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El Gobierno acordó con la estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) reponer un tramo de cinco kilómetros del gasoducto Antonio Ricaurte, una infraestructura inaugurada en 2007 para transportar gas binacional a través de doscientos veinticinco kilómetros en la frontera norte del país, donde el desierto de La Guajira se abre hacia Venezuela.
La decisión salió de una mesa técnica celebrada en Bogotá entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y representantes de la filial colombiana de PDVSA.
La opción venezolana reaparecía como una promesa recurrente, incluso antes de la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos. Ahora la hoja de ruta apalanca la decisión, que desde hace tiempo se ha vuelto una necesidad y de la manera “más rápida y económica”, afirmó en febrero el ministro Edwin Palma.
El material ya está del otro lado de la frontera, en la zona de Paraguachón.
Un ducto construido para otra historia
El gasoducto Antonio Ricaurte nació con una lógica distinta a la actual. Tras su inauguración en 2007, el plan era exportar gas colombiano desde La Guajira hacia el occidente de Venezuela, hasta la cuenca del lago de Maracaibo.
La inversión rondó los USD 230 millones, financiados por el gobierno Chávez (1999-2013), y quedó diseñada con una capacidad de 500 millones de pies cúbicos diarios de gas.
Durante los primeros años operó con esa dirección: Colombia vendía gas a Venezuela.
Pero el mapa energético cambió. La producción colombiana comenzó a declinar, las reservas se redujeron y el ducto dejó de operar en 2019. Desde entonces quedó detenido en el desierto, convertido en una infraestructura sin flujo.
Hoy la historia se intenta escribir al revés: el gas vendría desde Venezuela hacia Colombia.
La consultora energética Wood Mackenzie estima que reconstruir y rehabilitar el sistema podría tardar entre 18 y 24 meses. Otros expertos hablan de 9 a 12 meses si el proceso fluye sin tropiezos. Las inversiones podrían rondar entre USD 20 millones y USD 30 millones, aunque algunos análisis advierten que el costo podría asemejarse al de un proyecto casi nuevo.
El primer obstáculo es ambiental
Para que eso ocurra, el Gobierno debe resolver primero un asunto administrativo.
La licencia ambiental del proyecto permanece suspendida desde 2019. Sin esa autorización, ninguna obra puede iniciarse.
La mesa técnica acordó revisar su estado y reactivarla. Según las autoridades ambientales, la reposición de la tubería podría tramitarse como una modificación menor, siempre que el nuevo tramo siga exactamente el trazado original del gasoducto.
Una vez se presente el plan técnico ante la autoridad ambiental, PDVSA quedará encargada de ejecutar la reposición del tramo faltante.
La urgencia del gas
Detrás de ese acuerdo hay una presión que crece cada mes.
Colombia enfrenta un déficit progresivo de gas natural. Desde finales de 2024 el país ya importa parte del combustible para sostener su sistema energético.
Hoy cerca de 38 millones de colombianos usan gas natural en hogares, comercios, transporte o industrias.
Durante años el suministro nacional cubría la demanda. Esa relación cambió. El propio Gobierno estima que el faltante podría alcanzar cerca del 20 % del consumo nacional en 2026, cuando apenas rondaba el 4 % a finales de 2024.
Colombia ya está trayendo gas desde el mercado internacional en forma de gas natural licuado (GNL). Ese combustible llega en buques, se regasifica en terminales portuarias y luego se distribuye por el sistema nacional.
El problema es el precio. Transportar gas licuado por mar y procesarlo en tierra resulta más costoso que producirlo localmente o recibirlo por gasoducto.
Los efectos empiezan a sentirse. Según Naturgas, el gremio del sector, algunas regiones del país el gas vehicular ha subido entre 6 % y 13 %, mientras que en departamentos del centro del país los aumentos han alcanzado 30 % o incluso 38 %.
El combustible que durante años fue uno de los servicios energéticos más estables del país comienza a comportarse como un recurso escaso.
Ahí entra el gasoducto.
Según estimaciones del ministro Edwin Palma, Venezuela podría enviar inicialmente alrededor de 50 millones de pies cúbicos diarios de gas hacia Colombia.
Por su parte, Julio César Vera, analista y presidente de Xua Energy, cree que el flujo podría crecer hasta 120 millones de pies cúbicos diarios si la infraestructura funciona con normalidad.
Incluso en ese escenario, el suministro venezolano ayudaría a aliviar el déficit, pero no lo eliminaría.
Sería, más bien, un puente mientras el país desarrolla nuevos campos de producción o amplía su capacidad de importación de gas licuado.
El problema que no se resuelve en la frontera
El acuerdo técnico con PDVSA ocurre en paralelo a un obstáculo mayor: las sanciones financieras de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana.
Las restricciones impuestas por la oficina estadounidense Office of Foreign Assets Control limitan las transacciones con PDVSA.
Por esa razón, la petrolera colombiana Ecopetrol, que cotiza en mercados internacionales, no podría participar directamente en el negocio sin una licencia específica del gobierno estadounidense.
“Lo que dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Tramitar una nueva licencia sería un poco más complejo y demorado. A nosotros nos importa el tiempo. Queremos ser prácticos, queremos ser pragmáticos”, dijo Palma hace un mes.
Las sanciones de la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE. UU., han bloqueado durante años transacciones con PDVSA. Ecopetrol, empresa listada en mercados internacionales y con exposición a regulaciones estadounidenses, no puede ignorar ese marco.
Contexto: “Infortunadamente, no podrá ser a través de Ecopetrol”: Palma sobre traer gas desde Venezuela
Una carrera contra el tiempo
Mientras el gasoducto espera su reparación, Colombia avanza en otra dirección: ampliar su infraestructura para importar gas natural licuado.
Hoy el país cuenta con una terminal de regasificación en Cartagena con capacidad cercana a 475 millones de pies cúbicos diarios.
A mediano plazo se proyectan nuevas instalaciones que podrían elevar la capacidad de importación del país hasta 1.300 millones de pies cúbicos diarios hacia 2028.
En ese contexto, el gasoducto con Venezuela compite contra el reloj.
Si se reactiva pronto, puede convertirse en una fuente adicional de suministro. Si el proceso se retrasa, el mercado nacional podría terminar dependiendo cada vez más del gas que llega por barco.
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