 con el salario mínimo que regirá desde enero del próximo año. No obstante, será clave estar atentos a posibles ajustes o cambios en estas condiciones a lo largo de 2026.
Por esta razón, el vínculo entre el salario mínimo y la vivienda VIS y VIP ha sido uno de los focos de discusión en los últimos años, y forma parte de los rubros que el Gobierno ha planteado revisar dentro del proceso de desindexación, para evitar que el ajuste del mínimo termine encareciendo el acceso a la vivienda.
Lea también: Precios de viviendas nuevas deben pactarse en pesos y no en salarios mínimos: Minvivienda
¿Qué subirá junto al salario mínimo en 2026?
El alza del salario mínimo tiene un efecto dominó sobre varios sectores, ya que algunas tarifas y cobros están definidos en salarios mínimos o los usan como referencia. Entre los rubros que pueden registrar aumentos en 2026 están:
- Cuotas moderadoras de las EPS: estos cobros, que los afiliados pagan al acceder a servicios de salud como consultas médicas, se calculan con base en el salario mínimo y se ajustan con su incremento.
- Multas de tránsito: estas sanciones están expresadas en salarios mínimos, por lo que su valor en pesos aumenta con el nuevo mínimo.
- Pensión mínima y aportes a pensiones: la pensión mínima está atada al salario mínimo, y algunos aportes se calculan con base en este ingreso.
- Servicios judiciales y legales: trámites notariales y algunos procesos judiciales toman como referencia el salario mínimo para definir sus costos.
- Subsidios estatales: varios beneficios sociales, como algunos subsidios de vivienda, están definidos en salarios mínimos, por lo que su monto en pesos se ajusta con el incremento.
- Transporte público: en algunas ciudades, las tarifas pueden verse presionadas al alza cuando el salario mínimo aumenta, dependiendo de las decisiones de las autoridades locales.
- Servicios veterinarios y de cuidado animal: en la medida en que dependen de costos laborales, algunas tarifas pueden verse impactadas.
- Servicios de trabajadores independientes: en actividades donde el salario mínimo se usa como referencia para fijar honorarios, el ajuste puede trasladarse a las tarifas.
Cuotas de administración
A diferencia de los arriendos, las cuotas de administración en conjuntos residenciales y edificios no siguen una regla única de ajuste. En la práctica, su incremento depende de lo que esté establecido en el reglamento de propiedad horizontal o de lo que apruebe cada asamblea de copropietarios.
En algunos casos, la cuota se actualiza con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC); en otros, el ajuste se hace con el salario mínimo, y también existen copropiedades donde se aplica el mayor de los dos indicadores.
Esta diversidad de criterios explica por qué el impacto del aumento del salario mínimo no es igual en todos los conjuntos.
El alza del mínimo tiende a sentirse con mayor fuerza en aquellas administraciones donde los costos están dominados por servicios intensivos en mano de obra, como vigilancia, conserjería y aseo, cuyos trabajadores suelen devengar el salario mínimo o ingresos cercanos a este. En esos casos, el mayor costo laboral puede presionar al alza la cuota mensual.
Ojo con los cánones de arriendo en 2026
Uno de los mayores temores de los hogares tras el aumento del salario mínimo tiene que ver con el valor del arriendo. Sin embargo, en Colombia los contratos de arrendamiento de vivienda no se reajustan con base en el salario mínimo, sino en la inflación (IPC) del año anterior.
Por ley, el canon de arrendamiento solo puede incrementarse una vez al año y el ajuste máximo permitido es el IPC certificado para el año calendario inmediatamente anterior. Esto significa que el incremento del salario mínimo en 2026 no puede trasladarse de forma directa al valor del arriendo.
Servicio doméstico, cuidadores y guarderías
Hay gastos cotidianos en los que el aumento del salario mínimo sí puede reflejarse con mayor rapidez, especialmente en los servicios del hogar y en aquellos que dependen de forma directa de la mano de obra.
Es el caso del servicio doméstico, las niñeras, los cuidadores de adultos mayores y las guarderías, actividades en las que una parte importante de los trabajadores devenga el salario mínimo o ingresos cercanos a este.
En estos servicios, el alza del mínimo eleva de forma directa los costos laborales, lo que puede trasladarse, total o parcialmente, a las tarifas que pagan los hogares.
Algo similar ocurre con los servicios de mantenimiento y oficios, como plomería, electricidad, pintura o arreglos locativos. Aunque no todos estos trabajos están formalizados, el aumento del salario mínimo suele servir como referencia para actualizar honorarios y tarifas.
Comercio y educación no formal
Más allá de la vivienda y los servicios del hogar, el aumento del salario mínimo también puede reflejarse en actividades económicas donde la nómina pesa de manera significativa, incluso si los precios no están indexados de forma directa a este ingreso.
Uno de esos casos es el comercio, especialmente en pequeños y medianos negocios que dependen de personal operativo. En este sector, el mayor costo laboral suele trasladarse de manera gradual a los precios de bienes y servicios, a medida que las empresas ajustan sus estructuras de costos y márgenes.
Algo similar ocurre con la educación no formal, como academias, cursos, jardines infantiles y otros servicios educativos privados que no hacen parte del sistema escolar. En estos casos, el incremento del salario mínimo puede presionar al alza matrículas o mensualidades, en la medida en que los centros deban cubrir mayores gastos en nómina.
Desindexación, una tarea pendiente
La discusión de fondo no es solo cuánto sube el salario mínimo, sino qué cobros siguen indexados a este.
Aunque en los últimos años se han desligado más de 200 ítems, según fuentes del Gobierno, otros permanecen atados a este ingreso sin que exista un inventario público y actualizado que permita identificar con claridad cuáles son. Así las cosas, la desindexación aparece como una de las conversaciones pendientes para evitar que el ajuste del salario que beneficia directamente a unos 2,4 millones de trabajadores termine diluyéndose en mayores precios para el resto de la población.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
